VALÈNCIA. (EP). El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha presidido este martes la Mesa de la Minería, donde "ha insistido en la necesidad de contar con una Ley de la Minería que sea sostenible y permita el desarrollo del sector".
Climent ha reiterado que la Conselleria seguirá adelante con el compromiso de dotar a la Comunitat de una ley y ha agregado: "No podemos confiar ni esperar a que sea el Estado quien lo haga, ya que la Ley estatal de minas vigente actualmente es de 1973".
Según ha dicho, la nueva Ley de la Minería "debe ser necesariamente sostenible y contar con la participación de los municipios" porque no se puede "dar la espalda al territorio" y hay que "velar por la preservación medioambiental, de forma que la actividad extractiva ha de ser compatible con un desarrollo sostenible".
"Estamos plenamente convencidos de que esta es una oportunidad que requiere la voluntad, participación y colaboración de los diferentes agentes del sector", ha remarcado.
En la reunión se ha acordado la creación de un grupo de trabajo que se centrará en la adecuación de las explotaciones mineras existentes a la regulación medioambiental y de ordenación territorial y un segundo grupo encargado de abordar los criterios de las garantías económicas sobre restauración.
Ambas sub-mesas empezarán a trabajar de forma inminente para poder incorporar en el mes de mayo sus aportaciones y, de este modo, continuar con la tramitación administrativa del Anteproyecto de Ley de Minería Sostenible de la Comunitat Valenciana.
El objetivo principal de la ley es compatibilizar la obtención de las materias primas necesarias para nuestros sectores productivos, el respeto al medio ambiente y la ordenación territorial.
Persigue, además, establecer un entorno jurídico más favorable, transparente y participativo en el desarrollo de la industria extractiva. Un marco legal que garantice el suministro regular, competitivo y de calidad de materia primera mineral y fomente un tejido empresarial sólido que contribuya al desarrollo económico y social de los municipios implicados en el aprovechamiento de estos recursos naturales.
Igualmente, introduce elementos de participación sectorial y social que aseguran el máximo consenso, especialmente de los territorios afectados por las actividades extractivas. También profundiza en la coordinación de las diferentes Administraciones Públicas y órganos que intervienen para conseguir simplificar al máximo la carga administrativa asociada a la obtención de los diferentes permisos que habilitan para el desarrollo de las actividades mineras.
