Foto: EFEVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha decidido poner en marcha más restricciones a la implantación de pisos turísticos en el Cap i Casal. El gobierno municipal prevé sacar adelante un acuerdo inminente para aplicar una moratoria de licencias de un año, y en ese tiempo, aprobar una normativa urbanística -todavía por definir- que ponga coto a la expansión del uso turístico de inmuebles residenciales.
La alcaldesa de València, María José Catalá, anunció este viernes que el gobierno local llevará el texto a votación al pleno municipal del próximo martes. Los socios del PP en el ejecutivo local, el grupo municipal de Vox que encabeza Juanma Bádenas, aseguran que están "estudiando" la medida para aclarar su voto mientras que los grupos de la oposición esperan a tener el texto para posicionarse al respecto.
La suspensión de licencias entraría en vigor a partir de su publicación en el Boletín de la Provincia -se intentará la misma semana que viene- y se mantendrá durante un año. Ahora bien, no afectará a la implantación de apartamentos turísticos en bloques exclusivos, puesto que se equiparan al uso hotelero, sino que repercutirá sobre los pisos turísticos dispersos en edificios mixtos y en bajos, según explicaron fuentes del gobierno local.
La legislación valenciana permite suspender temporalmente el otorgamiento de licencias durante un máximo de dos años, pero el consistorio considera que un año será suficiente. Ese es el tiempo que tendrá el Ayuntamiento para tramitar los cambios urbanísticos que considere para limitar las viviendas de uso turístico antes de que finalice el veto temporal.
Los servicios jurídicos y la concejalía de Urbanismo, que encabeza el edil Juan Giner, estudian en las últimas semanas el marco normativo así como las numerosas sentencias existentes en este ámbito para alumbrar una nueva regulación con el suficiente sostén jurídico y evitar que se judicialice, como ocurrió con las restricciones del anterior gobierno local, de Compromís y PSPV, en Ciutat Vella y el Cabanyal-Canyamelar.
Aunque por el momento se desconoce en qué sentido puede ir la nueva regulación, en el ejecutivo local que lidera Catalá, sin embargo, sí critican duramente -consideran incluso una "aberración"- que en 2018 el bloque de izquierdas aprobara un cambio en las normas urbanísticas para permitir la implantación de apartamentos turísticos en plantas junto a otros usos no residenciales, lo que facilitó la proliferación en bajos comerciales. Así pues, este se vislumbra como uno de los posibles aspectos a modificar.
Actualmente, para que sean legales los pisos turísticos, han de contar con la compatibilidad urbanística municipal. Y en ese sentido, el Plan General de Valencia permite este uso en las plantas inferiores a los usos residenciales (en muchos casos, plantas bajas o primera planta), además de los bloques completos dedicados a apartamentos turísticos. Además, el anterior ejecutivo restringió al 10% de pisos turísticos por manzana en el Cabanyal, y en Ciutat Vella declaró la mayo parte del distrito de "prioridad residencial" -un veto general a nuevos usos hoteleros y viviendas turísticas-.
El anuncio de Catalá llega apenas un mes después de que el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por el también popular José Luis Martínez-Almeida, ya adelantara la puesta en marcha de sanciones más duras para los pisos turísticos además de una moratoria de licencias hasta la aprobación del cambio del Plan General. Mismo mecanismo que prevé aprobar el PP de València. Otra gran ciudad que ha puesto coto a los apartamentos turísticos es Barcelona, que aprobó ya en 2017 un plan especial que imponía cuotas máximas a los pisos turísticos según la zona de la ciudad.
El presidente de la Asociación Valenciana de Viviendas de Alquiler de Corta Estancia (Avaec), Eric Sanjaime, criticó la decisión de la alcaldesa "sin reunirse con el sector para buscar soluciones reales", al tiempo que reprochó a la primera edil su "clara intención de perjudicarlo para favorecer otros intereses". Para esta entidad, la moratoria "debería extenderse a cualquier tipo de actividad turística, incluso a los proyectos hoteleros que están en marcha y que suponen cambios de uso de edificios completos". "Porque el turismo -argumentó Sanjaime- no son solo las viviendas turísticas, sino también los hoteles, los locales de ocio y restauración, o cruceros".
"Nos tememos que las intenciones reales de Catalá no sean favorecer la regulación del turismo, sino los intereses de los hoteles", apuntó este portavoz, quien señaló las vinculaciones del PP con la patronal hotelera. Asimismo, criticó la "hipocresía" de Catalá con la política sobre el turismo "porque por un lado celebran la llegada de turistas y anuncian ampliaciones de aeropuertos y por otro lado cercenan a quienes pueden cubrir la demanda de alojamiento". Para el presidente de la entidad que representa a los pisos turísticos, el gobierno municipal, "antes de comenzar a disparar normativas sin sentido debería saber dónde apunta y eso es difícil sin tener los datos adecuados". "Hasta sus propios concejales reconocen que no disponen de ellos", ha aseverado.
Por su parte, la Patronal de Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (APTURCV) confió en que la alcaldesa "respete la seguridad jurídica de los alojamientos legales y los proyectos ya tramitados conforme a la ley", pidió una reunión con la primera edil para conocer el alcance de la moratoria y criticó "no tener más información del alcance".
También cargó contra " los grupos políticos de la oposición -en el consistorio, Compromís y PSPV-, por alentar la campaña contra su actividad e, incluso, apoyar a la plataforma que señaliza y vandaliza los alojamientos turísticos legales en plantas bajas". Así, señaló que "fue el anterior gobierno municipal", formado por Compromís y el PSPV-PSOE, el que "presentó en mayo de 2018 la enmienda a la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Generalitat Valenciana con la que el Ayuntamiento centraba la actividad de las viviendas de uso turístico en las plantas bajas, primeros pisos y bloques enteros en la ciudad".
También este viernes Compromís registró 232 denuncias de apartamentos turísticos y 39 de obras ilegales en València desde la activación el lunes de su web creada a tal efecto. Según la portavoz de Compromís, Papi Robles, tienen registradas 435 denuncias, de las que 384 son relativas a apartamentos y otras 51 son de obras, y el equipo de la coalición está verificando la información para presentar al Ayuntamiento progresivamente
“Hay comentarios desgarradores de comunidades de propietarios que, pese a modificar sus estatutos, se han instalado apartamentos turísticos en la base de sus fincas; también se nos ha trasladado el cierre de comercios para convertirse en apartamentos turísticos, nos trasladan molestias y conflictos en la convivencias y queremos parar esto”, dijo Robles, quien dio un mensaje de tranquilidad a aquellas empresas que están trabajando de forma totalmente legal, “esta herramienta sólo va dirigida a los apartamentos irregulares que están haciendo competencia desleal a aquellos que sí están funcionando de forma legal y correcta", y pidió un encuentro con Avaec.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, criticó la medida anunciada por Catalá como un "anuncio electoralista" y atribuyó a la "inacción" del gobierno municipal en último año la irrupción de más de 3.500 alojamientos nuevos. "El anuncio que hace ahora Catalá justo el primer día de las elecciones europeas y con la ciudad desbordada de apartamentos turísticos ilegales tiene un objetivo exclusivamente electoralista porque no tiene la voluntad real de que cambie nada en esta ciudad", manifestó, para criticar que la reacción llega "tarde y mal".
