La Fiscalía Anticorrupción no pedirá el sobreseimiento de la causa para ninguno de los investigados
VALENCIA, (EFE). Las declaraciones de los 49 investigados por blanqueo en el PP de Valencia concluyen mañana mientras el foco de atención del 'caso Imelsa' se desplaza hacia otras supuestas irregularidades detectadas en esta operación, como las comisiones ilegales o la contratación encubierta de asesores políticos.
A falta de la declaración de un asesor mañana, cuya citación fue aplazada porque su abogado debía participar en las sesiones del caso Nóos en Palma, la ronda de declaraciones de los 49 investigados por blanqueo, 17 de ellos concejales o exconcejales, ha concluido.
Por el supuesto caso de blanqueo, la Fiscalía Anticorrupción no pedirá el sobreseimiento de la causa para ninguno de los investigados, no solicitará nuevas citaciones ni tampoco testificales, según explicaron fuentes del caso.
En su vertiente política, este caso ha supuesto la práctica disolución de la organización del partido en la ciudad, tras la suspensión de militancia del presidente local del partido y portavoz, Alfonso Novo, y el nombramiento, el pasado viernes, del diputado y exconseller Luis Santamaría como responsable de la nueva gestora. De las escuchas, registros y testimonios recabados durante meses en la investigación del conocido como caso Imelsa se han destapado al menos otras dos ramificaciones al margen de este supuesto caso de blanqueo.
Una, la considerada pieza principal, se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat para construir colegios) y la Fundación Jaume II El Just, por supuestas adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Otra, que de momento se dirime únicamente en sede policial, tiene que ver con la supuesta contratación encubierta de personal por parte de Imelsa y trata de dilucidar si esas personas en realidad ejercían como asesores de los grupos políticos representados en el consejo de administración de Imelsa.
Así, está previsto que mañana concluyan las declaraciones por el supuesto blanqueo de capitales en el seno del PP de la ciudad de Valencia y que el martes y el miércoles se tome declaración a 12 personas por su relación con la pieza principal del caso.
En total son más de 80 los investigados entre políticos, asesores y empresarios por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, contenidos en un sumario que seguirá siendo secreto al menos hasta el 14 de marzo.
Por otra parte, está previsto que el martes y el miércoles declaren también, en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, los vicepresidentes tercero de la Diputación de Valencia, Emili Altur (Compromís), y cuarto, Rosa Pérez (EU), además del asesor Raúl Pardos (PSPV) en relación con la supuesta contratación encubierta de asesores.
La dirección de Imelsa ha despedido a cinco personas que trabajaban en el servicio de Protocolo de la institución y a seis que lo hacían en el gabinete de prensa siendo personal contratado por la empresa pública Imelsa, unos despidos que se estaban procesando desde finales de enero, fechas desde la que estas personas estaban en situación de permiso retribuido, y que no guardan relación con la citación policial de los actuales dirigentes de la Diputación.
Además, en julio y agosto del año pasado también se despidió a una veintena de personas de Imelsa que realmente no trabajaban donde se suponía que debían estar o incluso no acudían a ningún puesto de trabajo.
Según recoge un informe interno de la institución provincial, fueron despedidas ocho personas a sueldo de Imelsa que trabajaban como asesores de los miembros del consejo de administración de la empresa pública, entre los que, según fuentes de la institución provincial, había asesores del PSOE, PP, EU y Compromís.