VALÈNCIA. Un juzgado de Valencia ha dado la razón a la empresa de transporte por carretera Llácer y Navarro en una demanda contra Volvo y Renault por el conocido como cártel de los camiones, un fraude de ámbito europeo en el que varios fabricantes acordaron inflar los precios de sus vehículos y que ya fueron multados en conjunto con casi 3.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea por pactos contrarios a la competencia.
La sentencia, recurrible ante la Audiencia de Valencia, estima parcialmente la demanda presentada por la empresa de transporte valenciana –que en mayo del año pasado entró en liquidación al no poder cumplir el convenio con sus acreedores– contra los dos fabricantes de camiones y les condena solidariamente a pagarle una compensación equivalente al 5% del precio de adquisición de 108 camiones incluidos en la demanda más los intereses, unos 360.000 euros en total.
La demanda, planteada por el despacho valenciano Varona, reclamaba los daños y perjuicios sufridos en forma de sobreprecio en la compra de esos vehículos, calculada en 1,2 millones de euros, el equivalente al 20% del precio, en base a un informe pericial aportado el demandante validado por el Consejo General de Economistas. Por ese motivo recurrirá la sentencia al considerar que la compensación no corresponde con el daño ocasionado.
Se trata de la primera sentencia dictada por un juzgado valenciano (Mercantil 3) tras una demanda planteada por una gran empresa de transporte. Hasta ahora solo había un precedente por una demanda presentada por un transportista autónomo en el que el mismo juzgado fijó la misma indemnización equivalente al 5% del coste del vehículo.
Según fuentes del despacho valenciano Varona es muy probable que finalmente sea el Tribunal Supremo el que dictamine sobre el asunto, ya que varios jueces de lo mercantil que se han pronunciado hasta ahora en diferentes provincias españolas han aplicado criterios dispares.
La complejidad, a su juicio, se centra en la cuantificación del daño porque el cártel actuó durante catorce años en toda Europa y se han tenido que aportar las facturas no solo de ese periodo, sino de los cinco años precedentes y posteriores.
Además de esta demanda contra Volvo y Renault, Varona ha presentado más demandas en diferentes juzgados contra varios fabricantes por 800 camiones más adquiridos por Llácer y Navarro.
La Comisión Europea sancionó en julio de 2016 con 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones europeos MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por pactar precios y repercutir en los compradores el coste de cumplir con la normativa de emisiones contaminantes. Todos a excepción de Scania reconocieron su implicación en el caso. Por su parte, la empresa MAN fue perdonada por confesar el amaño.
22.000 camiones afectados solo en la Comunitat
Solo en la Comunitat se estima que el número de afectados alcanza los 22.000 camiones y el volumen conjunto de indemnización por daños y perjuicios reclamada alcanza los 300 millones de euros, unos 15.000 euros por afectado.
Varona ha iniciado más de 90 procedimientos contra estos fabricantes de camiones para exigir compensaciones por los daños sufridos en la compra de más de 1.500 camiones durante los 14 años en que los sancionados llevaron a cabo pactos contrarios a la competencia.
Los procedimientos se encuentran en juzgados de València, Madrid, Zaragoza, Huesca, Alicante, Castellón y Málaga. Dado el carácter global del asunto, las demandas se han debido traducir al inglés, francés, sueco, alemán y holandés dependiendo del país donde radica la sede de las matrices europeas. En total han sido más de 22.000 folios traducidos.
El cártel de camiones europeo puede enfrentarse a indemnizaciones de más de 500 millones de euros en España tras registrarse más de 6.000 demandas, canalizadas por un centenar de despachos de abogados.
