VALÈNCIA. La semana pasada el presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, acudió a Les Corts a exponer cuáles eran, a su juicio, los cambios más necesarios que los grupos parlamentarios deberían abordar con la reforma de la ley de À Punt. Una norma aprobada en julio de 2016 que no ha dejado de mutar y para la que los partidos del Botànic II planean acometer al menos cinco grandes modificaciones en los próximos meses con el único objetivo de resolver las deficiencias que ha provocado en sus primeros años de vida.
Un reto que PSPV, Compromís y Unides Podem vaticinan que tardará en resolverse aproximadamente un año. No en vano, esta fue una de las leyes más polémicas de la legislatura pasada y cada reforma que ha debido acometerse ha tardado en ver la luz meses. Ahora bien, este no es el único desafío que tiene el tripartito sobre la mesa sobre la radiotelevisión pública valenciana: la comisión mixta Consell-CVMC tiene que elaborar antes de que finalice el año un nuevo contrato programa que defina los objetivos generales y de programación de la cadena, ya que el actual está a punto de caducar.
Este documento que marcará la hoja de ruta de À Punt que, con toda probabilidad, será otro punto de fricción entre las fuerzas que conforman el tripatito por los cambios que en él se quieren introducir. Compromís se plantea estos días la posibilidad de hacer menos restrictivo este contrato programa para que la cadena pública disponga de más fondos que este año. En concreto, la coalición valencianista quiere que la Generalitat Valenciana pague a la CVMC las campañas de publicidad institucional, tal y como hace con el resto de medios de comunicación.
Unas campañas que, hasta ahora, À Punt no ha cobrado y simplemente se limita a emitir por prestar un servicio público. Este cambio, permitiría por tanto a la Corporació disponer de mayor liquidez y aliviar en cierta medida el descontento existente por que año tras año el Gobierno valenciano haya negado el incremento del presupuesto del ente. Los fondos han oscilado desde el nacimiento de À Punt de los 55 a los 56 millones de euros y este ejercicio el Consell tampoco prevé aumentarlos, menos aún con la pandemia del Covid-19.
Con estos mimbres, la idea, esbozada por la diputada Mònica Àlvaro, será debatida en la próxima reunión de la comisión mixta Consell-Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, si bien su viabilidad está en el aire debido a que los socialistas son reacios a abrir este melón. Fuentes del PSPV consideran que la radiotelevisión valenciana no debería cobrar estas campañas publicitarias porque prestan un servicio público y son partidarios de distribuir este dinero entre otros medios de comunicación.
Por otra parte, los socialistas advierten que existen distintos tipos de campañas institucionales, lo que obligaría a establecer criterios para diferenciar cuáles deberían cobrar y cuáles no: "No es lo mismo una campaña sobre el 9 d'Octubre, que una sobre la vacunación de la gripe", explican. Una distinción que, no obstante, Compromís estaría dispuesto a establecer y marcar negro sobre blanco en el contrato programa sin que la idea, aún así, entusiasme al partido del puño y la rosa.
La previsión publicitaria
Conviene apuntar que los ingresos publicitarios siempre han sido una piedra en el zapato para la dirección general de la CVMC y la presidencia del ente. Tanto, que incluso en 2018, À Punt no llegó al mínimo exigido en el contrato programa. Entonces, la radiotelevisión valenciana dirigida por Empar Marco apenas se embolsó 816.352 euros por publicidad, cuando el contrato programa precisaba que los beneficios que obtuviera el órgano por este concepto nunca podrían ser inferiores al 25% de cuatro millones de euros, ya que de lo contrario, la ley de creación del Servicio Público de Radiodifusión determinaba que este sería motivo de cese de todo el Consejo Rector.
Una circunstancia que obligó al presidente de la CVMC, Enrique Soriano, a acudir a Les Corts para sortear esta destitución y en la que ya solicitó de manera velada que la comisión mixta Consell-Corporació redujera la previsión de ingresos publicitarios. Posibilidad que, cabe recordar, estaba dispuesto a estudiar en su día para aliviar la presión sobre la radiotelevisión pública. Aún así, el contrato programa finalmente no se reformó.
Ahora, deberá hacerse obligatoriamente porque así lo marca la ley y el documento en vigor caducará antes de que finalice el año. Escenario que Compromís quiere aprovechar para que À Punt cobre la publicidad institucional ante la expectativa de que este año el presupuesto volverá a congelarse en 56 millones de euros. Es decir, la horquilla más baja que fija el presupuesto: el 0,3% de las cuentas de la Generalitat Valenciana.
