CNMC pide introducir mejoras en el anteproyecto de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica

De esta manera, el organismo presidido por Cani Fernández ha ofrecido su colaboración para el desarrollo reglamentario de esta normativa, al tiempo que ha destacado varias áreas de mejora, como su participación en el Consejo Estatal de Política Industrial como miembro de pleno derecho, con voz, pero sin voto o la obligación de mantenimiento de la actividad de los beneficiarios de ayudas, por lo que se sugiere justificar el umbral elegido de ser beneficiario de ayudas de más de 6 millones de euros para imponer ciertas obligaciones, y asegurar su alineamiento con las Directrices de ayudas regionales de la Unión Europea (UE).

Por otra parte, la institución ha llamado la atención sobre la protección a la industria intensiva en energía, debiendo así las medidas de apoyo respetar la normativa de ayudas de Estado y ser financiadas por los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a las certificaciones empresariales, la CNMC ha destacado que tanto las certificaciones de empresa industrial excelente como estratégica deben ser voluntarias y permitir otras formas de acreditación.

Reserva estratégica

De su lado, respecto a la reserva estratégica, el organismo ha señalado que el desarrollo reglamentario debe promover la competencia efectiva y la neutralidad competitiva, para lo que se debe acudir, siempre que sea posible, a sistemas de aprovisionamiento de bienes o servicios que garanticen la aplicación de aquellos principios de forma efectiva.

En cuanto a la comunicación de cierre o reducción de actividad, se ha recomendado evaluar el impacto de las nuevas exigencias, así como comunicar el proceso de cierre o reducción de actividad a las organizaciones empresariales más representativas y que la obligación para la empresa de contratar una asistencia técnica para valorar alternativas sea asumida por las administraciones públicas.

Por último, respecto al fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, se ha sugerido tener en cuenta que las inversiones que realice puedan ser consideradas ayudas de Estado si se reúnen los requisitos contemplados por el Tratado de Funcionamiento de la UE.

De esta manera, la CNMC, según ha señalado, "reafirma su compromiso con la promoción de un entorno competitivo que beneficie a la industria española y contribuya a su modernización y sostenibilidad".

Papel fundamental de la competencia

Además, el organismo ha querido resaltar el "papel fundamental" de la competencia en la nueva política industrial española.

La nueva norma, alineada con las directrices de la UE, establece los principales instrumentos de gobernanza para aumentar la autonomía estratégica de España, impulsar la industria, mejorar su competitividad internacional y alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.

La CNMC ya informó la versión previa al borrador del proyecto de ley en el pasado año 2023 y, aunque, según ha señalado el organismo, algunas recomendaciones han sido incluidas, hay otros aspectos que no se han adoptado como, por ejemplo, la necesidad de tener en cuenta los límites a las redes de cooperación empresarial, en especial en el intercambio de información.

Así, como ya se ha mencionado anteriormente, entre las recomendaciones de la CNMC ante dicha ley esta ha querido subrayar que la competencia "es un catalizador clave" para la innovación y para mejorar la competitividad, productividad y empleo en el sector industrial, lo que es "compatible" con los desafíos de la doble transición ecológica y digital, así como con el fortalecimiento de la autonomía estratégica.

Aunque el proyecto menciona la simplificación administrativa, algunos cambios propuestos (como el reforzamiento de la autonomía estratégica o la imposición de nuevas certificaciones) pueden ir en sentido contrario, por lo que la CNMC recuerda que, además de las ayudas públicas, es "fundamental eliminar barreras innecesarias" a la competencia para fomentar un entorno industrial dinámico y eficiente.

En este contexto, cabe recordar que la CNMC puede actuar de oficio o a petición de las cámaras legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales y de consumidores y usuarios.