VALÈNCIA (EP). El Informe del Comité Europeo de las Regiones sobre el estado de ciudades y regiones en la Unión Europea revela que, con datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que se calcula de que serán necesarios 40.000 millones de euros anuales la adaptación a una temperatura media de 1,5ºC superior a los niveles de 1990.
Según este informe, hecho público en el transcurso de la inauguración de la Semana de las Regiones que arranca este lunes en Bruselas, en el caso de que ese aumento de temperatura medio se vaya a 2ºC, serán 120.000 millones los necesarios para que Europa pueda soportarlo a todos los niveles; 200.000 millones en el caso de que ese aumento se dispare por encima de los 3ºC.
En materia de crisis climática, España y especialmente las regiones del sur y del Mediterráneo, están sufriendo particularmente de las consecuencias. Según el texto el aumento de las temperaturas tendrá un impacto negativo sobre el turismo.
Un 62% de las regiones han tomado medidas para reducir el consumo de energía; mientras que la tasa cae en cuanto a los territorios que planean estrategias para promover la conservación de la naturaleza y la ecologización de las ciudades, --un 40%--; y sólo un 37% trabajan para reducir residuos y su impacto medioambiental.
La falta de mecanismos de financiación específicos para adaptarse al cambio climático es una preocupación constatada por el 75% de las regiones.
Según el barómetro, y en relación con la Guerra de Ucrania, la Comunitat Valenciana es la región que más refugiados ha acogido, rozando los 50.000; seguida de Cataluña, Andalucía y Madrid, todas ellas entre las 30 regiones europeas que más ucranianos han recibido, aunque siguen estando lejos de otros territorios alemanes o polacos.
En este sentido, a nivel europeo, el 83% de las regiones creen que pueden contribuir de algún modo a la reconstrucción de Ucrania.
Un barómetro que también describe la situación crítica de España en materia de déficit hídrico. Así, recalca especialmente cómo en algunas del as provincias más afectadas, entre las que cita Córdoba, "los embalses de agua se han secado completamente y los residentes locales dependen exclusivamente de las entregas de camiones para el agua potable".
Trae en este punto y como buen ejemplo el extremo de que en 2023 el Gobierno de Catalunya anunció un estado de excepcionalidad debido a la sequía actual en un total de 495 ciudades; y que las leyes de sequía redujeron el consumo de agua para la agricultura en un 40%.
En el apartado de crisis energética, el barómetro del Comité de las Regiones eleva como ejemplo de buenas prácticas el gasto de 80 millones de euros de fondos NextGenerationEU destinados a ciudadanos y empresas para que puedan invertir en energías renovables.
En un contexto en el que el 94% de los políticos locales a nivel continental aseguran que los fondos NextGenerationEU han beneficiado a su comunidad, sólo del 49% participan en su implementación. España es con Italia el país más beneficiado.
En materia de transición industrial, el informe cita a Asturias entre las regiones europeas más vulnerables frente a la transición industrial verde y está entre las regiones que corren el riesgo de perder puestos de trabajo debido al cierre de las industrias intensivas en carbono.
Acompañar a estas regiones con inversión y mejora de competencias es de la máxima importancia para evitar crear lo que las instituciones europeas vienen a llamar "brecha verde".
Entrando en materia de despoblación, calcula el texto que en 2033 habrá hasta 30 millones de personas menos viviendo en entornos rurales con respecto a 1993.
Es aquí donde alerta el informe de que varias comunidades autónomas corren el riesgo de caer en "una trampa para el desarrollo del talento", en concreto Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Este informe presenta como ejemplo de buenas prácticas políticas desarrolladas en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía.
Este informe apunta a Ceuta, Melilla y Andalucía como las tres regiones europeas con la tasa de paro más alta; indicando que España es el país europeo "con más desigualdades entre regiones" en la materia.
Dentro de este barómetro, en el caso de España, el 69% de los líderes locales encuestados consideran estar muy de acuerdo ante el extremo de que las regiones y ciudades deberían tener más influencia en la elaboración de políticas europeas y en el debate sobre el futuro de la Unión Europea.
El 67% considera que los fondos de las políticas de cohesión aportan valor añadido a su región en comparación con otras fuentes de financiación.
La justicia social y el empleo, la crisis climática y políticas de Educación, Cultura y Juventud son las que más reclaman los líderes regionales para poder desempeñar más protagonismo desde sus instituciones.