Concejales del PP de Valencia se plantean ir a la justicia ordinaria si son expulsados

VALENCIA. Nadie quiere aflojar en el caso del presunto blanqueo de capitales en el que están investigados nueve concejales, además de varios asesores, del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia.

El plazo de 10 días otorgado por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, para que los ediles abandonaran su acta ha expirado sin que ninguno de ellos haya tomado la decisión de dejar el consistorio.

Es más, en su escrito de respuesta a la carta remitida por la dirección regional del partido, los ediles defienden su actual postura y se encomiendan a la resolución que pueda adoptarse desde Génova, donde el instructor del caso designado por el Comité de Derechos y Garantías del PP viene tomando declaración a todos los investigados -que son miembros del partido- para analizar la situación y ver en qué punto deja el expediente.

Tal y como informó este diario, la intención de Bonig y su entorno es, ahora, enviar un informe a la dirección nacional del partido en el que se expliquen los argumentos del PPCV -fundamentados en lo que consideran indisciplina por parte de los concejales- para avanzar hacia una sanción a los ediles investigados. O lo que es lo mismo, la cúpula regional va a aportar un texto que invite a la expulsión de los citados concejales.

Ahora bien, los ediles -o al menos algunos de ellos- no piensan quedarse de brazos cruzados si esto se produce. Hasta ahora, el grupo de concejales ha adoptado una posición no beligerante frente a todo el caso: una resistencia pasiva en la que no se han escuchado declaraciones estridentes ni salidas de tono por parte de los implicados. Una postura, según fuentes de su entorno, totalmente premeditada para poner de manifiesto ante Génova su voluntad de colaborar y, al mismo tiempo, evitar cualquier tipo de declaración mediática que pudiera volverse en su contra con los estatutos en la mano.

No obstante, fuentes próximas a los ediles aseguran que algunos de ellos ya han comentado en privado su intención de llevar el caso ante la justicia ordinaria si desde Génova se da un paso adelante en materia disciplinaria. Es decir, si la dirección nacional decide la expulsión tras la toma de declaraciones de los concejales y el informe del PPCV, al menos parte de los ediles barajan que el camino a seguir sean los tribunales. Una hoja de ruta que, según fuentes del entorno del grupo, también estudian adoptar algunos de los asesores que se vieran afectados de la misma manera.

En esta línea, tal y como informó este diario, precisamente los asesores que fueron suspendidos de empleo y sueldo siguen estudiando la fórmula para demandar en este caso a la Junta de Gobierno municipal de Valencia por haberles apartado. De hecho, fuentes consultadas por este diario señalaron que en el plazo de "una o dos semanas máximo" se espera proceder al trámite de las mismas.

Por otro lado, el Comité de Derechos y Garantías del PP sigue sin fecha para interrogar a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a la espera de que el juez se pronuncie y decida si eleva o no exposición razonada al Tribunal Supremo para ser investigada judicialmente, según informaron días atrás fuentes populares.

Una situación que, cabe recordar, también influye de formar sustancial a los ediles: de hecho, desde el partido no son pocos los que consideran que el destino de Barberá puede ir unido al de los concejales. Si ellos son expulsados y la exalcaldesa se confirma como imputada, Génova se vería en la difícil situación de adoptar la misma vara de medir con la histórica dirigente del partido. Es por ello que desde el entorno de los ediles creen que la dirección nacional del partido se va a tomar con calma y prudencia las decisiones y, acogiéndose a los estatutos, esperará en todo caso a la apertura de juicio oral o -y ese es su deseo- de sentencia, para avanzar disciplinariamente.