VALÈNCIA (EP). La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado este martes que "es posible" que en la ciudad haya alguna zona que se pueda considerar tensionada por los precios de los alquileres y ha abogado por afrontar "el problema de la vivienda" en la capital valenciana no de manera "intervencionista" y con una "solución puntual" sino a través de la construcción de "vivienda pública" y de "alquiler social".
Catalá se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado a las Casitas Rosas, en el barrio de la Malva-rosa, para conocer las obras de remodelación de la plaza 7 de Octubre, preguntada por el índice de precios para regular el alquiler en zonas tensionadas que se prevé que próximamente dé a conocer el Ministerio de Vivienda y por si se estima que haya algún barrio que se pueda declarar así en València.
"Es posible. Vamos a trabajar con el ministerio. Vamos a aportar todo el conocimiento que tiene el Ayuntamiento también para trabajar sobre esas cuestiones", ha respondido la primera edil.
No obstante, la responsable municipal ha comentado que su política económica "no es una política económica intervencionista" y ha afirmado que "el problema de la vivienda en València es un problema real" que "hay que abordar desde distintas iniciativas".
"Creo que lo más importante, además de iniciativas que desde mi punto de vista son más intervencionistas y que son una solución puntual --como se hizo anteriormente limitando las subidas de los alquileres que ya han desaparecido y volvemos a tener el problema, ha precisado--, la solución real es hacer vivienda pública y hacer vivienda de alquiler social", ha expuesto la alcaldesa.
María José Catalá ha afirmado que su equipo de gobierno, al frente del consistorio desde principios del pasado verano, ha movilizado "ya", "frente a las 14-17 viviendas públicas de los últimos ocho años, más de 200". Así, ha apuntado que "en el primer semestre de este año se estarán movilizando más de 500 viviendas públicas en València".
La primera edil ha insistido de este modo en que "la solución no es intervenir en el mercado" sino "ofertar una vivienda pública, una vivienda de alquiler social que dé salida a las más de 1.200 familias que llevan más de ocho años esperando una vivienda de alquiler social en esta ciudad sin haber visto ningún tipo de posibilidad".