Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA (EP). El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio con 33 ciudades, entre ellas València, Castelló, Alicante, Orihuela y Elche, por el retraso que se está produciendo en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), exigidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.
Como ha recordado la institución que dirige Ángel Gabilondo, el artículo 14 de la citada norma establece las medidas y plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera. De este modo, los municipios de más de 50.000 habitantes debían de haber establecido ZBE antes del 1 de enero de 2023.
Respecto a las actuaciones de oficio, abiertas por el Defensor del Pueblo, ha destazado que siguen dos criterios. Por razón del número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación, se van a investigar los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE, como es el caso de Aranjuez, y los municipios de más de 300.000 habitantes que aún no las han aprobado pese a estar en trámite.
El Defensor del Pueblo ha añadido que el segundo supuesto se refiere a aquellos municipios en los que "se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE", de lo cual la institución "tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, basados en las declaraciones formuladas por los órganos representativos del municipio, por los órganos competentes en materia de medio ambiente, representantes políticos o por otros análogos".
Así, un total de 18 municipios no han iniciado aún la tramitación de la ZBE: Aranjuez, Arganda de Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro, en la Comunidad de Madrid; Arona, Granadilla de Abona y San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife; Puerto de Santa María y San Lúcar de Barrameda, en Cádiz; Baracaldo (Vizcaya), Calviá (Mallorca), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Ferrol (A Coruña), Mijas (Málaga), Motril (Granada), Orihuela (Alicante) y Telde (Gran Canaria).
Por su parte, han iniciado la tramitación de la ZBE pero van con retraso en su implantación, el Ayuntamiento de Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba.
Finalmente, ocho municipios están suspendiendo o dando marcha atrás lo hecho hasta el momento: Ayuntamiento Badalona (Barcelona), València, Gijón, Valladolid, Castelló de la Plana (Castellón), Lorca (Murcia), el Ayuntamiento de Elche (Alicante) y el de Majadahonda (Madrid).
Precisamente este último, en declaraciones a Europa Press, ha querido desmentir "categóricamente" esta información al asegurar que están trabajando en la implantación de Zonas de Bajas Emisiones. "No entendemos porqué estamos ahí porque tenemos un proyecto de movilidad sostenible. No hay voluntad política de dar marcha atrás en dicho asunto", han afirmado.
Al respecto, recuerdan que el pasado 6 de noviembre, remitieron un escrito al Defensor del Pueblo para trasladar el "compromiso" del municipio en la creación de la Zona de Bajas Emisiones.
Además, el Ayuntamiento añade que aprobó subvencionar de manera parcial cinco proyectos complementarios a la creación de Zona de Baja Emisión del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zonas de Baja Emisión y transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, publicadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por un importe total de 1.140.920 euros.
Ante esto, el concejal delegado de Devesa-Albufera, José Vicente Gosálbez, ha asegurado este jueves que la información que les ha requerido el Defensor del Pueblo era para conocer si se van a cumplir con la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y al respecto ha asegurado: "Obviamente nosotros vamos a cumplir, por tanto no tiene por qué haber ningún problema".
Al respecto, ha señalado que "más que documentación", el Defensor del Pueblo les ha reclamado que contesten a "una serie de preguntas que no son, digamos, excesivamente técnicas". "Básicamente nos preguntan si vamos a cumplir o no vamos a cumplir, obviamente nosotros vamos a cumplir, por tanto no tiene por qué haber ningún problema", ha afirmado.
En ese sentido, ha explicado que en estos momentos están trabajando con los informes técnicos que son "estrictamente necesarios para poder decidir las medidas a adoptar". "Me acaba de llegar el informe sobre el nivel técnico de contaminación y a partir de ahí ya puedo elaborar escenarios para poder regular en una ordenanza los diferentes supuestos en los que debemos actuar", ha señalado.
De este modo, ha apuntado que tras recibir este informe técnico, "ahora hay que sentarse y escribir, y por supuesto luego publicar para que la gente pueda presentar alegaciones, y finalmente aprobar la ordenanza".
En ese sentido, ha asegurado que los trámites técnicos en el Ayuntamiento de Valencia están "mucho más avanzados que en el resto de las ciudades de España" y ha señalado al respecto que la ordenación "no depende de nosotros estrictamente porque habrá que esperar también a ver las alegaciones que hacen los dirigentes colectivos". "Lo cierto es que estamos en mejor disposición que la gran mayoría de las ciudades de España para tener la ordenanza cuanto antes", ha apostillado.
Por otro lado, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha advertido del "desprestigio" que puede suponer para la capitalidad verde que ostentará la ciudad en 2024 tras las actuaciones abiertas por el Defensor del Pueblo por el retraso que se está produciendo en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Por ello, ha exigido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que "rectifique sus políticas negacionistas y se ponga a trabajar sobre una zona de bajas emisiones real". "Es preocupante que Catalá apueste por la contaminación, imponiendo el coche sobre el transporte público tal y como está sucediendo en la calle Colón, Paz y la plaza del Ayuntamiento", ha denunciado en un comunicado.
Ante esta situación, el PSPV ha requerido información al Ayuntamiento, al tiempo que la portavoz socialista ha exigido a Catalá "transparencia". "Queremos saber qué se le ha solicitado y que información está trasladando el gobierno de PP y Vox al Defensor del Pueblo", ha concretado.
"En una cuestión tan importante como es la calidad del aire que respiramos y sus consecuencias para la salud de la ciudadanía, Catalá no puede seguir apostando por una política de contaminación", ha afirmado Sandra Gómez, que ha advertido de que este requerimiento llega "a las puertas de que València se convierta en Capital Verde Europea".
Finalmente, ha denunciado que se están "acumulando los mensajes negativos en torno a nuestra ciudad por culpa de las actuaciones que están devolviendo todo el protagonismo al coche sobre el transporte público y las personas". "Catalá no hace más que desprestigiar València con unas actuaciones altamente contaminantes", ha agregado.
