Comunidades energéticas: la 'palanca' que busca València en Europa para darle la vuelta al modelo eléctrico

VALÈNCIA. El impulso de 100 comunidades energéticas de barrio es lo que busca uno de los proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento de València de cara a la futura convocatoria de los fondos europeos de reconstrucción Next Generation, que en el caso de España ascenderán a unos 140.000 millones de euros entre ayudas y créditos. El consistorio está elaborando un portfolio con múltiples planes susceptibles de optar a estos fondos, una de cuyas líneas es precisamente el impulso de la sostenibilidad y el cambio de modelo energético, donde se enmarcaría este plan trazado por la concejalía de Emergencia Climática y la Fundación Clima y Energía.

El sistema de las comunidades energéticas que plantea el consistorio ya se está empezando a aplicar en otros lugares como por ejemplo en la localidad valenciana de Albalat dels Sorells. Se trata de un nuevo mecanismo para generar y consumir la energía que se basa fundamentalmente en la cooperación entre los vecinos, la administración y los negocios. València plantea comunidades energéticas de barrio que pretenden ser todo un revulsivo en la manera de concebir la producción energética y el autoconsumo, una transformación al fin y al cabo de la cultura energética de las ciudades.

Según explica el proyecto, las comunidades energéticas podrían llegar a ser clave en la irrupción de un nuevo modelo energético "eficiente, libre de emisiones, descentralizado y democrático", precisamente porque se basa en la participación activa de los diferentes agentes de una zona, en este caso de cada barrio. En definitiva, se trata de la asociación de ciudadanos, empresas e instituciones para la producción y consumo de su propia energía renovable. El proyecto quiere alcanzar la cifra del centenar de comunidades energéticas con la llegada de fondos europeos.

En esta misma línea, el plan en el que trabaja la concejalía que dirige Alejandro Ramón contempla la instalación de 10MWp de potencia fotovoltaica en cubiertas de edificios, la rehabilitación de una decena de locales municipales para tener la mejor certificación energética posible, o la creación de una decena de oficinas de barrio para la formación en estas herramientas, entre otras cosas. Respecto a esto último, el proyecto especifica que estas oficinas trabajarán con colegios o institutos, propietarios privados, hogares en situación de pobreza energética y otros agentes para la construcción de las mencionadas comunidades energéticas de barrio.

Ciertamente, el consistorio ya ha estado trabajando en algunas líneas durante los últimos años, pero lo que se quiere hacer ahora con los fondos europeos es extender estas iniciativas a lo largo y ancho de la ciudad. En 2017 se puso en marcha el proyecto 50/50, en el cual el ahorro energético conseguido por institutos y colegios se les es devuelto en forma de subvención. Se ha creado la primera Oficina de Energía, y ya en 2020 se creó la primera promoción pública de comunidades energéticas de España en los barrios de Aiora, l'Illa Perduda y en la pedanía de Castellar-l'Oliveral.

De hecho, el año pasado se realizó ya un estudio jurídico sobre esta figura, la de las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo, donde se analiza la legislación actual y la que está en preparación para poder construir estas comunidades con conocimiento de causa, y por otro lado se elaboró otro estudio sobre las barreras administrativas que había para el despliegue de instalaciones fotovoltaicas.

A juicio del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, las urbes tienen "una responsabilidad clave en avanzar y ser la punta de lanza de la transición energética" y ahora "se dan todas las condiciones para dar un salto cualitativo muy importante en los próximos años". El objetivo, a la postre, es un modelo energético "más sostenible y descentralizado donde las personas no sólo sean consumidoras pasivas, sino que también produzcan y gestionen su propia energía de manera colectiva".

Por su parte, el concejal del ramo, Alejandro Ramón, señala que para el consistorio la fórmula de la comunidad energética resulta "muy interesante" y por eso se quiere fomentar esta herramienta por considerarla "muy útil para la ciudadanía, para utilizar ese autoconsumo compartido que hace no sólo que se abarate la luz de cada una de las viviendas que optan por esta modalidad, sino que también consigue reducir la huella de carbono de la ciudad".

Según explican en el consistorio, el carácter transformador del proyecto reside en que es algo transversal y no sólo "la suma de unas intervenciones convencionales tomadas por separado". "La simple instalación y producción de energía renovable en la ciudad no sería un proyecto disruptivo", explican, pero sí lo es "el cambio de cultura energética de la ciudadanía y la organización social en comunidades energéticas" porque, insisten, "tiene una capacidad transformadora multiplicadora". En este sentido, la idea es que el cambio no sólo se produzca en el centro de la ciudad ni en lugares emblemáticos concretos, sino que llegue a todos los barrios y pueblos con el despliegue de una red de ventanillas únicas "que activarán el cambio y serán el punto de referencia en cada barrio".

El proyecto completo y global de transformación radical alcanzaría un presupuesto global de unos 20.000 millones de euros, algo que a juzgar por las cifras que se manejan en los fondos europeos parece inasumible por completo. Eso sí, subrayan en el consistorio, esto tendría "un potencial de rentabilidad importante a corto plazo para el Ayuntamiento y una perspectiva de recuperar la inversión por los ahorros generados por estas inversiones para las cuentas municipales (producción de energía, y reducción en los pagos de facturas)". Todo ello en un período de retorno "corto". Incluso podría generar a medio y largo plazo beneficios directos para el consistorio, apuntan.