Cerca de 200 ayuntamientos podrán recuperar el IVA que pagaron a Hacienda por asesoramiento 

VALÈNCIA (EP). Cerca de 200 ayuntamientos valencianos podrán recuperar el IVA que pagaron a Hacienda por el asesoramiento técnico de personal laboral que ya cotizaba a la Seguridad Social tras una sentencia del Tribunal Económico y Administrativo Regional (TEAR) a favor del consistorio de Alcàntera de Xúquer.

Así lo asegura la Diputación de Valencia, que h informado de que una resolución del TEAR -que depende del Ministerio de Hacienda, a favor del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer "abre el proceso de devolución impulsado por la corporación provincial al considerar que los consistorios no tienen que pagar dos veces por el mismo servicio", detalla la responsable de Asesoramiento Municipal, Amparo Orts.

Los técnicos de la Diputación estiman que los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán recuperar en total unos seis millones de euros que pagaron en su día a Hacienda en concepto de asesoramiento técnico, a través de la contratación de "profesionales que en un principio eran autónomos y que el Supremo consideró personal laboral que, por tanto, estaba dado de alta en la Seguridad Social", añade la responsable provincial, quien impulsó la reclamación de recuperar el IVA recaudado por Hacienda junto al presidente de la Diputación, Toni Gaspar, y los técnicos del área.

El fallo del TEAR --de 5 de julio de este año-- en favor de Alcàntera de Xúquer "confirma que el planteamiento" de la Diputación de que no procedía pagar doblemente por la prestación del mismo servicio era correcta, y abre el camino al resto de consistorios que abonaron el IVA entre 2012 y 2015 por los servicios de arquitectos, ingenieros, abogados y otros profesionales a los que el Supremo calificó como personal laboral a raíz de las denuncias interpuestas por la Inspección Provincial de Trabajo en los años 2016 y 2017.

Antecedentes

El origen del contencioso lo hallamos en la prestación de servicios técnicos a los 185 municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes que ofrecía la Diputación a los ayuntamientos a través de una serie de convenios con los colegios profesionales.

Estos técnicos especializados en Arquitectura, Derecho o distintas ingenierías resultaban de vital importancia para pequeños consistorios que no podían disponer de estos perfiles entre su personal, y vinieron desarrollando su trabajo para los consistorios como autónomos hasta que Inspección de Trabajo reclamó su condición de personal laboral.

Entre 2016 y 2017 -detalla la Diputación en un comunicado- se multiplicaron las denuncias a los consistorios por parte de Inspección de Trabajo y se llegaron a abrir 170 procedimientos que se fueron resolviendo en los tribunales de forma independiente.

Las primeras sentencias "aumentaron aún más la confusión sobre la idoneidad del modelo, ya que unos tribunales fallaron en favor del órgano dependiente del Ministerio de Trabajo y otros de los ayuntamientos demandados".

El conflicto lo acabaría resolviendo el Tribunal Supremo, que en 2020 unificó la doctrina considerando que la relación de dichos profesionales con los consistorios en los que prestan sus servicios es laboral.

En ese mismo momento, la Diputación recomendó a los municipios seguir adelante con los procesos judiciales que se habían suspendido, dando por hecho que las sentencias serían desfavorables, con el fin de cerrar el primer frente abierto en los tribunales e iniciar un segundo proceso para recuperar el dinero indebidamente pagado por los consistorios en concepto de IVA.

Según la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, solo está sujeta al IVA la prestación de servicios por profesionales y no "los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones laborales", supuesto en el que nos encontramos tras la intervención del Tribunal Supremo.

La corporación provincial ha remitido una circular a todos los ayuntamientos afectados informando sobre la sentencia de Alcàntera de Xúquer y los pasos a seguir para presentar la reclamación ante Hacienda, que básicamente consiste en reflejar el dinero pagado entre 2012 y 2015 en concepto de IVA por el asesoramiento de profesionales técnicos y adjuntar las correspondientes facturas.

En la misiva, se recuerda a los responsables locales que el período de prescripción se inició a raíz de la sentencia del Supremo de hace algo más de un año, lo que permite a los consistorios disponer de plazo suficiente para presentar sus reclamaciones.

La diputada de Asesoramiento Municipal, Amparo Orts, insta a los alcaldes y alcaldesas a "seguir las indicaciones que reciben de los técnicos de la Diputación para recuperar el dinero que pagaron en su momento a Hacienda en concepto de IVA, una vez ha quedado clara en los tribunales la doctrina a seguir y el modelo que debe aplicarse para la prestación del asesoramiento técnico".

En paralelo, la corporación provincial ha cambiado el funcionamiento sustituyendo los convenios con colegios profesionales por la contratación de funcionarios interinos que refuerzan su servicio de Asistencia Técnica, que actualmente atiende directamente las necesidades de los ayuntamientos de menos de 900 habitantes, con la intención de ampliar progresivamente el servicio a municipios de mayor población.