MADRID (EP). La diputada de Compromís en el Congreso Marta Sorlí ha registrado una proposición no de ley para exigir al Gobierno que revoque la obligatoriedad que tienen algunos municipios de aplicar la libertad de horarios comerciales y permitir que los que ya la tienen en vigor puedan dar marcha atrás en esta medida.
En su iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, la diputada valenciana recuerda que desde 2014 la Ley de Horarios Comerciales obliga a que todos los municipios de más de 100.000 vecinos donde haya habido al menos 600.000 pernoctaciones turísticas o que reciba cruceros con más de 400.000 pasajeros al año deban declarar al menos una zona de gran afluencia turística en la que será de aplicación la libertad de horarios comerciales.
Además, la norma establecía un plazo de seis meses para que municipios afectados y comunidades autónomas cumplieran con ese trámite, so pena de que toda la localidad fuera declarada zona de gran afluencia turística en caso de no hacerlo, con lo que todos los comerciantes dispondrían de plena libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año.
Este decisión implica, a juicio de Sorlí, afectar a un gran número de trabajadores, cuyos puestos de trabajo se concentran fundamentalmente en los núcleos de mayor población y que con la declaración obligatoria de zonas de especial afluencia turística "se verán impulsados a realizar su jornada de trabajo en un mayor número de días festivos que los previstos inicialmente, con las consiguientes incompatibilidades de conciliación".
Por eso, la representante de Compromís pide al Gobierno que derogue el artículo 5 de la Ley de Horarios Comerciales, que regula qué municipio están obligados a declarar zonas de especial afluencia turística en los que rige el régimen especial de horarios, así como todas las modificaciones que afectan a este precepto realizadas en 2012 y 2014.
Además, reclama que los municipios que durante el último año y medio han tenido que declarar zonas de especial afluencia turística en cumplimiento de la normativa vigente cuenten con seis meses para solicitar ante su gobierno regional la revocación de esa medida si así lo deciden.