Ciudadanos y Vox coinciden en su rechazo a más autogobierno

VALÈNCIA. PSPV, Compromís, Unides Podem y PPCV votaron este miércoles en Les Corts Valencianes a favor de la tramitación de una proposición de ley para modificar la Constitución con el objetivo de recuperar el derecho civil valenciano. Una iniciativa que arrastraban desde la legislatura pasada -no llegó a tramitarse en el Parlamento valenciano por el adelanto electoral- que generó un amplio consenso entre partidos de izquierdas y parte de la derecha, pero al que se opusieron Ciudadanos y Vox. 

El partido de Santiago Abascal en la Comunitat y el de Albert Rivera se unieron este miércoles al rechazar la tramitación de esta proposición de ley para reformar la Carta Magna. Los primeros justificaron que no hacía falta más autogobierno y que todos los españoles debían "ser iguales ante la ley con los mismos derechos y obligaciones"; un argumento similar al que utilizó la diputada de Cs Mamen Peris, quien defendió que su formación es partidaria de "la igualdad de derechos de todos los españoles", por lo que no creen necesario "tener 17 códigos civiles en España". 

El rechazo a la posibilidad de recuperar el derecho civil valenciano resulta especialmente significativo en el caso de Ciudadanos, ya que para las elecciones del pasado mes de abril pactó con UPN -partido que defiende el derecho foral navarro- para concurrir conjuntamente a las urnas. 

La iniciativa que se validó este miércoles y que será remitida al Congreso de los Diputados en concreto pide añadir un segundo párrafo a la disposición adicional segunda de la Carta Magna que indique que la competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución, "se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales". La disposición adicional segunda determina que la declaración de mayoría de edad "no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado".

El texto inicial fue registrado en mayo de 2018, dos años después de que el Tribunal Constitucional anulara las leyes valencianas en derecho civil –Ley de Régimen Económico Matrimonial, Custodia Compartida y parte del articulado de la de Uniones de Hecho–. Los miembros del Botànic y el PPCV consideraban que esta propuesta -promovida por la Associació de Juristes Valencianes (AJV) al reunir el respaldo de más de 400 ayuntamientos, las tres diputaciones, universidades y principales entidades sociales y empresariales- era la única vía que permitiría recuperar la competencia legislativa en esta materia. 

Los partidos del Botànic explicaron entonces que aunque estas leyes fueron derogadas, el derecho civil valenciano era "un derecho vivo" porque afectaba a 300.000 personas. Esto es, el número de valencianos que desde que se aprobaron las tres normas –la primera en 2007– hasta que fueron tumbadas, se casaron o divorciaron bajo el marco de estas normativas sin que esto afectara al resto de comunidades autónomas.

Iniciativas

Desde que se anularan las tres leyes en materia de derecho civil valenciano, Compromís y PP especialmente han estudiado nuevas vías para recuperarlo o salvar de alguna u otra manera los derechos que recogían estas leyes. No en vano, la exdiputada María José Ferrer San Segundo ahora concejal en el Ayuntamiento de València propuso en su día que el régimen económico matrimonial se pudiera declarar en el Registro Civil. Más tarde llevó tres enmiendas al último Congreso del PP que consiguió que se aprobaran con las que el partido se comprometía a "tomar medidas a favor de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en derecho foral".