VALÈNCIA (EFE). La reelegida decana del Colegio de Procuradores de Valencia, Begoña Mollá, ha afirmado en su toma de posesión que no habrá tregua en la lucha por mejores salarios y unos aranceles dignos que eviten a compañeros buscarse un segundo empleo.
Durante el acto también han tomado posesión los nuevos miembros de la junta, que queda configurada con Moisés Toca, Ana María Pons, Paula Bernal, Caridad Montalbán, Carmen Lis, Eduardo Bonacasa, Víctor Pérez, María Teresa Fabra, Carolina Cubells y María del Pilar Sempere.
De hecho, los procuradores llevan más de dos años luchando contra el Real Decreto (RD) 307/2022 de 3 de mayo, que establecía unos nuevos aranceles cuya cuantía y condiciones este colectivo profesional rechazó desde un principio.
“El problema es que son unos aranceles de máximos, no podemos cobrar más de lo que marca el RD, pero para cobrar menos no hay problema. Nosotros queremos que se marquen unos mínimos que aseguren un pago digno por nuestros servicios, y si hay más complejidad que se pueda negociar con el cliente para cobrar más”, ha explicado la decana.
Como ejemplo ha citado que un monitorio cuesta como máximo 40 euros más IVA. Ante este escenario, Mollá ha criticado que se cobra el mismo importe, tanto si el proceso dura tres meses como si dura un año: "¿Cuántos monitorios hemos de presentar para poder llegar a unos ingresos dignos?".
Según el Colegio, estas condiciones laborales han empujado a muchos procuradores a buscar segundos empleos para poder llegar a fin de mes y las estadísticas muestran que, en los últimos 20 años, el coste de la vida se ha encarecido un 80 % y los aranceles de los procuradores solo han crecido un 35 %.
El problema tuvo perspectivas de solución el pasado 9 de abril, cuando el Tribunal Supremo declaraba la nulidad del RD 307/2022 de 3 de mayo e instaba al Gobierno de España a redactar uno nuevo que regulase unos aranceles dignos para la profesión.
"Cuando ya pensábamos que finalmente se oiría la petición del TS de regular los derechos de los profesionales de la procura con unas cuantías que se adecuaran a la realidad social y económica actual, un nuevo RD de aranceles fue publicado el 1 de mayo en el mismo sentido y con el mismo contenido que el anterior", ha lamentado Begoña Mollá.
Aun así, ha asegurado que "la lucha sigue" y ya son más de 30 colegios los que presentan alegaciones, lo que supone a más del 80 % de la profesión, y todo ello a pesar del discurso del miedo que desde otras instancias se esté utilizando para impedir que peleemos por lo que creemos que es justo”.
Por otra parte, Mollá ha explicado que no hay suficientes medios humanos y materiales para adaptarse a todos esos cambios: "Aunque la Conselleria está poniendo todo lo que puede de su parte, faltan muchos medios técnicos para adaptar los juzgados a las nuevas tecnologías".
"El sistema de gestión procesal LexNet no admite más de 100 mega de subida, y hay muchas veces que lo que queremos subir pesa más. Para eso existe Acceda, una plataforma creada por el Ministerio de Justicia para subir los documentos cuando se excede el límite. Pues bien, muchos funcionarios no saben ni siquiera que existe", ha concluido Mollá.