VALÈNCIA. El debate en Les Corts Valencianes para aprobar una comisión de investigación del conocido como caso Azud –relativo a una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas– se desarrolló este miércoles con críticas de Compromís al bipartidismo y ataques entre PP y PSPV. La iniciativa partió de Ciudadanos tras las últimas detenciones en la segunda fase de la operación policial que se desarrolló el pasado mayo y contará con el voto favorable de los partidos del Botànic, como informó Valencia Plaza.
Aun así, la sesión evidenció algunas discrepancias entre los socios. El hecho de que esta causa se investigue en el Parlamento autonómico incomoda, lógicamente, más a unos (los socialistas) que a otros. De ahí las diferencias en el tono a la hora de defenderla, ya que el más contundente fue Compromís. Pero el propio sentido de la comisión –como el de muchas otras anteriores– también resulta relevante debido al contexto en el que se aprueba.
La investigación de Azud se lleva a cabo desde 2017 en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y estalló en abril de 2019. Momento en el que se detuvo al considerado como principal investigado: el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá. Según los investigadores, tanto él como su socio Diego Elum habrían cobrado hasta cuatro millones de euros en comisiones ilegales procedentes de contratistas del Ayuntamiento de la capital desde 2006. Una suerte de peaje por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que sirvieron para lucro personal.
Debido a toda la documentación recopilada en ese momento, la Guardia Civil procedió a la segunda parte de la operación con las detenciones de este mayo. La ampliación apunta a comisiones a cambio de adjudicaciones urbanísticas entre 2004 y 2011 –es decir, durante la etapa del PP en el consistorio–, pero también salpica de lleno al PSPV. Entre los que habrían cobrado esas mordidas se encontrarían el exviceacalde de València, el popular Alfonso Grau, y el que fuera subdelegado del Gobierno en la provincia, el socialista Rafael Rubio. Otros cargos vinculados a este último partido estarían igualmente implicados, como su exfinanciero, Pepe Cataluña, y el jefe de prevención de riesgos penales de la empresa pública Divalterra, José Luis Vera. En el centro de todo, según los investigadores, el empresario Jaime Febrer, supuesto creador de una red de sobornos a políticos de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana como pago por adjudicaciones públicas.
A lo largo de estos años, la causa ha permanecido bajo secreto de sumario, de manera que no se conoce el detalle de los hechos. Es posible que la primera parte de las actuaciones no tarde demasiado en trascender, pero se tratará únicamente de lo ocurrido en la fase de 2019. Para la siguiente habrá que esperar y no existe ningún tipo de plazo, de manera que la comisión de Les Corts tratará parcialmente la instrucción del asunto.
No es la primera vez que ocurre algo así, puesto que la legislatura pasada los partidos de la izquierda impulsaron una sobre el caso Taula –que afecta al PP en otro supuesto entramado de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas– sin que se conociera el sumario en su totalidad. Por lo tanto, la utilidad final parece cuestionable.
Ciudadanos decidió modificar este mismo martes su propuesta. Inicialmente, constaba en ella que la comisión se constituiría de forma inmediata tras su aprobación, pero a través de una corrección de errores el cambió el texto para decir que se haría "una vez levantado el secreto de sumario".
Esto fue lo que cambió el criterio de los grupos del Botànic durante la jornada del martes. O, al menos, de PSPV y de Unides Podem, ya que Compromís sí parecía decidido a aprobarla igualmente. Así, todos ellos darán luz verde hoy jueves. También votará a favor el PP, mientras que Vox parece que no se decantará por un posicionamiento favorable, de manera que la propuesta no saldría por unanimidad como parecía.
La diputada de Ciudadanos Mamen Peris fue la encargada de defender la creación de la comisión. En su opinión, "algo ha cambiado con este caso, y es que ya no se trata de mirar a la bancada de la derecha o de la izquierda, sino que se han visto implicados tanto políticos del Gobierno como de la oposición. Unos por participación directa en las supuestas irregularidades y otros por hacer la vista gorda para presuntamente lucrarse". En este sentido, se preguntó "si algunos todavía quieren volver al bipartidismo". "Esperemos que no sea al de un PP y un PSOE como protagonistas de los titulares sobre corrupción a los que, lamentablemente, nos hemos acostumbrado. Es imprescindible depurar responsabilidades políticas si fuera necesario. Tenemos que dejar de lado las fidelidades a los partidos, es a los ciudadanos a los que debemos dar una explicación. Les Corts, de ninguna manera, pueden ni deben mirar hacia otro lado", señaló.
Igualmente, recordó a PSPV, Compromís y Unides Podem sus argumentos para aprobar otras comisiones de investigación sobre causas de corrupción la pasada legislatura, como que era la obligación de los parlamentarios o que se trataba de una necesidad saber cuánto dinero público se dilapidó.
Desde Unides Podem, Estefanía Blanes cuestionó que el momento de crear la comisión era tal vez equivocado por el secreto de sumario, de modo que quedaría "vacía de contenido". Además, indicó que por lo que se sabe hasta ahora las investigaciones están centradas en el ámbito municipal y en vez de en el Parlamento autonómico a lo mejor se tendría que presentar en el Ayuntamiento. Aun así, manifestó el voto favorable de su grupo.
El diputado de Vox David García criticó que "tristemente, estamos acostumbrados a que PSOE y PP sean los dos principales autores de la corrupción en España". "En Vox defendemos que todos paguen por sus actos de forma severa, que devuelvan lo robado. Y que una vez finalicen los procesos judiciales pongamos en marcha las comisiones de investigación que permitan establecer las responsabilidades políticas oportunas. No vamos a caer en el postureo de algunos porque nuestro único y verdadero objetivo es que este tipo de comisiones sirvan para señalar a los culpables políticos de cualquier tipo de corrupción. Debemos dejar trabajar a la justicia y a la UCO. El PSOE sigue siendo el partido más corrupto de Europa, y con Azud suma un caso más a su larga lista. Pero el PP tampoco le va a la zaga", explicó. Si nada cambia, será el único partido que se desmarque y no votará a favor.
De los grupos del Botànic, el más duro en su discurso fue Compromís y coincidió en parte de las afirmaciones con Ciudadanos y Vox. La parlamentaria Papi Robles afirmó que el caso Azud "es una nueva muestra de cómo operaba la corrupción sistémica en la ciudad de Valencia que, por suerte, en 2015 la ciudadanía decidió echar fuera". "Lo que se propone aquí es investigar cómo operaba un Gobierno, de la mano en muchas ocasiones de una oposición silenciosa. El bipartidismo formó parte de ese silencio, esa complicidad, esas actuaciones que nunca deberían haber pasado. Ha habido graves problemas que el bipartidismo ha traído: un sistema de corruptelas y silencios por el que tendrían que agachar la cabeza", apuntó, incluyendo a sus socios del PSPV en la valoración. "En Compromís somos partidarios de que cada causa se ponga encima de la mesa. Crespo Gomar no tuvimos problemas en que se investigara, aunque no tuviera recorrido judicial. Si no somos responsables de lo que ocurre aquí, la ciudadanía nunca confiará en nosotros", añadió.
Compromís: "Ha habido graves problemas que el bipartidismo ha traído: un sistema de corruptelas y silencios por el que tendrían que agachar la cabeza"
En su turno de réplica, Mamen Peris (Ciudadanos) le respondió que le alegraba su voto a favor, aunque les ve "un poco tibios en otros casos". "En Divalterra esperamos que también trabajen con nosotros codo con codo para pedir la dimisión del director de prevención de riesgos penales, José Luis Vera, que sigue en sus cargos", le espetó.
Ante lo que la diputada de Compromís no contestó y sólo justificó que "en Divalterra, lo que el equipo de Gobierno está haciendo es cerrar esa empresa, así que no sé la queja que tiene con lo que se está haciendo allí".
Desde el PP, Nando Pastor incidió en que las investigaciones recientes "es innegable que afectan a políticos en activo del PSPV y a exdirigentes del mismo partido" y que "la izquierda exige para los demás lo que para sí no tiene", puesto que "ninguna de las 9 comisiones de investigación que se han propuesto sobre asuntos del Botànic ha salido adelante".
Por último, el portavoz socialista, Manolo Mata, lamentó que estaban todos "haciendo el ridículo". "Mi grupo va a votar a favor, pero seremos el primer Parlamento que aprueba una comisión con unas actuaciones secretas. No sabemos lo que hay ahí. Aprobarla sin plazo temporal no es serio. ¿Si se abre el secreto de Azud I y se mantiene el de Azud II qué vamos a hacer? Es algo que desconocemos todos. Estamos en contra de la corrupción, pero no podemos devaluar las tareas parlamentarias. Nos puede la ansiedad y el protagonismo. No vayamos en contra de la destrucción de la política porque ese precio lo pagamos todos los partidos", comentó.