VALÈNCIA, (EFE). Unos 150 representantes de CCOO, UGT y CSIF se han concentrado este martes ante al Palau de la Generalitat para reclamar la inclusión de cláusulas sociales en el pliego del servicio de transporte sanitario para el periodo 2018-2021, con el fin de que las empresas cumplan el convenio sectorial y no puedan aplicar rebajas.
Los sindicatos han convocado para sendas concentraciones y ya han anunciado que presentarán alegaciones al pliego de ambulancias para que se incorporen "limitaciones salariales y sociales" para que las empresas contratantes no puedan aplicar convenios propios que perjudiquen a un colectivo de 1.500 trabajadores.
Según ha manifestado a Efe el secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Francisco Gimeno, "está muy bien que se quiera ahorrar dinero, pero eso no va a repercutir en su margen de beneficio sino en los salarios de los trabajadores". Los sindicatos consideran que si en el pliego del transporte sanitario "no se ponen limitaciones salariales y sociales, las empresas aplicarán la reforma laboral".
Gimeno ha indicado que han solicitado una reunión con la Conselleria de Sanidad, pero por el momento no ha habido respuesta. Los sindicatos no descartan convocar acciones "más contundentes" si la Conselleria no atiende sus reivindicaciones.
Preguntada por este conflicto, la Conselleria de Sanidad ha asegurado que está dispuesta a escuchar las reivindicaciones de los trabajadores y a dialogar, y ha afirmado que el pliego se ha elaborado siguiendo los pliegos tipo de la Conselleria y las indicaciones de la Abogacía de la Generalitat.
Se ha incluido la obligación de la empresa de comunicar el convenio colectivo que aplica pero no la obligación de someterse a uno concreto, según estas fuentes, que añaden que nunca se ha planteado ningún tipo de ahorro en detrimento de las condiciones laborales.
En el cálculo del precio de licitación, Sanidad indica que tiene una incidencia importante los costes de inversión en equipamiento (vehículos y su acondicionamiento), claramente más eficientes en precio en los mercados que se dedican a estos trabajos. El precio promedio del contrato se establece en torno a los 116.000 euros por vehículo y año, cantidad que no tiene en cuenta que además el personal de las SAMU es financiado aparte por la Conselleria.
Añade que la precariedad laboral aludida por los sindicatos corresponde a la propia empresa concesionaria y sería objeto de denuncia ante la autoridad laboral.
CSI·F señala que los trabajadores de la unión temporal de empresas (UTE) que presta este servicio y que, en conjunto, cuenta con una plantilla de más de un millar de personas, se han concentrado hoy para reivindicar que el contrato se mantenga en las mismas condiciones, sin recortes.
