El Congreso aprueba en comisión la Ley de Paridad, con apoyo de los partidos menos PP y Vox

VALÈNCIA (EP). La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado el dictamen a la Ley de Paridad, con el apoyo de todos los grupos menos el PP y Vox. En concreto, ha obtenido 20 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.

El dictamen contempla varias enmiendas transaccionales, entre ellas, una pactada entre PSOE y Podemos por la que, según han confirmado fuentes del Ministerio de Igualdad a Europa Press, las mujeres podrán representar el porcentaje del 100% de representación, por ejemplo, en empresas cotizadas o en las listas electorales, justificándose. Esta enmienda en concreto ha sido aprobada de nuevo con los votos a favor de todos los grupos, menos los del PP y Vox.

Asimismo, fuentes de Podemos han indicado que este cambio afectará a espacios tales como las listas electorales, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, y los órganos de administración de empresas cotizadas.

El proyecto de Ley recoge que, con esta norma, se obliga a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. Así, para cumplir la presencia equilibrada, la ley opta por la regla 60/40.

Sin embargo, el acuerdo entre socialistas y morados introduce una nueva disposición adicional que establece que "podrá no aplicarse el criterio de representación paritaria y presencia equilibrada entre mujeres y hombres, en consonancia con el principio de acción positiva, cuando exista una representación de mujeres superior al 60% que, en todo caso, deberá justificarse".

"Se entiende por representación paritaria y presencia equilibrada entre mujeres y hombres aquella situación en la que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento en un ámbito determinado", establece la enmienda.

Además, el dictamen contempla una enmienda transaccional de Sumar que dice que las previsiones relativas a sindicatos, asociaciones empresariales, fundaciones, organizaciones del Tercer Sector de acción social y entidades de la economía social serán de aplicación a partir del 30 de junio de 2028.

Entre las enmiendas que incorpora el texto tras la Comisión, está la del Bloque Nacionalista Galego (BNG) para aplicar factores correctores que beneficien a investigadoras que puedan sufrir penalizaciones por parones en su actividad profesional por cuestiones personales, como los períodos de embarazo, o el cuidado de hijos.

Además, PSOE y Sumar añadieron una enmienda para quitar al Senado su veto irrevocable al techo de gasto, que se incorporó a la Ley de Paridad en la fase de ponencia, que se celebra a puerta cerrada.

En el debate de la Comisión, la socialista Andrea Fernández ha destacado que, a través del texto, se introducen "mejoras", como asegurar una mayor presencia de mujeres en las listas electorales a través de las listas cremallera y la ampliación de la presencia equilibrada a ámbitos como los gobiernos, el ámbito empresarial o el Poder Judicial. "También avanzamos en materia de colegios profesionales y otros órganos asociativos o colegiados. En definitiva, hablamos de una ley justa, ponderada y que sin duda ahonda en la calidad de nuestra democracia", ha asegurado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, Jaime Miguel De los Santos, ha recordado en su intervención que no es una ley socialista, sino la transposición de una directiva de obligado cumplimiento que impulsó el Partido Popular Europeo. Además, ha pedido a los socialistas que saque la enmienda 96 de la Ley de Paridad. "Esta ley no cuenta con el voto del Partido Popular por su, repito, indecente instrumentalización de el feminismo", ha dicho.

El PP advierte sobre la transaccional de Podemos 

En este sentido, el 'popular', ha alertado a los socialistas de que en el artículo 5, de obligado cumplimiento, queda especificado un mínimo del 33% de sexo infrarrepresentado. "Les digo esto porque, cuidado lo que transaccionan con, en este caso un grupo mixto a través de la representante de Podemos, no vaya a ser que inhabilite su ley como transposición de obligado cumplimiento", ha advertido.

Por su parte, la diputada de Podemos, Ione Belarra, ha recalcado que la ley está "muy lejos" de cumplir con las "aspiraciones", los "objetivos" y las "necesidades reales" que plantea el movimiento feminista, así como el conjunto de las mujeres. Asimismo, ha dicho que el "principal error" que contenía el planteamiento de la ley era "la cuota de hombres que quería imponer el Partido Socialista y que iba precisamente en la dirección contraria del objetivo que planteaba la ley".

Por otro lado, María de los Reyes Romero, de Vox, ha denunciado que se trata de "una ley ideológica e intrusista desligada de la realidad sociológica de España". Además, ha dicho que está destinada a dar una "nueva vuelta de tuerca" a la prosperidad "inmiscuyéndose en los ámbitos privados".

Asimismo, Isabel Pozueta, de EH Bildu, ha recalcado que, desde su formación, no quieren que esta ley se quede en implantar cuotas en los consejos de administración, partidos, órganos constitucionales, sino que acabe "con las diferencias radicales". "En aplicar un planteamiento feminista transformador a todas las políticas que posibilite acabar con la desigualdad", ha asegurado.

Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, ha celebrado que, con esta ley, se ha acabado la "falta de conciliación laboral" de los deportistas profesionales, que ha dicho que demandaban "una respuesta para las necesidades de conciliación de la maternidad o las especiales condiciones de preparación física que deben tener durante el embarazo, después del parto o hasta la fase final de la adopción".

Por su parte, Pilar Vallugera, del Grupo Parlamentario Republicano, ha indicado que esperaban un texto "mucho más potente" y "mucho más coactivo".

Finalmente, Esther Gil de Reboleño, de Sumar, ha expuesto que el feminismo tiene que ser "para todos, todas y todes". A su juicio, la ley "es necesaria", pero lo que hace falta es una "limpieza en profundidad" de las instituciones y de los sistemas de acceso a "profesiones masculinizadas", a las administraciones públicas, a la igualdad de oportunidades, de permisos de crianza, de corresponsabilidad en los cuidados.