César Sánchez convierte su Diputación en el epicentro de la oposición al Consell

VALENCIA.- La Diputación de Alicante anunció este miércoles un paquete de medidas en pro de la transparencia y de la participación ciudadana. La más destacada, eliminar a los políticos de las Mesas de Contratación, para que no tengan derecho a voto y evitar "abusos e interferencia en los procesos", según fuentes de la corporación provincial. Esta iniciativa de regeneración democrática, que parece sacada de la Conselleria de Transparencia que lidera Compromís, incluirá que los plenos de la corporación puedan verse en streaming y que los ciudadanos tengan derecho a acudir a ellos como oyentes, así como una serie de ayudas -como asesoramiento y formación- para que los municipios puedan poner en marcha la Ley de Transparencia.

Esta, junto con las últimas acciones de la institución presidida por César Sánchez, apuntan a que la entidad ha empezado a erigirse como el principal agente de contrapoder para el nuevo Consell de PSOE-Compromís, incluso dejando en ocasiones en un segundo plano al Grupo Popular en Les Corts y a la propia dirección regional. 

Pese a que Sánchez alcanzó la Presidencia de la Diputación casi por accidente -llegó al poder tras la renuncia de José Císcar por la presión de Ciudadanos-, desde el primer momento ha planteado batalla al Consell. Una de sus primeras respuestas al tándem PSPV-Compromís fue la de crear su propio método para las ayudas a los libros de texto.

Así, Sánchez rechazó la propuesta del Consell sobre la citada gratuidad de los libros de texto -equiparándolo con la política socialista del ‘cheque bebé’- y la semana siguiente planteó su propia fórmula, a través de la creación de la Mesa de la Solidaridad y de la Cooperación, un organismo que contará con presupuesto propio para ayudas sociales.

Fomento revocó el martes la decisión del Consell de dejar fuera de la Autoridad Portuaria a los presidentes populares

El segundo asalto llegó el pasado martes, cuando el Ministerio de Fomento nombró vocales a los presidentes de ambas diputaciones ‘populares’ (Castellón, con Javier Moliner al frente, y Sánchez en Alicante), que habían quedado fuera de los órganos de gobierno por decisión de la Generalitat.

En su momento, ambas corporaciones provinciales mostraron su rechazo a la exclusión propiciada por el Consell de Ximo Puig, por lo que trasladaron sus quejas al Gobierno central, que finalmente comunicó a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio su decisión de incluir a ambos presidentes en la autoridad portuaria. Una decisión de Madrid en la que, según fuentes populares, tuvo mucho que ver el peso de la provincia de Alicante así como la reivindicación estrella de Sánchez bendecida por el Gobierno central: la creación de una zona franca en el Puerto de Alicante.

En este sentido, la Diputación de Alicante es uno de los pilares del PP en la Comunitat. Esta provincia es la que más dinero recauda para el partido dentro de la comunidad (113.546 euros en 2013) y además lidera los datos de afiliación del partido.

ZONA FRANCA EN EL PUERTO DE ALICANTE

En esta línea, el también alcalde de Calpe ha establecido como uno de los ejes clave de la legislatura la creación de la citada zona franca en el puerto, una idea que lanzó el presidente provincial del PP, José Císcar, dirigida a reportar beneficios fiscales vinculados al comercio de bienes, propuesta que ya ha obtenido el visto bueno de algunos empresarios.

Ahora, con el presidente alicantino en el consejo, Sánchez se garantiza cierta visibilidad para aumentar sus posibilidades de generar debate con la iniciativa. Aunque el proyecto aún se halla a la espera de un informe sobre su viabilidad y requiere de modificaciones en la dársena, los populares defienden que supondría un impulso para la economía de la zona, ya que sería la primera zona franca en la Comunitat. Así, Sánchez continúa con su ronda de encuentros para involucrar a todos los agentes posibles en su proyecto y poner de relieve sus líneas de actuación.