Compromís exige la comparecencia del ministro de Energía para saber "qué piensa hacer" con Castor

VALÈNCIA. (EP). Compromís ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explique "qué piensa hacer el Gobierno" tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley de 2014 que reconocía una compensación de 1.350 millones para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, por la hibernación del almacén subterráneo de gas de Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

La diputada de Compromís por la circunscripción de Castellón, Marta Sorlí, ha subrayado al respecto que el Constitucional declara nulos los artículos que compensaban económicamente y "de manera urgente" la suspensión de la actividad del almacén por los pequeños terremotos que se produjeron en el Maestrat.

Se trata, en su opinión de "otro duro golpe para el Gobierno y la empresa de Florentino Pérez --presidente del Real Madrid--, ACS, ya que este mismo año salió el documento del Ministerio de Energía que demuestra que el proyecto fue una autoadjudicación sin precio. Es decir, que el concurso fue redactado expresamente para que la concesión fuese para su empresa", ha denunciado.

Por tanto, la parlamentaria ha reivindicado que "no podemos dejar pasar ni un minuto más sin que haya responsables políticos ante esta estafa orquestada por Florentino y los gobiernos del PSOE y del PP". Sí ha manifestado la confianza de Compromís en que "ACS devuelva hasta el último céntimo de los que se le han pagado de más de los bolsillos de la gente".

Sorlí ha recordado que "Castor se inició en 2007 con 400 millones de euros de presupuesto y acabó con 1.272 millones, en 2010". "No se puede saquear las arcas públicas con negocios oscuros que han llegado a provocar terremotos y que no haya un solo responsable político", ha manifestado, para insistir en que "la gente necesita que se esclarezca quién hizo qué hasta llegar a la chapuza del Castor en Vinaròs".

"Expolio de dinero público"

También los senadores de la coalición, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han valorado la sentencia. "El tiempo acaba dándonos la razón, la indemnización como advertíamos era ilegal, ilegítima y un expolio de dinero público; ahora esperamos que la justicia vaya más allá y ante un pago ilegal se actúe penalmente contra el entonces ministro de energía, José Manuel Soria, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y todo el Consejo de Ministros", han reclamado.

El senador vinaroncense Jordi Navarrete ha recordado que "precisamente fue el PP quien se opuso en el Senado a la comisión de investigación sobre el Castor, solicitada para depurar responsabilidades por toda la caótica tramitación, los riesgos a los cuales se sometió a la ciudadanía y esta indemnización fraudulenta a Florentino Pérez".

"Actuaron de manera ilegal, para beneficiar con dinero público a un personaje que tendría que estar ante los tribunales por poner en riesgo a toda la comarca, y luego bloquearon que se pudiera investigar y dar luz a la tramitación", ha reprochado.

Por su parte, el portavoz de la formación en la Cámara Alta, Carles Mulet, ha recordado que justamente que esta semana se hacía eco que la indemnización se dio incumpliendo la legalidad, al no estar operativa la planta "de acuerdo con el Real Decreto de la Concesión de 2008, se abonará el valor neto contable siempre que las instalaciones sigan operativas y en el caso del Castor esto no se dio, pues se frenó la inyección de gas con los primeros temblores".

"Jamás han estado en funcionamiento las instalaciones como para que se les otorgara el acta de puesta en servicio definitivo, por lo que son necesarias explicaciones de si la planta estaba, o no, operativa y por qué se abonó la totalidad de la indemnización hasta el último día, que se está cargando a los consumidores de gas a pesar de no funcionar estas instalaciones correctamente", ha insistido.

Compromís afirma que, ante varapalo, "urge depurar responsabilidades y que no quede impune esta decisión". "Ahora a ver cómo se retorna por parte de Escal UGS el dinero de la indemnización que cobró de manera urgente con nocturnidad y alevosía, a ver cómo se resarce a los usuarios que han podido abonar el canon de esta indemnización con sus recibos de consumo".

Y añade: "Si la indemnización era inconstitucional, se puede deducir que la empresa no actuó tampoco de acuerdo a la ley y es responsable de poner en riesgo a la ciudadanía, tanto Florentino Pérez como todo el Consejo de Ministros, que actuaron contra la ley, por lo que no han de quedar impunes".