VALÈNCIA (EP). La Comunitat Valenciana, junto a Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, registró en 2021 un índice de financiación (92,1) a competencias homogéneas por habitante ajustado por debajo de la media (100), según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
La Comunitat Valenciana obtuvo en 2021 una financiación efectiva de 13.440 millones de euros, lo que supone 2.730 euros por habitante, solo por delante de Murcia con 2.691 euros por habitante. La media española es de 2.963 euros por habitante y la mayor financiación efectiva por habitante fue la de Cantabria, con 3.417 euros.
Fedea ha publicado este lunes una nota elaborada por Ángel de la Fuente en la que se analiza la liquidación del sistema de financiación autonómica (SFA) correspondiente a 2021, que ha sido hecha pública recientemente por el Ministerio de Hacienda.
En concreto, con una media nacional de cien, en 2021 Murcia tenía un índice de financiación definitiva a competencias homogéneas por habitante ajustado del 90,8 mientras que la Comunitat Valenciana lo tenía del 92,1, Andalucía del 94,3 y Castilla-La Mancha del 95.
Respecto al año anterior (2020), el índice cayó en 1,5 puntos en Murcia; un punto en la Comunitat Valenciana; subió dos décimas en Andalucía y descendió un punto en Castilla-La Mancha.
Mientras, por encima de la media se sitúan Cantabria (115,3); Baleares (114,6); La Rioja (112,7); Extremadura (110,9); Canarias (107,1); Castilla y León (106,3); Asturias (103,1); Madrid (102,1); Cataluña (101,7); Aragón (101,6) y Galicia (101,3).
Fedea llama la atención sobre el retroceso registrado en Murcia, la Comunitat y Castilla la Mancha, que, manteniéndose entre las últimas posiciones de la distribución, se alejan aún más de la media. Por otra parte, destaca el fuerte avance de Baleares y la mejora de Extremadura (+1,2) y la caída de Cantabria (-1,7).
Según explica Ángel de la Fuente en el informe, las variaciones registradas en 2021 en las posiciones relativas de las distintas comunidades autónomas en términos de financiación efectiva por habitante ajustado a competencias homogéneas han sido apreciables en algunos casos, y en ellas han jugado un papel significativo la recuperación de los ingresos tributarios tras la pandemia y el habitual baile en las comunidades receptoras de los dos tramos del Fondo de Cooperación.
Con todo, y según los cálculos de Fedea, el volumen total de la financiación definitiva de las comunidades autónomas de régimen común, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, experimentó en 2021 un incremento de unos 18.000 millones de euros (el 16%) con respecto a 2020 debido fundamentalmente a la recuperación de los ingresos tributarios autonómicos y estatales tras el desplome causado por la crisis del Covid.
Según la Fundación, este incremento se ha visto mitigado en alguna medida por la reducción en unos 2.500 millones de las transferencias extraordinarias del Estado para hacer frente a la pandemia. Para años más recientes no se dispone todavía de datos de financiación definitiva, pero los recursos sujetos a liquidación proporcionados por el sistema cayeron ligeramente en 2022 (-0,87%) y rebotaron con fuerza en 2023 (+19,3%).
La suma de los saldos positivos apunta a que el sistema aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 20.000 millones de euros. Estos recursos provienen en parte del Estado (que aporta casi 11.000 millones de euros) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Cataluña y Baleares) que aportan otros casi 9.000 millones.
Las aportaciones a la nivelación suponen en torno a un 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares, un 9% en Cataluña y un 24% en Madrid. En el lado de las comunidades receptoras, los ingresos por esta vía exceden el 20% de los ingresos tributarios homogéneos en diez casos y son particularmente importantes en Canarias, donde suponen más de la mitad de los ingresos totales, y en Extremadura, donde superan el 40%.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral