El conseller Vicent Soler y el ministro Cristóbal Montoro, este miércoles en el CPFF. GVAVALÈNCIA. Tres reuniones y ningún avance efectivo. El Comité Técnico Permanente para la reforma de la financiación autonómica celebró este jueves su última reunión del año sin que llegase a concretarse ninguna propuesta para reemplazar el modelo actual. Se trata del enésimo incumplimiento de los plazos prometidos por el Gobierno, cuyos representantes en este órgano aceptaron a principios de noviembre concretar en dos meses la propuesta de reforma.
Aunque no se puede decir que la actitud del Ejecutivo de Mariano Rajoy haya cogido por sorpresa al Consell –Montoro ya retrasó el proceso–, la constatación de que 2017 tampoco va a ser el año para el cambio de un modelo que según todos los expertos es perjudicial para la Comunitat no restó ni un ápice de indignación a la reacción valenciana. Máxime teniendo en cuenta la celeridad con la que el Ejecutivo central acometió la reforma exprés del Cupo vasco o del interés manifiesto de anteponer la negociación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado a cualquier otra cuestión.
Fuentes de la delegación que representa a la Comunitat Valenciana en el Comité Técnico, integrada por los expertos José Antonio Pérez y Rafael Beneyto, explicaron a este periódico que los representantes gubernamentales se presentaron en la reunión sin ninguna propuesta sobre la suficiencia del sistema y la nivelación vertical, los dos temas a abordar en la sesión de este jueves, sino que se limitaron a escuchar la postura de las respectivas comunidades.
Lo que se les dijo fue esencialmente lo que ya defendieron los expertos para la reforma del sistema en el informe que presentaron el pasado verano: que para financiar los servicios esenciales cedidos –sanidad, educación y servicios sociales– el Estado poner a disposición de las comunidades de régimen común al menos 11.000 millones para el nuevo sistema, algo a lo que el Gobierno no estaría dispuesto.
La propuesta valenciana consiste en redistribuir IRPF, IVA e Impuestos Especiales en función del peso de los servicios públicos fundamentales independientemente de la administración que los gestiona, lo que supondría cesión del 69%, así como elevar la cesión de IVA e Impuestos Especiales al 70%, junto a la cesión de impuestos medioambientales y sobre las primas de seguro.
El Gobierno elaborará la metodología para calcular los recursos necesarios para financiar el sistema
Tras escuchar a las comunidades, los representantes del Gobierno central plantearon encargarse de elaborar una o varias propuestas metodológicas para determinar la suficiencia. Esto es, que serán los representantes del Ministerio de Hacienda quienes digan cómo se han de calcular el nivel de gasto global que ha de atender el sistema de financiación.
"No hay mucha concreción, pero sí mucha lentitud. Estamos incumpliendo ya el plazo de la Conferencia de Presidentes", lamentaron las mismas fuentes. La próxima reunión del Comité Técnico se ha fijado para dentro de dos semanas, pero los representantes de las comunidades aún no saben los temas que se tratarán.
"No tenemos ni calendario ni cronograma de reuniones, aunque lo pedimos en cada reunión. Conforme se haga una o dos reuniones más esto tiene que cambiar de rumbo, no se puede mantener así como hasta ahora porque no vemos demasiado interés en avanzar", explicaron las fuentes.
Por si la falta de concreción sobre los plazos no fuera suficiente obstáculo, los expertos de las comunidades tienen que lidiar también con otro condicionante: el desarrollo de una comisión territorial en el Congreso a la que el PP quiere despejar algunos aspectos básicos en la negociación de la financiación autonómica.
La próxima reunión de esa comisión será el próximo 10 de enero y, hasta entonces, se da por sentado que no va a haber actividad del Comité Técnico en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Entre esos aspectos están, por ejemplo, los sistemas forales. Aunque los expertos ya plantearon en su informe la conveniencia de que tanto el País Vasco como Navarra contribuyeran en mayor medida al sistema para reducir la brecha con el resto de comunidades, el Gobierno considera que esta cuestión ha de abordarse en la comisión territorial del Congreso por afectar al modelo de Estado, lo que vacía un poco más de contenido la negociación que se desarrolla en el CPFF.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, consideró que lo ocurrido este jueves no es más que la certificación oficial del incumplimiento de la promesa que Rajoy hizo a todos los presidentes autonómicos en enero pasado, "cuando dijo que antes de que finalizara 2017 habría un acuerdo para poner en marcha un nuevo modelo de financiación".
Soler defiende que es Rajoy quien convierte en "ficticios" los 1.325 millones "reivindicativos" del presupuesto de la Generalitat
"Para decepción de los valencianos, el sistema de financiación no se modificó en 2016 y, de nuevo, tampoco en 2017, lo que supone una penalización inadmisible hacia los valencianos al no poder contar con esos 1.325 millones que nos permitirían recibir al menos los mismos recursos que la media de las autonomías", lamentó Soler.
El conseller aseguró que ese incumplimiento provocará que los 1.325 millones de ingresos no asegurados que el Consell incluye año tras año en sus presupuestos a modo de reivindicación se conviertan en "ficticios". Por ello, exigió que al menos se habilite un Fondo Extraordinario de 1.325 millones para la Comunitat que "compense y palíe" la inexistencia de nuevo modelo de financiación.
Por si aún cabía albergar alguna duda, el PP ya habla abiertamente de 2018 como "el año de la financiación". Lo hizo este jueves a través de su coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, quien destacó que se busca alcanzar un acuerdo para "sostener y financiar los grandes servicios públicos". "Este año tiene que ser el año de la financiación autonómica en nuestro país, ahora que la situación económica ha mejorado", destacó.
Maillo se pronunció de esta forma después de que el presidente del Gobierno abriera formalmente la ronda de contactos para intentar aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. Tras un primer encuentro con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, los populares dijeron que darán prioridad a aquellos partidos que ya apoyaron las cuentas públicas en 2017.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
