VALÈNCIA. Los Docks de València siguen esperando un proyecto atractivo. El gobierno municipal, dirigido por María José Catalá, dio carpetazo a la iniciativa de convertir el complejo industrial en un centro de datos, como planteaba el ejecutivo local anterior, encabezado por Joan Ribó. Los populares se habían opuesto desde el principio a esta idea al considerar que el enclave era un espacio poco apropiado para unas instalaciones de esas características.
Por ello, tras acceder al ejecutivo local decidieron suspender la adjudicación del concurso que estaba en marcha y en el que había resultado ganadora la firma Sineasen. Con lo que el Ayuntamiento de València ha tenido que compensar a la compañía con casi 24.000 euros por el trabajo técnico que había realizado, tal como publicó este diario. De manera que el inmueble está ahora a la espera de un proyecto alternativo y viable.
Según ha podido saber Valencia Plaza, han visitado el inmueble, en algunos casos acompañados de arquitectos e ingenieros, inversores interesados en desarrollar proyectos en los Docks con tres tipos de ideas. Se trata tanto de posibles inversores españoles como extranjeros. Una de ellas consistiría en convertir los Docks en un contenedor cultural, algo complicado de rentabilizar, dado el tamaño del edificio, que puede alcanzar los 25.000 metros cuadrados y en cinco alturas.
Otra propuesta es la de crear un centro de estudios universitarios de posgrado, enfocado a universidades extranjeras, que podría incluir una parte de alojamiento. Un proyecto al que acompaña el entorno, ya que los Docks se encuentran a pocos metros del complejo Marina de Empresas (EDEM, Lanzadera y Angels), actualmente en proceso de ampliación en la antigua base del Alinghi.
El tercer tipo de inversores que han estudiado el edificio es el de quienes proponen un complejo de alto nivel con varios usos, combinando oficinas, hotel, flexliving (alquiler de viviendas de media estancia para directivos, nómadas digitales o estudiantes) y, en algún caso, un espacio cultural. De este tercer tipo de proyecto son varios los inversores interesados.
Al tratarse de un edificio de propiedad pública, el inmueble no será para el primero que presente una oferta al Ayuntamiento de València sino para el que presente el mejor proyecto una vez se abra el plazo. Como ha ocurrido en otros edificios de La Marina, esto no ocurrirá hasta que un inversor presente una propuesta acompañada de una memoria económica y técnica a la que el Consistorio dé el visto bueno. Si eso ocurre, se someterá a exposición pública y se abrirá un plazo para que otros inversores puedan presentar proyectos alternativos, entre los cuales el Ayuntamiento decidirá.
Así se produjo la última vez con los propios Docks, cuando el ejecutivo anterior, dirigido por Joan Ribó, recibió el proyecto de un centro de procesamiento electrónico de datos por parte de la firma Nethis, dio un primer visto bueno y abrió el proceso para que se presentaran alternativas, al que concurrieron Nixval y Sineasen. Esta última fue propuesta para adjudicación, si bien la llegada de los populares al gobierno municipal frenó el proceso.
Cabe recordar que los Docks es uno de los espacios cedidos gratuitamente por el Puerto a la ciudad. Así que la Abogacía del Estado advirtió que los inmuebles cedidos sólo pueden ser utilizados por otras administraciones -en este caso, el Ayuntamiento- con fines de utilidad pública o interés social. Y que si dejasen de utilizarse para estos fines, la propiedad de inmueble deber revertir a favor de la Autoridad Portuaria.
Hasta ahora, La Marina había estado gestionada por el Consorcio Valencia 2007, constituido por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento. Una vez entró en fase de liquidación tras asumir su deuda el Gobierno, el Ayuntamiento de València recuperó los bienes que había cedido al consorcio, y ha creado junto con el Puerto un órgano de cooperación para el desarrollo conjunto del enclave.
Se trata de un ente sin personalidad jurídica que permitirá organizar el entorno de manera coordinada entre ambas administraciones, pero no habrá un control conjunto, como ocurría con el anterior Consorcio Valencia 2007, sino que cada institución mantiene el control de los espacios de su propiedad. Y su función será la de "deliberación y emisión de informes de carácter no vinculante".