Toni Gaspar y Maria Josep Amigo, en la fotografía difundida tras el anuncio de disolución de Divalterra. Foto: DIVALVALÈNCIA. Las sucesivas polémicas recientes que han tenido lugar en la Diputación de Valencia han derivado en un debate interno en el seno de Compromís por la tibieza con la que está actuando el partido. Así lo admiten fuentes de la coalición a este periódico, que destacan que no existe una línea de actuación contundente por parte de sus representantes como correspondería.
Dos han sido los asuntos que han marcado los últimos meses. Ambos relacionados con la empresa pública Divalterra, centro de escándalos que investiga la justicia durante la etapa del PP –caso Taula– y la del PSPV –caso Alquería–. De un lado, las maniobras de cargos socialistas para revocar la contratación, tras ser elegida por un tribunal, de la jefa de Recursos Humanos después de un recurso del aspirante que quedó en segundo lugar, lo que dio lugar a la sospecha de que este último fuera en realidad el favorito. Movimientos pilotados por el máximo responsable de Divalterra y diputado Ramiro Rivera, y el director de los servicios jurídicos, José Luis Vera (vinculado a los socialistas), con la permisividad del presidente de la Diputación, Toni Gaspar.
Los intentos de anular el proceso de selección no salieron finalmente adelante. Pero no por Compromís, que se desvinculó totalmente de ellos con, por ejemplo, su renuncia a tener consejero en la empresa pública para evitar votar sobre lo que estaba ocurriendo. Los hechos propiciaron una apertura de expediente en la Agencia Antifraude y la presentación de una denuncia por parte del PP ante la Fiscalía Anticorrupción, que acaba de ser archivada al no apreciar delito, como avanzó Valencia Plaza.
Después de diversas semanas de dimisiones, ceses y tensiones internas desde el pasado enero, Gaspar anunciaba en marzo, en un llamativo golpe de efecto, la disolución de Divalterra tras perder el PSPV el control del área de personal. Esta vez sí, de la mano de sus socios, con foto incluida con la vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó. La falta de explicaciones oficiales sobre el motivo del cierre y el momento elegido, pese a que hasta entonces se había hablado de transformación, no impidió a Compromís ponerse del lado de los socialistas.
En este momento, los primeros pasos para que la corporación asuma los servicios, funciones y personal de la empresa ya se han dado con su aprobación en el pleno de la semana pasada. Una jornada que fue calificada de "alegre" para los valencianos por parte del representante de la coalición, Xavi Rius, quien además basó su intervención en que suponía dar carpetazo a la etapa del PP y sus casos de corrupción –sin mención a los de los socialistas–.
Al margen de lo relativo a la polémica de RRHH y a la disolución de Divalterra, el otro asunto más destacado sin que Compromís haya abierto apenas la boca es el del mantenimiento de José Luis Vera al frente, no sólo de los servicios jurídicos, sino de la prevención de riesgos penales en la empresa tras su detención en el caso Azud.
Dos Consejos de Administración se han celebrado ya después de que estallara la segunda fase de la operación policial de esta causa. En ninguno se decidió suspenderlo temporalmente de sus cargos ni tampoco el equipo de Gobierno ha actuado pese a ser los máximos responsables de la Diputación. Compromís se limitó a pedir, con la boca pequeña en un comunicado, "medidas ejemplarizantes" como apartarlo cautelarmente de sus funciones, aunque destacando que respetaban la decisión del Consejo. Sin embargo, en sus intervenciones en los últimos plenos no han alzado en ningún momento la voz.
Recordada es la sesión de mayo, cuando Maria Josep Amigó quiso intervenir por las críticas del silencio de su grupo desde la la oposición, pero Gaspar le negó el turno de palabra y le comunicó que contestara luego. Algo que nunca ocurrió. A ello se añade que en la última Junta General de Divalterra, el diputado Xavi Rius justificó que no se había llevado ninguna iniciativa con la propuesta de apartar a Vera del control de la comisión de delitos, por lo que no habían podido apoyarla.
Toda esta sucesión de hechos ha sido seguida desde fuera por la coalición. Algunas fuentes aseguran que más por las publicaciones de este periódico que por la comunicación con sus representantes en la propia Diputación. La cual, reconocen, "no fluye". "Internamente no se está facilitando la información correcta en Compromís. No nos están proporcionando elementos de juicio claros para formar una opinión sobre lo que está ocurriendo", señalan.
En base a lo que trasciende, existe la sensación en una parte de la coalición de que "se está adoptando un perfil inexplicablemente bajo". "Habríamos de ser más contundentes en nuestra línea clásica, haber sido más duros en lo relativo a la disolución de Divalterra y a que se apartara a Vera. Se echa en falta una actuación que en Compromís siempre ha sido muy definitoria", explican.
El asunto, aseguran, se ha abordado en los foros internos del partido y es compartido por bastante gente ante la "ausencia de una postura política rotunda". "No me reconozco en lo que estamos haciendo", llegan a apuntar diversas fuentes.
Específicamente en el caso de Vera, indican a que se da la circunstancia de que tiene un contrato de alta dirección. Un nombramiento, por tanto, que se produce en función de la confianza y, por tanto, se habría de retirar, opinan, de la misma manera. Así ocurrió, por ejemplo, con el gerente de Divalterra, al cual se cesó en marzo en mitad de toda la polémica de RRHH. Un posicionamiento que creen que tendrían que haber adoptado aunque Compromís no se encuentre en el Consejo de Administración, puesto que cogobiernan la institución de la que depende directamente la empresa pública.
