Ciegsa, pendiente de liquidación, perdió 4,4 millones en 2015 y pagó 1,1 en sueldos

VALENCIA (EP/VP). La empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana SA (Ciegsa) -empresa investigada por los sobrecostes durante la etapa del anterior Consell del PP- obtuvo un resulto negativo en el ejercicio de 2015 de 4,4 millones de euros. Además, gastó en los salarios de los 34 trabajadores que aún conserva -dos de ellos con categoría de personal directivo- 1.168.116 euros.

Pese a que Ciegsa se ha ido vaciando de actividad -en junio el pleno del Consell aprobó un decreto de modificación del Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Conselleria de Educación para impulsar la gestión directa de las infraestructuras educativas- y los planes del propio Consell pasan por su liquidación, mantiene 34 trabajadores. Dos de ellos son personal directivo (jefes de división) con unas retribuciones de 109.001 euros, mientras que los 32 restantes percibieron 1.059.116 euros.

Así figura en la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 2015. Según el documento, consultado por Europa Press, la empresa pública creada para gestionar la construcción de colegios y actualmente en extinción perdió el año pasado 4.431.739 euros.

Además, mantiene deudas con entidades de crédito por valor de 75.595.270 euros, a los que hay que sumar otros 13,7 millones en concepto de deudas por construcciones, gastos de funcionamiento, administraciones públicas acreedoras y fianzas recibidas.

Cabe recordar que el Informe definitivo de Auditoría realizado este año por la Intervención de la Generalitat detalló que, en total, la existencia de Ciegsa ha supuesto un sobrecoste de 1.000 millones de euros. En concreto, el análisis señaló que los gastos alcanzaron 457 millones de euros -393,33 de costes financieros; 42,65 en personal y 21 en servicios exteriores- y sobrecostes de un 36 por ciento respecto a lo que hubiera costado construir los centros educativos si se hubiera gestionado directamente desde la Conselleria. Esto ha llevado al actual Ejecutivo autonómico a considerar que esa empresa pública actuaba como "una Conselleria de Educación en B".