El CGPJ aprueba una declaración institucional contra la amnistía

VALÈNCIA (EP). El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un primer pronunciamiento en el que denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría la "abolición" del Estado de Derecho.

"El CGPJ expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", alerta, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la declaración finalmente ha salido adelante con los votos de sus 8 promotores --los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona-- más el de su compañero Wenceslao Olea, también del bloque conservador.

Aunque solo hacían falta 8 votos, han conseguido sumar a Olea modificando el texto original. El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, --también en la órbita conservadora-- ha optado por votar en blanco. En su caso, redactará una explicación de voto donde evidenciará que no está de acuerdo con la amnistía pero que cree conveniente esperar a que haya una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.

Además, Guilarte aducirá que "el debate debiera quedar residenciado en el terreno estrictamente político, al que el CGPJ debiera permanecer ajeno", recalcando que su objetivo es "buscar consensos para la renovación del Consejo", estimando que la declaración aprobada no ayuda a lograrlo.

Por su parte, los 5 vocales progresistas que han asistido al Pleno han votado en contra. El sexto integrante de este bloque, Álvaro Cuesta, no ha acudido al cónclave al considerar que era "manifiestamente ilegal" porque su finalidad es contraria "al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del CGPJ.

Su ausencia ha allanado la aprobación de la declaración institucional, ya que la ha hecho posible únicamente con los votos de los 8 promotores. De haber acudido, habrían sido necesarios al menos 9.

Es la primera vez que el CGPJ se posiciona de manera oficial sobre la futura amnistía. Y lo hace sin que aún se conozca un texto detallado. De hecho, la principal crítica de los vocales progresistas es que ni siquiera hay una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados.

Las vocales progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda han justificado su voto en contra argumentando que, "con la proposición de declaración institucional se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el Poder Legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar".

Anudan a ello que "la declaración institucional propuesta, con el argumento de proteger la independencia de los tribunales, daña su imagen, ya que su independencia está suficientemente garantizada, y tan solo consigue situar a este órgano de gobierno en un campo de batalla política".

Una "invasión inadmisible" en el Poder Judicial

El CGPJ ha explicado que había mantenido "una actitud de prudente expectativa", que decidió abandonar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompiera su silencio el 28 de octubre afirmando "dos cosas": "la primera, que efectivamente ha pactado una ley de amnistía" y, "la segunda, que la medida se adoptará en 'interés de España' para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".

Para el CGPJ, "la concesión de una amnistía en nuestro actual sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de Derecho", apuntando en particular a "las graves consecuencias que tiene en la misma configuración del Poder Judicial".

Quiere dejar claro que "no discute las potestades de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes para realizar cuantas propuestas de leyes consideren pertinentes", pero subraya que "tampoco puede aceptar que se acometa una iniciativa que cercene de una forma tan ostentosa los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial".

Y es que razona que "una ley de amnistía como la anunciada por el presidente del Gobierno en funciones tan solo puede tener por objeto dejar sin efecto las decisiones --generalmente en sentencias-- adoptadas por los tribunales con relación a los mencionados hechos del pretendido conflicto catalán", decisiones que --defiende-- se han tomado con "pulcritud procesal".

"En otras palabras, que las Cortes vendrían a incidir en el Poder Judicial", en lo que comporta "una invasión inadmisible" de las funcones que la Carta Magna reserva a los tribunales de justicia, señala el CGPJ.

La "motivación real"

Por ello, para el CGPJ, "una ley de esas características no puede tener ni fundamento ni razón alguna", y "vanos resultarán los argumentos para su motivación" que puedan exponerse en el preámbulo de la futura ley.

El Consejo apunta que la "motivación real ya ha quedado expresada" por Sánchez y, en este sentido, advierte de que "confundir el 'interés de España' con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política".

A ello suma que aprobar una amnistía "para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas" supone "degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo".

Además, dice que "supone generar una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos", lo que, a su vez "supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley".

"Utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política, constituye una perversión del régimen constitucional", fija el CGPJ.

Por último, pone la lupa en que no solo "se violenta" la Constitución sino también el Tratado de la Unión Europea respecto a los principios de Estado de Derecho e independencia judicial, anticipando el "riesgo de que llegue el momento en el que la UE decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios".

El momento oportuno

Frente a las críticas por pronunciarse antes de conocer la proposición de ley, el CGPJ reivindica tanto su "legitimidad" como "la oportunidad de hacerlo ahora".

Sobre la legitimidad, sostiene que "no puede considerarse en ningún caso ajeno" a sus funciones "alzar su voz cuando la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho puedan estar en peligro", a lo que añade que los estándares europeos respaldan "el diálogo con los otros poderes del Estado".

En cuanto al momento elegido, ve "absurdo" que se pida al CGPJ "esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide", esto es, la de la proposición de ley, que permite eludir los informes del CGPJ.