VALENCIA. El consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, advertía este pasado fin de semana en Dinamarca que al también llamado 'banco azul' le sobran dos tercios de su red comercial... a largo plazo; mientras que la semana pasada su principal competidor en España, Banco Santander, anunciaba que cerrará hasta 450 sucursales en territorio nacional este año.
¿Los motivos? A nadie se le escapa dos factores determinantes: por un lado, el proceso de desapalancamiento por el que sigue atravesando el sector tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria; y, por otro, la digitalización emprendida por el sector en España acentuada -y mucho- por la aparición de las fintech.
Precisamente en este sentido, la prestigiosa consultora PwC alertaba ayer en un informe que las entidades financieras temen que las fintech se hagan con cerca de una cuarta parte de su negocio actual en los próximos cinco años. Claro que éstas calculan que el 'bocado' puede alcanzar hasta un tercio. Todo un aviso a navegantes ante la pujanza de las aplicaciones móviles.
Sin embargo, dicho estudio considera que el empuje de las fintech no solo es una amenaza, sino también una oportunidad para las entidades financieras tradicionales, que reconocen que la colaboración con estos nuevos entrantes en el sector les ofrece grandes oportunidades en materia de mejora de la eficiencia y reducción de costes (73%), a la hora de diferenciarse de sus competidores (62%) de retener a sus clientes (57%) y de conseguir ingresos adicionales (56%).
Pero lo que es una realidad es que sigue el proceso de desapalancamiento bancario traducido en el cierre de oficinas en todas las provincias españolas. Y al frente de ellas figura Castellón, que ha perdido un 42% de su red desde 2008 hasta el pasado 30 de septiembre, según el estudio 'La concentración regional del mercado bancario español' de Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económicos de la Universidad de Valencia, investigador del IVIE y colaborador del CUNEF.
Además, según dicho estudio, publicado dentro del último Cuaderno de Información Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Valencia (-39%) y Alicante (-36%) se situaron entre las ocho provincias españolas que más sucursales bancarias han perdido durante la crisis en términos porcentuales. En los tres casos superando la media nacional (-32%), algo lógico por otro lado teniendo en cuenta el fuerte ritmo de aperturas a finales de la década pasada al calor del boom inmobiliario.
En términos absolutos solo Barcelona, que ha asistido al cierre de 2.427 oficinas bancarias, y Madrid (-2.139), se sitúan por encima de Valencia (-1.046) y Alicante (-622); mientras que en Castellón el desapalancamiento se tradujo en 288 oficinas menos. Conviene recordar, además del estallido de la burbuja del ladrillo, el proceso de desmoronamiento de la banca autonómica tras la desaparición de Bancaja, CAM, Banco Valencia y Ruralcaja, que acabaron integradas en otras entidades y el solapamiento de sucursales también acentuó el cierre de oficinas.
Lo cierto es que a 30 de septiembre de 2015, según el estudio del prestigioso economista valenciano, Alicante ocupaba la octava posición en cuanto a red de oficinas por habitante con 1.637 -el ranking lo lideraba Cádiz con 2.386-, Valencia se situaba en el decimotercer puesto (1.558) y Castellón en el decimoctavo (1.450) frente a una media española situada en 1.481.
A esa fecha -y desde finales de 2008- habían cerrado en España 14.738 sucursales, el 13,3% (1.956) en algún punto de las tres provincias valencianas. Pese a todo, solo Madrid (3.965) y Barcelona (3.439) superaban en número de oficinas bancarias a Valencia (1.617) y Alicante (1.126), las cuatro provincias que franqueaban el millar junto a Sevilla (1.004). Castellón, por su parte, contaba con 395.
Mientras tanto, el cierre de sucursales está provocando la desazón en muchas pequeñas poblaciones valencianas -y españolas-, lo que ha obligado a las diputaciones a buscar alternativas por el impacto negativo que ello tiene en sus actividades económicas. Sin ir más lejos, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, se reunía hace unos días con el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, para tratar de encontrar soluciones.
Precisamente el profesor en excedencia de la Universitat Jaume I de Castellón ya advertía hace más de un año en Valencia Plaza del problema de la exclusión financiera. "El repliegue de las entidades financieras afecta a las oficinas menos rentables lo que puede desembocar en una desbancarización de determinadas partes del territorio", explicaba entonces, cuyas consecuencias afectan tanto a los particulares como a las empresas.
Illueca alertaba entonces -tal y como está sucediendo- que el fenómeno de la exclusión financiera se iba a concentrar en las clases con menor poder adquisitivo y en la población con menos vinculación con la tecnología. "Ya no se trata solo de poder mantener una cuenta corriente. Los pequeños créditos al consumo o el acceso a productos financieros sencillos, como depósitos remunerados o seguros, se verá muy limitado para una parte de la población que no disponga de un acceso a oficinas físicas de banca", apuntaba hace más de un año. Y a fe que no le faltaba razón.
