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El Congreso da otra vez el primer paso para dirimir "posibles responsabilidades políticas" en el Castor

10/06/2020 - 

MADRID (EFE). La Mesa del Congreso dio este martes el primer paso para la creación de una comisión de investigación sobre "las posibles responsabilidades políticas" que podrían derivarse del proceso de construcción del almacén de gas Castor en Vinaròs. La decisión de la Mesa, adoptada a instancias de los grupos Plural y Mixto, tendrá que ser ratificada a partir de ahora por la Junta de Portavoces y por el pleno de la Cámara.

El reglamento del Congreso establece que la puesta en marcha de las comisiones de investigación deben avalarse en sesión plenaria tras haberlo pedido la Mesa, una quinta parte de los diputados o dos grupos parlamentarios, como es el caso.

No es la primera vez que el Congreso tendrá que decidir si crea una comisión de investigación sobre este polémico almacenamiento de gas. Ya lo hizo en 2018 a propuesta de Unidos Podemos (entonces el grupo se llamaba así), para determinar si del procedimiento de licitación, adjudicación y financiación se benefició la empresa ACS, que preside Florentino Pérez.

Lo que buscará la Comisión, si se forma, será identificar "posibles responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor". Si sale adelante, la Comisión procurará las comparecencias de "quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas" que se investigarán, según consta en el texto de la iniciativa de los grupos Plural y Mixto.

En octubre del año pasado el Gobierno encargó a Enagas el inicio del proceso para el sellado definitivo de este almacén subterráneo de gas, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

Asimismo, la Mesa ha calificado este martes las comparecencias de cargos públicos, que ahora deberán tramitarse. Entre ellas, ha informado el Congreso por medio de una nota de prensa, las del ministro de Consumo, Alberto Garzón; de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; y de los presidentes de la Sepi, RTVE y Efe, en cada caso por diversos motivos.

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