Foto: CONGRESOVALÈNCIA (EP). El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas entre 2024 y 2026, de modo que se elevarán al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y ya los tumbó en una primera tramitación el pasado 7 de febrero.
La votación ha quedado en 176 votos a favor, de PSOE, Sumar, PNV, ERC, EH Bildu, Junts, Coalición Canaria, BNG y Podemos; y 171 en contra, de PP, Vox y UPN. Con el mismo resultado se ha aprobado el plan de reequilibrio que acompaña a los objetivos, una hoja de ruta presupuestaria para el próximo trienio.
Los objetivos fijan un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones Públicas, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y para 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario.
Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, un 0,1% en 2025 y al 0% en 2026. El techo de gasto, por su parte, se eleva a 199.120 millones de euros en 2024, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
En lo que respecta al objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé un 106,3% del PIB en 2024, del 105,4% en 2025 y del 104,4% e 2026. Por último, la regla de gasto se sitúa en un 2,6% para este año, un 2,7% en 2025 y un 2,8% en 2026.
Tras superar su trámite en el Congreso, la historia se repite y será el Senado quien tenga la última palabra sobre estos objetivos, que son un primer paso que abre el camino a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.
Pero si se consuma un segundo veto a la senda de déficit, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado que los objetivos fijados serán los remitidos a la Comisión Europea en abril dentro del Programa de Estabilidad, lo que se traduciría en una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.
En los planes del Gobierno no está ese segundo veto a los objetivos, pues nunca ha sucedido, pero sí ocurre Hacienda tiene un 'plan B', que es un informe de la Abogacía del Estado sustentado en el artículo 135 de la Constitución que permitiría la tramitación presupuestaria con la senda remitida a Bruselas.
