VALÈNCIA. (EP). El líder del PP, Pablo Casado, propone en su programa electoral para las generales del 28 de abril un bloque de iniciativas para reforzar el Estado en las comunidades autónomas. Esas medidas van desde mejorar la coordinación de la Polícia y Guardia Civil con las policías autonómicas hasta un "moratoria" que paralice la cesión de nuevas transferencias a las autonomías, incluyendo además una una reforma del Código Penal para tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum.
Casado ha elegido Barcelona para presentar las 500 medidas de su "contrato con España" para "cambiar" el país. En el acto, celebrado en el Hotel Princesa Sofía, han participado también la candidata por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy.
Ante un aforo que ha desbordado las previsiones, según el PP, Casado se ha presentado como el partido de "los moderados", los "centristas" y los "reformistas", al tiempo que ha afirmado que Sánchez es "un peligro para España". Además, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo ha "escondido" a Cataluña en su programa porque "tiene que negociarlo" en Pedralbes.
En la primera medida de su programa, el PP plantea reafirmar su compromiso con la unidad de España, la Constitución de 1978 y el modelo autonómico que consagra. En segundo lugar, defiende reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades para garantizar "el pleno ejercicio de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas". Para ello, plantea ampliar los recursos de las delegaciones del Gobierno.
El PP recoge la aplicación del artículo 155 --en el punto cuarto de este primer bloque de medidas-- para "proteger el correcto ejercicio de la autonomía de Cataluña" por el tiempo que "resulte inexcusable" y con "cuantas medidas sean necesarias".
"Velaremos con especial atención por un adecuado ejercicio de las competencias en educación, régimen penitenciario, medios públicos de comunicación y hacienda pública", añade el PP en su programa, en el que además aboga por una reforma del Código Penal para volver a tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum.
El PP plantea también --como ya planteó en el Congreso hace unos meses-- reformar la Ley del Indulto para prohibirlo en las casos de delitos de rebelión y sedición. Y ante las llamadas 'embajadas' en el exterior, dice que reafirmará la competencia exclusiva que se reconoce al Estado en las relaciones internacionales en el artículo 149 y se "clausurarán todos los organismos e instituciones que socaven esta competencia exclusiva".
Además, y en línea con lo que adelantó Casado en el desayuno de Europa Press, el PP se compromete a reformar la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para reforzar la necesaria coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas.
En este punto, el PP dice que garantizará la intervención en condiciones de plena operatividad en todo el territorio de la Policía nacional y la Guardia Civil, y específicamente, ampliarán las infraestructuras a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para así "reforzar sus capacidades ante nuevos desafíos".
En su programa, el PP anuncia que aprobará una "moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas". En ese tiempo, prosigue, el PP realizará una "completa evaluación del funcionamiento del Estado Autonómico desde una perspectiva de eficiencia y equidad, de tal manera que se garantice un sector público más racional y viable y se dé plena vigencia al principio constitucional de solidaridad".
A renglón seguido, señala que establecerán "los cauces necesarios" para que aquellas comunidades que así lo deseen "encomienden a la Administración del Estado el ejercicio de aquellas competencias que puedan ser administradas de manera más eficaz desde el Gobierno de la nación".
En este apartado, también se compromete a impulsar una Estrategia Nacional de Evaluación del sector público con el fin de "determinar la idoneidad y la necesidad de cada una de las entidades" y proponer las reformas "precisas para profundizar en la eliminación de organismos superfluos y duplicidades administrativas".
Además, el PP plantea aprobar una ley de símbolos nacionales que defienda la "convivencia y la neutralidad institucional", agravando las sanciones para las autoridades que incumplan el deber de exhibir la bandera nacional en todos los edificios oficiales o la obligación de que el retrato del jefe del Estado presida los salones de plenos municipales.
También propone reforzar la ley de partidos y avanza que exigirá la ilegalización de aquellos que promuevan la violencia. De la misma manera, promete modificar la ley sobre financiación de partidos para "impedir que lleguen fondos públicos a todas aquellos que atenten contra la unidad y los intereses generales de la nación".
En este mismo capítulo, apuesta por desarrollar el artículo 3 de la Constitución a través de una Ley Orgánica de uso del castellano como lengua oficial del Estado, garantizando su utilización en todos las comunicaciones públicas.
Como medida novedosa, el PP plantea aprobar una iniciativa legislatura para garantizar "el correcto cumplimiento del requisito de prestación de juramento por parte de todos los cargos electos", prohibiendo "cualquier variación o añadido que desnaturalice o vacíe de contenido dicho acto de acatamiento".
El PP promete además aprobar una Ley de Concordia que derogue la Ley de Memoria Histórica, una iniciativa que avanzó en septiembre del año pasado y aún no ha presentado públicamente; promover la presencia de las manifestaciones culturales y deportivas nacionales en todos los ámbitos; y promover la Fiesta Nacional del 12 de octubre en el conjunto de la sociedad española, impulsando actividades en torno a ella en todos los centros escolares españoles.
