Cien días en el rompecabezas presupuestario valenciano

A los 100 días del nombramiento de Ximo Puig, parece que estemos reviviendo, ironías del destino para sus votantes, una de las escenas más famosas de la película El Gatopardo cuando uno los protagonistas afirma "Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie", por no recordar la cita que dice que "No todo cambio es novedad, sin embargo, en toda innovación existe cambio" pues hay muchos cambios en el nuevo Consell pero no mucha innovación en lo que respecta a la gestión pública de la GVA.

Uno de los leitmotiv de la anterior oposición, actual Consell, que "compraron" gran parte de los valencianos en las urnas el pasado 24 de mayo, era la mala gestión y el despilfarro del anterior Consell, actual oposición, por eso vamos a buscar en esta primera etapa los posibles cambios e innovaciones al respecto.

Para realizar este análisis utilizaremos los tres conceptos, transparencia, eficiencia y el déficit, empleados en mi artículo de este diario El puzzle presupuestario del nuevo Consell con motivo del inicio de legislatura.

TRANSPARENCIA.- Los cambios no han traído nuevos mecanismos ni órganos administrativos que luchen contra la corrupción y por la mejora de la transparencia, aunque entes políticos como un Consellería sí. Se anuncia además crear una Agencia Antifraude, y "el único modelo con el que contamos en España como referencia es la Agencia Antifraude de Cataluña" (GVA dixit), olvidándose el Consell que ya tiene unos grandes profesionales en la propia GVA los miembros de la Intervención General o en la Sindicatura de Comptes, que podrían evitar o descubrir los ilícitos contractuales (que ojo, no todos son penales), o ¿es que no se fía de ellos?

Por cierto existe un órgano fiscalizador de la contratación del que carecemos los valencianos y que la mayoría de autonomías tienen como es un Tribunal de Recursos Contractuales, órgano que sirve para garantizar la aplicación de las normas contractuales con igualdad, buscando rapidez en la resolución de controversias entre los interesados y la administración contratante.

Lo que además se puede observar, según los datos del Registro oficial de contratos de la GVA, es que los hábitos contractuales del tercer trimestre, ya imputables al nuevo Consell, son similares o incluso peores a los anteriores, pues se han incrementado las adjudicaciones a dedo -los contratos menores-, uno de los requisitos necesarios para que exista corrupción, si en el primer semestre (PP) hubo un 85% de contratos menores, en el tercer trimestre (1º del govern del Botanic) ha habido un 86,5 % de adjudicaciones a dedo sobre el total de contratos.

EFICIENCIA.- El instrumento básico para desarrollar el programa político de un gobierno es el presupuesto, el cual fija las líneas de gasto público a seguir según las sensibilidades ideológicas de aquel, según este concepto no existen casi diferencias entre el actual Consell o el anterior, pues las necesarias modificaciones presupuestarias (transferencias) previstas, entre otros, en el artículo 44.4 de la ley 1/2015 de la hacienda pública valenciana, han sido mínimas, según lo publicado en el DOCV. Además se han realizado escasas nuevas delegaciones de competencias en materia del gasto público de las consellerías respecto a los nuevos órganos administrativos de las que dependen, en base al artículo 59 de esa ley 1/2015.

Estas disfunciones presupuestarias que parecen en un primer momento no importar, después devienen en lamentos, como cuando la UE nos impone una sanción de 18.93 millones de euros, por no cumplir con la normativa, y eso que es evidente que sí hubo un ente autonómico valenciano que cumplió con su deber, la Sindicatura de Comptes, que manifestó hace ya muchos años esas deficiencias, hecho que no se ha puesto de manifiesto con la debida contundencia.

Por otra parte en el DOCV han seguido apareciendo en este nuevo periodo expedientes de gasto motivados por enriquecimiento injusto, práctica administrativa que aunque esté regulada supone un procedimiento administrativo anómalo, dado que se utiliza cuando el gasto se ha realizado saltándose los controles de la Intervención (artículo 106 ley1/2015 Omisión de la fiscalización), por lo que habría que haberse visto las oportunas consecuencias.

Una de las novedades, que hacen vislumbrar la precariedad de nuestra financiación se recoge en la Orden 1/2015, de 9 septiembre, del Conseller de Hacienda sobre las normas para la elaboración del presupuesto del 2016 donde, y a nivel de presupuesto, existen dos niveles, uno de subsistencia donde "los gastos necesarios para mantener un nivel mínimo de servicios”, y otro optimo donde "el resto de gastos ... nos permitirían tener un nivel de prestación de los servicios en función de los objetivos" deseados

DÉFICIT.- La financiación de la GVA debería estar garantizada (respecto a la aportación de la Administración Central) por ser un imperativo constitucional (art. 156.1 CE), y aunque parece que todas las fuerzas políticas valencianas se han puesto de acuerdo en reclamar un sistema más justo este no termina de llegar, y el hecho de unas próximas elecciones generales dará lugar a que pueda ser usado de nuevo como arma arrojadiza.

Pero la situación es más que complicada, veamos sólo algunas cifras de la GVA (fuente Ministerio de Hacienda), los pagos del mes de julio ascendieron a 3.000 millones de euros, sobre un total de 19.000 millones de euros presupuesto anual, los gastos comprometidos/adjudicados a 31 de julio son 82,3% del total, y lo recaudado proviene en un 52,7% de pasivos financieros (endeudamiento), esto nos permite ver lo peliagudo de la gestión del Conseller Vicent Soler.

Mucho trabajo pendiente tiene el nuevo Consell en cuanto gestión pública, así pues deberá aunar todos los esfuerzos de la Comunitat pues el tiempo va pasando, y aunque algunos han hablado de crear al poder central el problema valenciano, yo diría que no hace falta porque ya existe entre nosotros, es nuestro magnífico casi siempre pero en ocasiones decisivas desastroso, individualismo y barroquismo valenciano.