La Comunitat, segunda región donde más crece el empleo público autonómico desde 2015

VALÈNCIA. En julio de 2015, apenas dos meses después del primer triunfo electoral del Botànic en la Comunitat, el número de empleados al servicio de las instituciones públicas valencianas no alcanzaba las 118.400 personas. Ocho años y dos legislaturas más tarde, justo cuando se producía un nuevo relevo político en el Consell con la victoria de PP y Vox, la cifra había ascendido a más de 187.800 trabajadores, lo que refleja un incremento del 58,6% según se desprende del último boletín estadístico sobre el empleo en las Administraciones Públicas actualizado este mes por el Gobierno.

Este dato, no obstante, está condicionado por la inclusión en la estadística, desde enero de este año, de aquellos empleados públicos con contratos inferiores a los seis meses de duración, así como también del personal en formación o en prácticas. Estos colectivos, que hasta 2023 no eran tenidos en cuenta para computar el grueso de la fuerza laboral pública, explicarían parte del salto que se ha producido en la Comunitat especialmente en el último año, pero, aun así, desde 2015 el número de trabajadores al servicio de la Administración autonómica solo ha crecido más en Canarias (59,1%) que en la región valenciana.

Este relevante incremento, que tanto en el caso de la Generalitat Valenciana como en el resto de instituciones públicas autonómicas llega después de años de contención en el empleo público por las políticas de austeridad derivadas de la crisis financiera que estalló en 2008, no cambia el hecho de que la Comunitat Valenciana todavía sea una de las regiones con menor peso del empleo público en relación al total de sus habitantes. De hecho, en julio de este año el conjunto de los organismos públicos valencianos, donde están incluidos también los trabajadores docentes o el personal dependiente de las instituciones sanitarias, contaba con 36 empleados por cada 1.000 vecinos, una tasa que solo mejora a Baleares (35,5), Madrid (32,6) y Cataluña (30,8).

Esta es una situación que ha sido criticada por los sindicatos en repetidas ocasiones, mientras que en el lado opuesto, una de las comunidades que más padece los efectos de la despoblación, como es Extremadura, es con diferencia la que presenta el número más elevado trabajadores públicos en relación a su población, con 56,8 funcionarios por cada 1.000 habitantes. No ocurre así con las tres regiones siguientes, Navarra (51,3), Asturias (50,3) y Cantabria (47,9), que superan en este sentido a autonomías como Castilla y León (43,6) o Castilla-La Mancha (43,5).

Asimismo, y más allá del número total de funcionarios, otra reivindicación recurrente entre los actores sindicales es la falta de creación de empleo público estable, ya que en este tiempo han crecido mucho la temporalidad y colectivos como el personal en interinidad. Así pues, en julio de 2019, justo al inicio de la segunda legislatura del Botànic, la estadística del Ministerio contabilizaba a algo más de 48.800 trabajadores interinos al servicio de la Generalitat Valenciana, una cifra que ascendió a casi 64.900 empleados de este tipo en 2022 y que este año, una vez ya contemplado en el recuento el personal con contrato de trabajo inferior a los seis meses, ha crecido hasta ubicarse por encima de los 86.300 profesionales.

De este modo, en el pasado ejercicio ya había un 33% más de interinos que en 2019, un porcentaje que, con la nueva metodología empleada por el Ministerio, alcanza ahora incluso el 77%. Sin embargo, quizás lo más llamativo de esta situación sea que, una vez actualizado el recuento, el personal en situación de interinidad supera ahora en número a los funcionarios de carrera. En concreto, al servicio de los organismos públicos de la Comunitat Valenciana había, en julio de 2023, unos 86.362 interinos por 81.645 funcionarios de carrera.

Es precisamente este tipo de empleado el que menos ha visto incrementarse su número en los últimos cuatro años, al pasar de poco más de 80.800 trabajadores a los ya mencionados 81.645 actuales, con un aumento del 1%. En ese tiempo, la estadística del Ministerio muestra un incremento del 36% en el personal laboral fijo y del 19% en el laboral temporal. Por su parte, los empleados en formación o prácticas superarían los 5.000, y supondrían un 2,7% del total al servicio de la Administración autonómica.

Así pues, la temporalidad en la Administración de la Generalitat no ha hecho más que verse incrementada año tras año de forma exponencial, como también constata el último informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, que alcanza a cubrir diez años de cambios en el funcionariado. El documento refleja que, en apenas una década, el número de temporales de la Generalitat ha crecido un 128,6%. 

Una cifra que evidencia el problema que tiene la Administración valenciana con su plantilla y que toma aún más trascendencia si se mira el otro lado de la balanza: durante el mismo periodo, el número de funcionarios de carrera habría visto reducido un 10%, lo que en síntesis significa que el empleo temporal gana peso en la autonomía frente a la búsqueda de una plaza fija. 

Las tendencias inversas, por tanto, reflejan no solo el alto porcentaje de jubilaciones que se están produciendo en los últimos ejercicios en el ámbito de la Generalitat, sino también la dificultad que está teniendo año tras año el Gobierno valenciano en sacar las plazas necesarias a oposición para cubrir todas las vacantes.  

Más de la mitad de los interinos, en las instituciones sanitarias

El grueso de estos trabajadores interinos de la Generalitat Valenciana, según la estadística del Ministerio, estaría en las instituciones sanitarias, donde se concentrarían el 56,5% de ellos, mientras que casi un 30% serían profesionales docentes no universitarios. Además, en el ámbito sanitario casi se habrían duplicado en solo cuatro años, ya que en 2019, antes también del estallido de la pandemia del coronavirus, se contaba a casi 26.000 profesionales en esta situación y ahora esa cifra se ha elevado por encmia de los 48.800. Algo que se replica en otras áreas, como la del personal al servicio de la Administración General de las Comunidades Autónomas, donde se incluyen a las Consellerias y los organismos que dependen del Consell, donde había contabilizados 4.742 interinos en 2019 por los 8.211 del pasado julio.

En este sentido, el informe de la Sindicatura también muestra cómo los temporales en el ámbito sanitario eran solo 18.607 en 2012 para superar ya los 40.000 una década después, con un incremento del 124%. En cambio, el personal estatutario fijo, igual que los funcionarios de carrera, ha ido decreciendo: de 27.406, al cierre de 2022 habían descendido a 17.297 personas, más de 10.000 empleados. 

Con los números sobre la mesa, de hecho, la Sindicatura de Comptes advirtió en su último informe de la gravedad de la situación a la que se enfrenta la plantilla autonómica, y en particular, Sanidad. "En relación al personal estatutario de la Conselleria de Sanidad, se observa un excesivo nivel de temporalidad a 31 de diciembre de 2022 (70,7%, con un incremento de más de 30 puntos en el periodo 2021-2022)", exponía tras reconocer la cantidad de plazas que el departamento ha sacado en las ofertas de empleo público de 2017 a 2022, así como las ofertadas para estabilizar a interinos con motivo del decreto de 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas. "Se recomienda a la Conselleria de Sanidad agilizar la cobertura de plazas con la finalidad de reducir esta temporalidad que condiciona negativamente la prestación del servicio sanitario", concluía el informe. 

Con este telón de fondo, uno de los retos del Consell a lo largo de este año 2024 es reducir la temporalidad a un 8% para cumplir con la sentencia europea de marzo de 2020 que motivó la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público y que impide que una persona interina esté más de tres años en una plaza pública. Una cifra que, con los datos sobre la mesa, parece casi una utopía que el Gobierno valenciano pueda alcanzar a pesar de que haya puesto en marcha una Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2021 para estabilizar personal. Pero lo cierto es que a finales del ejercicio actual, las convocatorias en marcha deben haberse ejecutado. 

Un 70% de mujeres en la Administración Autonómica

Por último, y en cuanto a la distribución por sexos del personal público autonómico, el 70% eran mujeres por un 30% de hombres, una situación llamativa y que se mantiene prácticamente invariable desde 2015, cuando llegó el Botànic al poder. Esta disparidad entre hombres y mujeres no se da, en cambio, en el caso de la Administración General del Estado ni en los consistorios, ya que en el primer caso las mujeres no alcanzan el 30% del total y en el segundo son el 51%, un escenario muy paritario.

Como se ha apuntado en otras ocasiones, esta situación podría deberse al hecho de que el personal del sector público del Estado tiene una media de edad que, por lo general, es más alta que en el resto de Administraciones, así como la progresiva incorporación de la mujer a los procesos de selección de personal.