VALÈNCIA (EFE). La Comunitat Valenciana redujo su déficit en 2020 en relación al año anterior y lo situó en 1.206 millones de euros, un 1,16 % del PIB, lo que supone 1.036 millones menos que en 2019.
La valenciana es una de las siete Comunidades Autónomas que acabó el año con déficit, junto con Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, mientras que el resto registró superávit en sus cuentas.
El déficit registrado por la Comunitat es menor al que contabilizó en 2019, que cerró con 2.242 millones, el 1,93 % del PIB.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 2020 en 113.172 millones de euros, el 10,09 % del PIB, con lo que multiplica casi por cuatro el dato de 2019 (2,86 % del PIB) y alcanza el nivel más alto desde 2009 (11,06 % del PIB).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este lunes los datos de ejecución presupuestaria de 2020, un año marcado por la pandemia, cuyos efectos han disparado los gastos y menguado los ingresos, y a la que se ha unido el impacto de la consolidación de la Sareb dentro del sector público, de 9.891 millones de euros.
Precisamente el impacto de la Sareb eleva el cómputo del déficit público, una vez incluidas las ayudas financieras, al 10,97 % del PIB, todavía por debajo de la estimación del 11,3 % del PIB remitida por el Gobierno a Bruselas en otoño del pasado año.
Para la ministra, el "deterioro" de las cuentas públicas es un "reflejo claro de que este Gobierno se ha comprometido con los ciudadanos y con el tejido productivo", lo que ha supuesto un incremento del gasto que ha afectado más al déficit que la caída de los ingresos.
La ministra ha cifrado el gasto público de la pandemia en 44.907 millones, que ha sido asumida principalmente por el Estado (40.443 millones de euros) a través de compra de material sanitario (1.197 millones), transferencias a las comunidades autónomas (entre ellas 16.000 millones del Fondo Covid) y transferencias a los Fondos de la Seguridad Social (22.357 millones de euros).
El reparto de estos 44.907 millones de gasto ha sido 21.520 para ERTE, incapacidad temporal y cese de actividad; 8.284 millones para gastos covid y sociosanitarios en las comunidades autónomas; 7.791 millones para exoneraciones ERTE y autónomos, y 7.312 millones para el resto.
Así, el gasto público alcanzó los 576.489 millones de euros en 2020, un 10,1 % más, tras un fuerte repunte de las subvenciones (71 %) y las prestaciones sociales (15,9 %), entre otros, mientras que el coste de los intereses de la deuda bajó un 11,1 %.
Los ingresos bajaron un 5 % debido sobre todo al impacto de la caída de la recaudación tributaria.
En términos de caja, la Agencia Tributaria recaudó 194.051 millones de euros en 2020, un 8,8 % menos, con una fuerte caída del impuesto de sociedades (un 33,2 %, debido tanto a los menores beneficios como a ajustes de pagos fraccionados), IVA (11,5 %) e impuestos especiales (12,1 %), mientras que los ingresos por IRPF repuntaron un 1,2 % gracias a las medidas de mantenimiento de renta.
Por subsectores, el déficit de la administración central alcanzó el 7,49 % del PIB; el de la Seguridad Social, el 2,65 %, y el de las comunidades autónomas, un 0,21 %, mientras que las corporaciones locales lograron un superávit del 0,26 % del PIB.
La Conselleria de Hacienda, por su parte, ha insistido en que el déficit de 1.206 millones de euros con los que la Comunitat Valenciana cerró 2020, el más alto de España y el 1,15% de su PIB, se debe a la infrafinanciación autonómica por parte del Estado. Por contra, destaca el 10,4% de aumento del gasto social respecto a 2019.
En todo caso, Hacienda reitera que el déficit no procede de un exceso de gasto, sino de una falta de ingresos. "Pese a la mayor dotación de recursos para el conjunto de las CCAA, sigue sin corregirse el problema de inequidad existente en el sistema de financiación, lo que se refleja claramente en el déficit valenciano", defiende.
Y garantiza que "pese a los menores recursos, las prioridades del gobierno valenciano son claras", como el aumento del gasto en educación, sanidad y protección social dentro, un "firme compromiso por garantizar los servicios fundamentales pese a la infrafinanciación".
En concreto, el Consell aumentó su gasto real este ejercicio en un 8,87% y destinó a servicios públicos fundamentales 15.000 millones de euros, un aumento de más del 10% para atender las necesidades derivadas de la pandemia.
Según sus cálculos, si la Comunitat hubiese recibido la misma financiación por habitante que el conjunto de las comunidades de régimen común, no hubiese incurrido "ni siquiera" en déficit y habría cerrado 2020 con 130 millones de superávit (0,1% del PIB), teniendo en cuenta que la Generalitat cifró la infrafinanciación en 1.336 millones.
