VALÈNCIA. Más de dos años después de su cese como director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), el Consell aún tenía que ajustar la última cuenta con Abel Guarinos. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó ayer una resolución en la que, a través de la Dirección General de Transparencia, se amonestaba al gestor cultural por “la comisión de la infracción administrativa tipificada como grave en (…) la Ley (…) de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave”. La amonestación solo consistía en la publicación del fallo, de acuerdo con el marco reglamentario de la misma ley.

El documento, en todo caso, no daba más contexto y la Generalitat no ha ido mucho más allá. Fuentes oficiales de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación aclaran que el procedimiento se trata de “una sanción a petición de la Inspección General de Servicios en materia de Buen Gobierno, por contratación de personal encubierta con contratos menores”.

Tal y como ha podido averiguar este diario, los hechos se remontan a finales de 2023, cuando Vox ocupaba la cartera de Cultura, de la que depende del IVC. El entonces vicepresident Vicente Barrera puso el foco en un convenio firmado con el Ministerio de España que había funcionado otros años y que promociona, en la Comunitat y en otras regiones con lengua propia, las producciones hechas en un idioma cooficial diferente al castellano. 

A los responsables del partido de extrema derecha les molestaba que el convenio hablara del idioma catalán y no valenciano. Tanto que llegaron a poner en peligro el dinero del Ministerio, negándose a ratificarlo mientras no cambiara la denominación del idioma. Esto fue uno de los factores que retrasaron la convocatoria las ayudas de producción audiovisual, que crónicamente han apurado a los últimos meses del año.

Ante la posibilidad de que el personal del IVC no tuviera capacidad de resolver a tiempo estas líneas de subvención (es decir, antes de que acabara diciembre, y por tanto, se ejecutara en el presupuesto previsto), Guarinos firmó unos contratos temporales para que hubiera refuerzos de personas que revisaran los diferentes expedientes de la convocatoria.

Son estos los contratos menores que han sido señalados ahora por la propia Generalitat. Tal y como señala la resolución publicada ayer en el DOGV, Guarinos se ha negado ha hacer ningún recurso. En todo caso, según ha podido saber este diario, la solución de estos contratos no fue una iniciativa personal y única de Guarinos, sino que fue una medida consensuada con departamentos como la Subdirección de Gestión o Personal; aunque ahora responde como responsable final de la supuesta ‘irregularidad’.

En esa convocatoria, resuelta finalmente el 20 de diciembre de 2023, se financiaron producciones que han supuesto importantes alegrías para el audiovisual valenciano como El Tesoro de Barracuda, Cólera, De Sucre o El Santo (Goya al Mejor Cortometraje Documental 2026); además de los futuros estrenos Morir no siempre sale bien, María Martinez no puede volver o En l’Eixam.