FOTOS: EFEBRUSELAS. El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha puesto sobre el tablero europeo la cuestión definitiva contra el avance de la pandemia de la covid-19. Su carta invitando al resto de regiones europeas a tomar un posición respecto a la liberación de patentes ha sido el primer paso. La Unión Europea (UE) es reticente, pero hay cien países en el mundo que están luchando en organismos internacionales para que se haga realidad.
La carta de Puig, remitida al presidente del Comité de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, invita a las 329 autoridades locales y regionales de la UE a proponer a la Comisión Europea la liberación de patentes de vacunas y medicamentos contra la covid-19. “Estamos sufriendo en Europa y en buena parte del mundo una escasez de vacunas y consideramos que los territorios que conformamos la Unión Europea debemos actuar ???? con todos los mecanismos a nuestro alcance???? ante un doble peligro: el nacionalismo de las vacunas y el mercantilismo de las vacunas”, dice el texto.
La carta añade criterios sociales y de solidaridad, fundamento de los valores de la Unión, al apelar al aprovechamiento desleal de las farmacéuticas, respecto del avance de la pandemia y de la inversión previa realizada en investigación por las instituciones públicas europeas. “El acceso a las vacunas no puede estar determinado ni por el poder adquisitivo de cada territorio ni tampoco por los intereses privados de los laboratorios. No sería ético ni tampoco eficiente”, explica Puig.
En este sentido, más de 100 países, con Kenia y Sudáfrica a la cabeza, respaldaron ante el Consejo de las ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO), el pasado mes de marzo, avanzar en la discusión de la liberación de patentes, lo que jurídicamente se llama “compulsar licenses”. Se trata de que cada país otorgue unas licencias temporales, al margen de las patentes, para el resto de la industria farmacéutica con capacidad de producción. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Canadá, Suiza, Brasil y Noruega se oponen.
La Comunitat Valenciana ha visto con estupor, semana a semana, cómo se retrasaba el suministro de vacunas desde enero por incumplimiento de los laboratorios, impidiéndole ejercer sus competencias sanitarias y su capacidad demostrada en cada campaña de la gripe para vacunar a un alto número de población en un tiempo récord. Desde los parones por déficit en la producción de vacunas hasta la suspensión temporal de AstraZeneca por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), debido al riesgo de trombos, la estrategia europea de vacunación ha sufrido un retraso considerable.
Las timoratas medidas de la Comisión Europea, dejando en manos de los Estados el mecanismo de control de las exportaciones de vacunas o las presiones a las farmacéuticas rebeldes, con una simple publicación del contrato con la UE, no han dado el fruto esperado. Las vacunas siguen sin llegar en los términos acordados, con la excusa por parte de las empresas de su escasa capacidad de producción, sin que ello obste para que estén abasteciendo a otros países por un precio superior.
Según la propuesta de Puig, en realidad, se trataría de una tercera vía, ya que las “compulsory licenses” no serían absolutas, sino temporales y, además, implicarían una compensación para las industrias propietarias de la patente. El President explicó que no se tara de “expropiar los derechos de propiedad intelectual”, sino de facilitar la producción de la vacuna en tiempos de “emergencia sanitaria”.
También la Comisión Europea ha hablado de una tercera vía, pero no en el mismo sentido. Bruselas apuesta por una colaboración público-privada con la industria y en incentivar la investigación científica, algo que ya ocurrió en los inicios de la pandemia. “Debemos hacer todo lo posible para ayudar a los fabricantes de todo el mundo a encontrar socios fiables con los que puedan compartir sus conocimientos y tecnología”, explicó un portavoz.
En este sentido, Kenia defendió en la última reunión de las ADPIC que las empresas farmacéuticas recibieron compromisos de financiación para investigación y desarrollo millonarios, sin contar los fondos identificados como destinados exclusivamente a la fabricación, tanto por parte de Estados Unidos como de la Unión Europea. Ello daría autoridad moral a los países que han contribuido con su prefinanciación a encontrar la vacuna en un tiempo récord.
En la reunión del Consejo General de la OMC del 2 de marzo, la UE insistió en que “el problema subyacente es una producción mundial insuficiente que no puede satisfacer la demanda sin precedentes”. Y añadió que el nuevo Director General de la OMC, Okonjo-Iweala, “está haciendo esfuerzos para encontrar un camino en ese sentido y salir del estancamiento”, en referencia a la cooperación y las licencias voluntarias, como “la herramienta más eficaz para aumentar la producción a corto plazo”.
Algunos laboratorios farmacéuticos, por su parte, pidieron al presidente de Estados Unidos Joe Biden, que apoyara el modelo de propiedad intelectual vigente y se opusiera a la suspensión temporal de los ADPIC para tecnologías covid-19. Sin embargo, en 2001, la Declaración de Doha reconoció el derecho de los Gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para priorizar la salud pública. Esta declaración se tomo en relación a la epidemia de VIH-sida.
La Comisión Europea insiste en este punto en que “la colaboración y la concesión de licencias a nivel mundial están ocurriendo en este momento”. Según fuentes oficiales, ya hay varios ejemplos de licencias y fabricación entre diferentes empresas en la UE como Sanofi y Pfizer / BioNTech; GlaxoSmithKlein y CureVac. Y añaden que también se producen en los países en desarrollo, como las licencias de AstraZeneca y Jonhson & Johnson en India, Sudáfrica, Rusia o China.
Por último, la Comision establece su posición en que “el acceso universal y equitativo a las vacunas y tratamientos covid-19 es una prioridad, incluso en los países en desarrollo que no tienen capacidades de producción o recursos financieros más limitados, aprovechando nuestro papel de liderazgo en las instalaciones de COVAX”. Y, añade, “ésta no es la última pandemia con la que tendremos que lidiar. Necesitamos encontrar medidas que preserven los incentivos para innovar e invertir en la investigación relacionada con la salud”.
