Carmen Montón, con parte de su equipo. Foto: EVA MÁÑEZ Intersindical, el Sindicato Médico y el Colegio de Técnicos Superiores Sanitarios están en contra
VALÈNCIA. Los principios de igualdad, mérito y capacidad son los que rigen la entrada en los puestos de trabajo de la administración pública, pero desde que se supiera que el personal del departamento de La Ribera iba a tener algunas ventajas en la nueva administración, han ido apareciendo las peticiones para otros servicios que han sido privatizados, concretamente en modalidad de concierto.
Han sido varios los sindicatos que han solicitado a la Conselleria de Sanidad Universal que los trabajadores de empresas concertadas como el IVO o las de resonancias magnéticas -Eresa e Inscanner, unidas en la UTE Erescanner Salud- tengan una mayor puntuación en bolsa de Sanidad, equiparada en algunos casos a la experiencia en la administración pública, a pesar de trabajar en empresas privadas.
Con esta perspectiva se han manifestado varios sindicatos que han entregado sus reivindicaciones a la administración a través del registro de entrada de la Conselleria de Sanidad Universal.
CCOO realizó ya en marzo de 2017 una petición referente a esta situación. "Nos encontramos que la experiencia profesional del personal sanitario de Eresa, que también es una concesión administrativa, Centro Intermutual de Levante que es un centro público de la seguridad social, centros concertados como el IVO, centros de hemodiálisis o las residencias públicas de gestión directa o indirecta, etc. no se valora en grado alguno", recoge esta petición, que se hizo en el marco de negociación de la bolsa de trabajo.
"Desde nuestro punto de vista no cabe duda de que el trabajo realizado por este personal contribuye a adquirir una experiencia profesional que debería valorarse de una manera justa y ponderada, lo cuál coincidiría con el sentir de las y los profesionales que prestan servicios en estos centros". Desde CCOO insisten en que esta postura no busca equiparar en puntuación a los trabajadores de los conciertos a los de la sanidad pública, pero al menos que sí tengan alguna compensación por haber trabajado al servicio de ella a través de estas empresas, como ocurre en las concesiones.
Con este planteamiento, el sindicato solicitaba una negociación de las normas de acceso definitivo y temporal a puestos de trabajo y que les sean reconocidos en la medida que correspondan los servicios prestados. De la misma forma piensan desde el comité de empresa de Inscanner, quienes a través de UGT registraron en abril de 2017 la petición de solicitud de negociación de las normas de acceso a las normas de la Bolsa de Trabajo de Sanidad, con el fin de que les sean reconocidos los servicios prestados a estos trabajadores en la medida que les correspondan.
Desde CSIF, en enero de 2017, apuntaban en un comunicado a una petición similar. En ella aseguraban que CSIF reivindicaría una puntuación similar a la de las concesiones administrativas para los servicios prestados en Eresa. "Que se contabilicen los servicios prestados por vosotros al mismo valor que si hubieran sido prestados en Departamentos de Salud Públicos, dado que prácticamente el 100% de los pacientes atendidos son usuarios del sistema público", recogía.
Sobre el mismo asunto opinaba el Colegio de Médicos de València, que el 27 de febrero del pasado año destacaba la atención directa a usuarios de la sanidad pública de las concesionarias y apuntaba a un "trato desigual en la valoración de su trabajo" en el caso de no contabilizar los servicios prestados.
Mientras, en junio de 2017 el Comité de Empresa de Eresa realizaba la petición de que su trabajo fuera baremado a efectos de bolsa de trabajo de Sanidad y hacía alusión a escritos de Cecova, Colegios de Médicos de València, CSIF, CCOO y UGT con el fin de reforzar el apoyo a su reivindicación. Además, solicitaban la convocatoria de una mesa sectorial ad hoc para poder resolver la reivindicación.
Sin embargo, no todos los sindicatos se muestran a favor de esta petición, que tendrá que ser resuelta antes de septiembre, cuando termina el contrato de las resonancias magnéticas con la UTE Erescanner Salud, aunque en buena parte de los hospitales se ha convocado un concurso para mantener el servicio concertado hasta tres años más.
Intersindical ha manifestado su posición en contra, ya que entienden que mientras que el personal de la sanidad pública ha entrado a la bolsa con una garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, los de los conciertos no. No obstante, sí que se mostraron a favor de que puntuara en los trabajadores de las concesiones, como los del Hospital de La Ribera.
En este mismo sentido se manifIestan el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) o el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana. Ambas instituciones entienden que la posible contabilidad de la experiencia de este personal gracias a los conciertos desprecia al personal estatutario de la red sanitaria pública. Fuentes del citado colegio explican que la Conselleria siempre ha estado en contra de equiparar ambas experiencias laborales, pero creen que ahora está estudiando acceder a ello.
"Obrar de esta forma, significa despreciar totalmente a los trabajadores estatutarios de la red sanitaria pública de la Conselleria", afirman CESM-CV y el Colegio en un comunicado conjunto. Y se preguntan: "¿Qué sentido tendrían entonces, los cursos de perfeccionamiento y actualización de conocimientos sobre Resonancia magnética que se están llevando a cabo en la EVES con el personal Técnico Superior en Imagen para el diagnóstico, del ámbito estatutario?"
