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BORRADOR PARA LA RENOVACIÓN

Conciertos de Bachiller: puesta a cero

La Conselleria de Educación acaba con la renovación automática de los conciertos en niveles no obligatorios y establece un listado de criterios para negociar su mantenimiento

11/12/2016 - 

VALENCIA. Son el caballo de batalla de este curso académico que cabalga con celeridad hacia el asalto final. En enero llegará el momento de renovar los conciertos educativos en todos los niveles escolares, y el conseller Vicent Marzà ya ha manifestado su clara apuesta clara por el sistema público. Esto hace que el sector concertado tema la eliminación masiva en diferentes áreas. Pero fin de evitar un choque de frentes con las armas en alto se ha puesto sobre la mesa un borrador que sirva de punto de partida a las negociaciones. Y de él se desprende una idea esencial: partimos de cero.

El texto redactado por la Generalitat aborda la implantación de la reforma educativa en los centros concertados valencianos y ha sido presentado ante todos los sindicatos de manera presencial esta semana. A la cita acudían FSIE-CV, USO-CV, FETE-UGT, STEPV-IV, CCOO-PV, Educación y Gestión y Feceval. El objetivo era abordar el tramo autonómico que atañe a la solicitud, renovación o modificación de conciertos educativos, especialmente polémica en el caso de los niveles no obligatorios, como Bachillerato o Formación Profesional, que dependen de la autonomía. La premisa ha sido la tabla rasa de aquí en adelante.

No habrá más renovación automática del conciertos, sino que la situación se valorará caso a caso. Hasta ahora, si un centro con niveles no obligatorios tenía un concierto, siempre era restituido, a no ser que no se tuviera el alumnado suficiente. Lo que señala la nueva propuesta de Educación es que, cuando finalice un contrato de concertación, se produzca “una negociación” para valorar la necesidad. Para ello, la Conselleria establece un listado de criterios a tener en cuenta, cuyos puntos esenciales pasamos a enumerar a continuación. 

Y cómo ha reaccionado el sector concertado? Si bien los principales portavoces cuestionan la mayoría de puntos, como es el caso la Mesa por la Educación en Libertad, también intentan poner en valor algunos de ellos de cara a acercar posturas, según Escuelas Católicas. Mucho más crítico se ha mostrado el PP, que ya ha anunciado que estudia acciones legales contra la nueva orden, tal y como declaró este viernes Maria José Catalá. La portavoz adjunta del grupo popular en las Corts ha calificado la norma de "cacicada" y asegura que es "un golpe mortal a la concertada, a la libertad de las familias y una insumisión clara a una ley orgánica".

El contexto autonómico

La Ley de conciertos educativos se remonta a 1985. El borrador que ha presentado la Generalitat explicita que se ha desplegado hasta ahora en el territorio valenciano “sin adecuarse al contexto autonómico, y como consecuencia se ha interpretado siempre en los mismos criterios”. Es por ello que prometen una actualización a la sociedad presente y la situación territorial, así como un nuevo enfoque en torno a los niveles superiores. Desde Escuelas Católicas ven adecuada la modernización, pero manifiestan que perciben "un deseo de un control excesivo por parte de la autonomía". Vicenta Rodríguez, portavoz de la asociación, habla de un "retroceso en la Comunitat, donde habíamos sido pioneros en los sistemas de concertación" y exige que se respete "la libertad de elección de los padres".

Los conciertos singulares

O lo que es igual, los que se hacen para niveles de enseñanza no obligatorios. Son el principal punto a abordar en la negociación. El borrador de la Conselleria contempla que los conciertos generales, que corresponden a la educación esencial y obligatoria “se rigen por la norma básica establecida en España". No obstante, hace una diferenciación muy clara con respecto a los singulares, que afectan Bachillerato y FP. "No están regulados por la ley estatal, por lo que quedan en manos del desarrollo autonómico”, entiende el texto, que luego va un paso más allá en el planteamiento: “Como no es educación obligatoria, la Administración no está obligada a concertar a los niveles de Bachillerato y Formación Profesional”.

Transparencia e igualdad

Volviendo sobre el mismo punto, la Conselleria entiende que la adaptación de la normativa valenciana debe basarse en la aplicación de "los principios de transparencia e igualdad". En este marco normativo, el procedimiento pretende garantizar que todos los centros privados "tengan las mismas oportunidades en el acceso al régimen de conciertos de las enseñanzas postobligatorias, estableciendo criterios objetivos de priorización". Es por eso que el borrador de orden indica que todos los conciertos de enseñanza postobligatoria se extinguen cuando finalizan los contratos de concertación y se inicia de nuevo el proceso de solicitud, modificación o renovación, pero basado en una serie de criterios esenciales. En concreto dicta cuatro: carácter histórico, población desfavorecida, innovación y área de escolarización.

El conseller de Educación, Vicent Marzà (Foto: KIKE TABERNER)

Prioridad para los conciertos históricos

Cabe precisar que, por encima de esta consideración, prima el criterio general marcado por la ley estatal que explicita que las cooperativas educativas tienen prioridad con respecto a las empresas que no lo son a la hora de concertar. Después de este punto inamovible, lo más importante para la Conselleria valenciana es el carácter histórico. Por ello destaca que las solicitudes por parte de las antiguas filiales (es decir, "las empresas que siempre han estado concertadas históricamente" ) tendrán preferencia con respecto a las demás. "Son las que antes de que se generalizaran los conciertos ya estaban haciendo ese servicio", argumenta el borrador de Marzà. Una medida que valoran "muy positivamente" desde Escuelas Católicas, ya que se logra"blindar los conciertos más consolidados, aquellos que prestaron sus servicios al Estado cuando la red pública aún era insuficiente".

Población desfavorecida e innovación

Tras el anterior punto, las premisas que más se valorarán serán la atención a la exclusión social y la innovación educativa. Esto es, que se atienda a la población desfavorecida y los casos de centros particulares "con experiencias educativas innovadoras". En ambos casos se encargará de realizar la valoración la Dirección General de Política Educativa. Si bien al sector concertado le parecen dos aspectos interesantes, no acaban de ver claro que dicha evaluación quede únicamente en manos de una dirección institucional, sin detallar "una lista de indicadores" para puntuar de manera objetiva. "Volvemos a la sensación de control excesivo, de modo que queda solo en sus manos decidir qué centro es innovador", apuntan. 

El área de escolarización

El cuarto y último punto prioritario de la Conselleria a la hora de concertar es que el área de esolarización así lo haga necesario. Esta es una de las medidas más polémicas para el sector privado, según explica Vicenta Rodríguez. "No entendemos lo de la demanda social, porque esto acaba con la complementariedad de la red concertada y pública. Se les pide a las familias que esperen la valoración de su área de población, porque en función de ello podrán o no elegir la concertada. Pero eso rompe la idea de la elección", argumenta la portavoz. Asimismo indica sentirse preocupada por los alumnos que ahora están en 4º de la ESO "y deberían tener garantizada la continuidad en su centro" con independencia de criterios demográficos.

¿Y las ratios y la demanda?

Si bien estamos ante un borrador, hay aspectos de una futura norma de concertación que las familias y los directores de los centros quieren impulsar. "Una de nuestras propuestas fundamentales pasa por la reducción de ratio de las aulas de Bachillerato 25 a 20", plantea Rodríguez, quien no duda en protestar por el hecho de que los centros públicos "tengan menos alumnos". Asimismo, hace alusión a la demanda social. "La Lomce la contempla para las enseñanzas obligatorias, pero es algo que también debería estar en Bachillerato", añade la portavoz de Escuelas Católicas, quien insiste en la idea de "elección" para los padres.

La lucha por los conciertos no ha hecho más que empezar. Su arranque es una puesta a cero, que sin embargo puede avanzar a mayor o menor velocidad conforme se precipite el mes de enero. De momento, las partes se muestran partidarias de "esperar" al texto final. "Las negociaciones acaban de comenzar, ya veremos. Hay puntos que nos convencen y otros que no, pero confiamos en llegar a un entendimiento", afirman desde el sector de la concertada.

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