VALÈNCIA (EP). Compromís ha puesto en marcha una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios de Les Corts para buscar el consenso en torno a su propuesta de ley registrada en el Congreso para reformar el sistema de financiación autonómica.
Así lo ha avanzado su portavoz en la cámara, Papi Robles, sobre la propuesta que anunciaron el pasado viernes para modificar la Ley 22/2009 que aprobó el anterior modelo de financiación, mediante la sustitución del concepto de población ajustada por el de población de derecho o la que aparece en el padrón.
Robles, en rueda de prensa tras la junta de síndicas, ha explicado que la intención de su coalición es contactar con los grupos del parlamento valenciano para "trabajar el consenso" en clave autonómica, aunque la propuesta se haya presentado a nivel nacional por su diputado Joan Baldoví.
Precisamente, Baldoví asistió el pasado viernes a la reunión de diputados y senadores en Les Corts para exhibir unidad por el cambio del modelo de financiación.
Al hilo, Compromís tiene previsto centrar su pregunta de la sesión de control de este jueves al 'president' de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, en su última propuesta de financiación autonómica.
En concreto, esta iniciativa no define el concepto de población de derecho, aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo utiliza en el padrón y contabiliza el número de personas que oficialmente tenían su residencia en el municipio en la fecha de referencia.
Además de eliminar este concepto, plantea quitar de la ley los artículos que hacen referencia a los fondos de suficiencia global, la determinación de las entregas a cuenta y los fondos de convergencia autonómica, competitividad y cooperación, así como crear un fondo de compensación transitoria mediante una nueva disposición adicional.
Este fondo, según Compromís, tendría como finalidad que ninguna autonomía pierda financiación en términos homogéneos, en función de la liquidación definitiva correspondiente al año base, y duraría entre cinco y diez años.
Otras de sus propuestas son que se revise la aportación del Estado al fondo de garantía para sustituir transferencias por instrumentos tributarios o profundizar en la autonomía fiscal. No obstante, a su juicio, esto último debería llegar tras la reforma del sistema de impuestos en España.
Y propone una compensación del endeudamiento público autonómico ocasionado por la financiación autonómica, cuya cuantía calcularía la a Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) desde la entrada en vigor del modelo de financiación de 2002.