Jueces y fiscales piden independencia, revisión de la Oficina Judicial e implantar cargas máximas de trabajo

VALÈNCIA. Jueces y fiscales valencianos se han concentrado este jueves para unirse a las reivindicaciones nacionales y exigir, entre otros temas, independencia, revisión del modelo de Oficina Judicial sobre las experiencias piloto e implantar unas cargas máximas de trabajo.

Así consta en un manifiesto que han suscrito las diferentes asociaciones de jueces y fiscales valencianas y que han leído ante los medios el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer; el presidente de la Audiencia, Fernando de Rosa; y la fiscal jefa, Teresa Gisbert.

Sus reclamaciones se han dirigido a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La primera de ellas es la independencia judicial. Para ello, proponen que se presente un proyecto/proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo que se refiere al CGPJ que recupere el régimen compentencial, de organización y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad.

Así mismo, piden una objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judicial, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por mayoría cualificada; y también reclaman la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

Junto a ello, ven "importante" la modernización de la Administración de Justicia: es "necesario" un plan de inversión suficiente y prolongado destinado a incrementar las plantas judicial y fiscal equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; y modernizar los edificios judiciales y fiscalías; hacer un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado.

También han hecho hincapié en que se racionalice la planta judicial mediante la implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad; mientras tanto, creen que deben crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad; y piden evitar la precarización judicial y fiscal con la eliminación de las adscripciones forzosas y supresión de las figuras de 'sustitución y refuerzo' en el periodo de prácticas formativas.

Jueces y fiscales valencianos han coincidido así mismo en que se debe revisar el modelo de la Oficina Judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que es un instrumento para apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales.

Además, solicitan compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional; y una dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa a la autoridad judicial y fiscal.

También reclaman, para mejorar las condiciones profesionales, la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones para recuperar el nivel salarial perdido en 2010; recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, así como el permiso de paternidad; e implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

Por lo que se refiere al ministerio fiscal, exigen la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos; refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria.

Para conseguir estos fines, jueces y fiscales valencianos han anunciado que secundarán todas las medidas de movilización acordadas conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales el 5 de marzo de 2018, conforme al calendario propuesto, sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación iniciado.