VALÈNCIA. “Sería un desastre ambiental”. Así de tajantes se muestran en la Conselleria de Medio Ambiente cuando se les pregunta por la posibilidad de cerrar la depuradora de Pinedo. Ya lo aseguró este lunes a mediodía el concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València, Vicent Sarrià. Desastre. Catástrofe. En la misma línea se expresaron desde el equipo de la consellera Elena Cebrián. Cerrar la depuradora es inviable, casi un suicidio. Sería arrojar millones de litros de inmudicia al Mediterráneo. València se convertiría en un Exxon Valdez y contaminaría el mar y l’Albufera de manera irremediable.
Pero la justicia les obliga a ello; al menos teóricamente. Una sentencia del TSJCV consideró en su momento ilegal la III Fase de la instalación y ha ordenado al Ayuntamiento de València que la cierre. Los vecinos este lunes pidieron a su abogado que solicite la ejecución de la sentencia. Una ejecución que en la práctica es imposible, dicen desde la Administración. El concejal del Ayuntamiento de València ya lo dijo por la mañana: “Si recibimos la orden del juzgado les tendremos que responder que eso no se puede hacer”, explicaba Sarrià. ¿Y si el juez insiste? Aquí Sarrià se encogió de hombros. “Es que es imposible”, insistía.
Un problema muy importante es que Pinedo, además de ser la estación depuradora más importante de la Comunitat Valenciana, “forma parte de un sistema que incluye el colector Oeste y el emisario submarino”, apuntó Sarrià. Un colector Oeste del que dijo que “está infradimensionado para las necesidades actuales, como se demuestra cada vez que se producen lluvias de consideración”. También recordó que esta zona es “la más sensible con el parque Natural de la Albufera, y por eso las actuaciones tienen como uno de sus grandes objetivos mejorar los parámetros de las aguas depuradas para poder utilizarlas en el lago”.
Así pues, aunque evidenció ser consciente de la situación de los vecinos y sus difíciles condiciones de vida por culpa de la depuradora, el regidor insistió: “Hay que poner remedio a la actual situación, pero ese remedio no pasa en ningún caso por el cierre”. Una solución que ha de partir desde la Generalitat, insistía Sarrià. Y es ahí donde entra la reunión que mantuvo este lunes con los afectados el secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada.
En su encuentro Quesada les explicó con detalle la propuesta del Plan Especial para esta pedanía de València, en el cual se contemplan soluciones a la falta de licencia. El plan está asociado a un proyecto de la EPSAR (Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales) con actuaciones que suponen inversiones por 25 millones euros que ayudarán a paliar ruidos y olores, además de regular el tránsito para la circulación de vehículos pesados. Junto a estas iniciativas, tienen previsto acciones de cariz medioambiental a las que se añadirán medidas encaminadas a la mejora en la eficiencia energética en la planta.
“Hemos de mirar por el bienestar de las personas en primer lugar y al mismo tiempo buscar el mejor servicio de una planta estratégica al territorio valenciano por su incidencia ambiental y por el volumen de agua residual a depurar”, insistía Quesada. O lo que es lo mismo, la depuradora no puede seguir funcionando así, pero debe seguir funcionando. El monstruo debe seguir vivo a toda costa. E incluso no se descarta que en el futuro tenga que ampliarse. De ahí que ya haya voces que planteen la necesidad de que se articulen medidas que faciliten el traslado de los vecinos a un emplazamiento menos tóxico. Porque, como dicen ellos, la depuradora les está matando en vida.
En ningún momento se ha planteado desde la administración autonómica indemnizaciones a los vecinos afectados por esta construcción ilegal iniciada por el franquismo y cuya polémica ampliación, la cerrada por la Justicia, se puso en marcha durante los gobiernos del PP. Cuarenta años de sufrir una obra ilegal no tienen ninguna respuesta por parte del Consell ni del consistorio. Nadie se siente responsable.
Con el mismo tono de cordialidad que en otras ocasiones, pero con la misma ausencia de soluciones inmediatas y compensaciones, lo que la Generalitat le adelantó este lunes a los vecinos de Pinedo les ha permitido al menos reclamar que se les dé voz y parte en el futuro de la depuradora. Así lo han pedido, y han requerido participar activamente del Plan especial que anunció Quesada. Éste se ha comprometido a una reunión entre todas las administraciones y el grupo vecinal para escuchar sus demandas y sugerencias. Nada más.