Hoy es 15 de agosto
MADRID, (EP). Compromís llevará este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Congreso la exigencia de que Apple pague al Gobierno español los impuestos que ha evitado desde 2003 a través de un artificio fiscal consistente en registrar todas sus ventas en Irlanda, donde el tipo del Impuesto de Sociedades es muy inferior al de España.
En su proposición no de ley, que recoge Europa Press, los diputados valencianos aluden a los resultados de la investigación llevada a cabo por la Comisión Europea, que señalan que entre 2003 y 2014 la multinacional estadounidense pagó una tasa efectiva del 0,005% de sus beneficios.
Para llegar a este resultado, la tecnológica registraba en Irlanda todas las ventas realizadas en Europa, aprovechando que allí el tipo impositivo por Sociedades es del 12,5%. Pero, además, la compañía firmó un acuerdo con las autoridades irlandesas en virtud del cual acababa pagando apenas el 0,005% de sus beneficios, a razón de unos 50 euros por cada millón.
En estas circunstancias, el Ejecutivo comunitario instó el pasado verano a Irlanda a cobrar los 13.000 millones de euros que Apple se habría ahorrado gracias a esta ingeniería fiscal, y animó al resto de estados miembros a estudiar si podrían reclamar su parte de impuestos, algo que Compromís quiere que España haga tanto con la empresa de la manzana como con cualquier otra multinacional que hubiera podido utilizar métodos similares para evadir impuestos.
Por otra parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) defenderá durante la misma sesión de la Comisión de Hacienda una iniciativa para exigir al Gobierno que dé cumplimiento a las órdenes de la Comisión Europea (CE) de recuperar las ayudas fiscales concedidas a empresas españolas que han adquirido más de un 5% de empresas extranjeras.
Y es que el Ejecutivo comunitario dictaminó en 2009 y 2011 que dar la posibilidad de deducirse, en forma de amortización, de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades el fondo de comercio financiero resultante de la adquisición de al menos un 5% de una sociedad extranjera se podía considerar ayuda de Estado, por lo que España debería recuperar las cantidades correspondientes.
Una decisión que el Tribunal General de la UE anuló en 2014, pero que posteriormente el Tribunal de Justicia (TJUE) rehabilitó, alegando que era correcto deducir un carácter discriminatorio en la medida del Gobierno español, tal y como había interpretado la Comisión.
"El Gobierno español tiene la obligación de iniciar la recuperación de las ayudas fiscales concedidas a través de estas bonificaciones", resume ERC en su texto, que recoge Europa Press, y en el que se exige por tanto al Gobierno que inicie los procedimientos necesarios para dar cumplimiento al mandato de Bruselas y que informe sobre el montante de las ayudas otorgadas y modifique la normativa para que no se mantengan.