Los proveedores perdían dinero con la F1 al encarecerse los costes pese a haber obtenido los contratos con concursos amañados
VALÈNCIA. Las nuevas pruebas aportadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional dentro del marco del caso Valmor, que investiga el pufo económico de la Fórmula 1, llevan a pensar que los gerentes de la empresa pública Circuito del Motor obligaban a sus proveedores a contratar con empresas ‘amigas’.
Al menos eso es lo que se desprende de la declaración de uno de esos proveedores, el de las pantallas gigantes de la empresa Avega que les explicó a los agentes: "Siempre les obligaban en Circuito a contratar con unos proveedores determinados, por ejemplo grúas Virosque o Nussli con lo que todo se encarecía. Que estas empresas eran todas del entorno de Valmor. Que la persona de Valmor que les decía con quién tenían que contratar era Juan Pérez Milla del departamento de compras. Que todos los años perdían dinero con este evento".
Los miembros de la UDEF han encontrado una serie de correos electrónicos en los que se demostraría que tanto desde el Circuito como desde Valmor se hicieron ‘trampas’ para que los proveedores fueran quienes ellos quisieran, llegando incluso a amañar los concursos para las adjudicaciones.
En el caso de esta empresa, hubo un problema legal. En principio y por los acuerdos económicos entre Valmor y Avega, se necesitaba un contrato por siete años para que resultara rentable para Avega por el desembolso económico inicial que iba a realizar. Sin embargo, en un email explican: "Hoy nos ha informado el Circuito que, conforme la nueva ley de Valencia, la Comunitat no puede hacer el contrato modificando las condiciones del pliego originario, con consiguiente, no puede hacerlo por 1-6 años".
Pero hecha la ley, hecha la trampa. Así el correo prosigue diciendo: "Lo que haremos es firmar un contrato por un año con el circuito, y uno por los 6 años siguientes con Valmor que es quien gestiona la F1. Posteriormente a la carrera de este año, aproximadamente en septiembre, el Circuito abrirá nuevo concurso (ya adjudicado) donde nos concederán los seis años siguientes".
Mentiras
Aunque los concursos estuvieran presuntamente amañados, el testigo afirma que Valmor "incumplió su palabra y les obligaba a presentarse al concurso cada año. Que les dijo que tenía la carta en donde le habían dicho que el contrato sería de 1 más 6 años. Que el precio del contrato fue más caro que el del resto".
Y acaba diciendo que en 2011 también consiguieron el contrato pero que
Bancaja "se negó a financiarles, y que sospecha que fue para adjudicárselo a otra empresa". De poder demostrarse esta afirmación, los ejecutivos de Bancaja de aquella época, entre los que se encontraba José Luis Olivas, deberán dar explicaciones ante la juez que instruye la causa.
Con respecto a las subcontrataciones hay una parte de la declaración que llama la atención: cuando afirma que se vio obligado a subcontratar a la empresa que le había llevado el temas de las pantallas a Teconsa durante la visita del Papa. Una empresa que está siendo investigada dentro de la parte del caso Gürtel que tiene que ver con la citada visita.
El conocido como caso Valmor surgió a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de un grupo de diputados del PSPV. Y aunque las últimas pruebas abren nuevas líneas de investigación, en la pieza principal están imputados el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Deportes Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La querella que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos
fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.
Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson,
pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".