VALÈNCIA. Si este miércoles era el Partido Popular el que aumentaba la presión sobre los gestores de À Punt ampliando la denuncia al ente por un fraccionamiento de contratos, apenas un día después los recelos por el caos económico de la nueva radiotelevisión valenciana ya anidan en algunas formaciones del Botànic.
Este jueves el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, trasladó en un desayuno informativo a la prensa que, visto el escenario contable actual del ente que dirige Empar Marco, quizá los grupos parlamentarios erraron en el pasado en algunas de las resoluciones que adoptaron para dar vida a la nueva À Punt.
Una de estas decisiones, la elección de los perfiles de los miembros del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Es decir, a juicio del portavoz de la coalición valencianista en el Parlamento valenciano han faltado economistas y juristas entre los consejeros, situación a la que podría ponerse solución cuando se deba renovar a algunos de estos consejeros.
La reflexión viene motivada por la situación económica en la que se encuentra el ente. En primer lugar, las cuentas de 2018 de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) siguen sin aprobarse a pesar de haber superado ya el plazo establecido para ello, el primer semestre del año siguiente al ejercicio. Así, la pasada semana los miembros del Consejo Rector no pudieron dar luz verde a la liquidación económica de 2018 por las dudas que arrojó Intervención de la Generalitat Valenciana sobre el balance anual del organismo.
En el informe de auditoría se le reclamaba al ente que devolviera los 9,2 millones de euros que no fueron ejecutados el año pasado a la Generalitat. Sin embargo, À Punt prefería no hacerlo ahora, sino que este dinero se descontara de los fondos del próximo año. Un escenario al que el Gobierno valenciano se niega.
En segundo lugar, a este retraso en la validación de las cuentas, se suma que la radiotelevisión valenciana no ha tenido unos ingresos óptimos por publicidad desde que comenzó las emisiones -no alcanzan el millón de euros, ni un cuarto de la cifra a la que le obliga el contrato programa-, por lo que la situación económica de À Punt es complicada y pone en el punto de mira tanto a la directora como a los miembros del Consejo Rector.
No en vano, el artículo 19 de la ley de creación del Servicio Público de Radiodifusión contempla éste como uno de los casos por los que se les podría cesar. "Todos los miembros del Consejo Rector cesarán en el caso de que la liquidación del presupuesto anual de la Corporación determine la existencia de un déficit del resultado presupuestado con una desviación igual o superior al 10% de la compensación otorgada para la prestación del servicio público, o una disminución de más del 25% de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual de la Corporación", especifica la normativa.
Con todo, a pesar de la claridad del artículo, los grupos parlamentarios del Botànic II no contemplaban este escenario; o al menos, no de momento. De cometerse ceses, tendría que ser el pleno del Parlamento quien lo aprobara previo paso por la comisión de RTVV de Les Corts. No obstante, en julio no hay convocadas comisiones, el mes de agosto es inhábil y en septiembre tan solo están previstas sesiones plenarias para comparecencias de consellers.
Ahora bien, aunque no se produzca el cese de todos los consejeros como dicta la ley, Les Corts Valencianes tendrán que proponer en los próximos meses a cuatro miembros del Consejo Rector porque cuatro de los actuales integrantes cesarán en noviembre: Rafa Xambó, Mar Iglesias, Marc Pallarés y Vicente Cutanda.
La ley no impide que se vuelva a poner sobre la mesa los mismos nombres, no obstante, con las dudas arrojadas respecto a los perfiles -carencia de economistas y juristas-, nadie asegura que al menos Compromís no vaya a cambiar a su candidato. No en vano, desde la coalición valencianista insisten en la importancia del perfil y en que la persona elegida deberá ser "de consenso", ya que la aritmética parlamentaria obligará a pactar con la derecha para sacar adelante cualquier nombre. Esto es porque cada aspirante debe reunir dos tercios de los apoyos en pleno, 66 votos. PSPV, Compromís y Unides Podem tan solo suman 52.
Que se cumpla el presupuesto
Por otra parte, el síndic de Compromís, como ya hizo días atrás, defendió que la nueva radiotelevisión valenciana debe tener el presupuesto que marca la ley de creación del Servicio Público de Radiodifusión que los grupos parlamentarios aprobaron en 2016. Y en este punto rompió una lanza a favor del ente alegando que si tuviera los fondos que le corresponden, quizá su situación actual sería otra.
Así, cabe señalar que en el presupuesto de la Generalitat de 2019 destinaba a À Punt 55 millones de euros. Una cuantía que no cumple el artículo 38.1 de la ley de la CVMC que establece que las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público "se consignan en los presupuestos de la Generalitat, de acuerdo con el contrato programa" y nunca podrán "suponer un importe inferior al 0,3% o superior al 0,6% de estos".
Teniendo en cuenta que el presupuesto total de la Generalitat para 2019 es de 22.096 millones de euros -incluido el servicio de la deuda por 5.783 millones-, los 55 millones de euros asignados a À Punt para este ejercicio no alcanzan el mínimo del 0,3%, sino que esta partida tan solo representa el 0,25% del total de las cuentas autonómicas.
Ferri también abrió la puerta a que si en un futuro se modifica la ley se pudiera cambiar la fórmula de elección de la dirección general de la Corporació. Como ejemplo citó que fueran Les Corts Valencianes las que propusieran tres candidatos y, posteriormente, se hiciera un concurso entre esa terna.
El síndic de Compromís, Fran Ferri. Foto: KIKE TABERNER
