Francisco Javier Carrión. Francisco Javier Carrión se enfrenta a 16 años de cárcel como cooperador necesario de un delito continuado de estafa y contra la ordenación del territorio y como autor de un delito de cohecho y otro de falsedad
VALÈNCIA. El urbanismo desenfrenado de la época de la burbuja inmobiliaria llega a juicio casi una década después de las primeras detenciones. Este lunes comienza el juicio contra el exalcalde del Partido Popular de Montroi, Francisco Javier Carrión, que junto con otros 17 imputados deberán rendir cuentas en el caso de corrupción urbanística que está considerada como la primera operación que desarrolló la Guardia Civil de Valencia en cooperación con la Fiscalía Provincial.
Además del ex primer edil del PP, también están imputados en esta causa dos notarios, José Domenech y Encarnación Mesa, así como el registrador de la propiedad Juan Carlos Ramón, a los que se acusa de incumplir sus obligaciones profesionales y “permitir divisiones en suelo no urbanizable sin exigir ningún tipo de licencia. Para ellos el Ministerio Público pide penas de cinco años de prisión.
Esta caso comenzó en 2003 cuando el empresario Guillermo Rafael, dueño de la empresa Moramin SL compró una serie de terrenos para edificar viviendas unifamiliares. Otra empresa, Zodiac Villas, se encargó de buscar los posibles compradores, la mayoría de ellos personas extranjeras. Pero la realidad es que todo fue una estafa porque, como explica el fiscal Vicente Torres en su escrito de calificación, dicha urbanización «carecía de permisos y licencias, no intervinieron ni arquitectos ni aparejadores en su construcción y asumieron falsamente el compromiso de costear los gastos de urbanización».
De hecho, la estafa llegó a tal punto, que ni tan siquiera se llegaron a construir todas las unifamiliares en la urbanización Las Palomas y en otros puntos cercanos, y las que sí se terminaron no tienen sistema eléctrico, ni aceras ni ninguna de las infraestructuras necesarias para que una urbanización sea legal. Las construcciones ilegales se realizaron en los parajes de L’Hospitales, Canya Palomo, Les Valletes, Canya Murta, Pla Galán, Altos de la Canyada y el paraje de Los Corrales.
Los terrenos donde se construyó eran unos terrenos para la construcción de explotaciones agrarias, pero en ningún caso para viviendas. Hay cerca de 100 personas afectadas que han denunciado el caso y que solicitan indemnizaciones que, en algunos casos, superan los 200.000 euros por la compra de hasta 114 viviendas ilegales.
Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía está el hecho de que las personas afectadas estaban empadronadas en el municipio pero vivían en una urbanización que carecía de las infraestructuras mínimas para hacer habitables las casas. Como ejemplo de ello, el fiscal explica que las viviendas no tenían “ni instalaciones de uso común, ni red de saneamiento, aceras peatonales, alumbrado público o aperturas de viales”.
Es más, para el Ministerio Público una prueba irrefutable es que tras recibir informes desfavorables del Servicio de Obras de la Diputación de Valencia, de la Conselleria y de la Dirección General de Transportes, el exalcalde cambión en el año 2004 el PGOU para poder legalizar las obras de las unifamiliares.
