Foto: EUROPA PRESS/E. Parra. POOLVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso examina este jueves el decreto ley que permite a las comunidades autónomas ampliar a más sectores las ayudas directas para compensar pérdidas provocadas por la crisis de la pandemia de covid-19, así como el decreto ley que transpone hasta siete directivas comunitarias.
Y es que este decreto transpone normativa europea en materias de competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, y desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales, pero también prorroga el IVA al 0% para importar material sanitario y amplía a 40 años la duración de las licencias de bandas de frecuencia.
En vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en el Consejo de Ministros, cada decreto ley debe someterse a debate y votación en el Congreso en el plazo de un mes para ser convalidado o, en caso de no contar con apoyos suficientes, derogado.
El primero de los decretos, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril, permite a las comunidades autónomas incluir nuevos sectores especialmente afectados por la crisis en sus territorios en la línea de ayudas directas, así como a empresas "viables" que hayan registrado pérdidas en 2019 debido a "circunstancias excepcionales".
Esta línea, dotada con 7.000 millones de euros, canaliza ayudas directas a través de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia, cuyos ingresos hayan caído al menos un 30% con respecto a 2019 y están condicionadas al mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022.
Por otra parte, el otro decreto ley, aprobado el 27 de abril, prorroga durante todo el año el IVA a tipo cero para entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de material de protección sanitaria, como mascarillas o gel desinfectante y modifica los plazos mínimos de duración de las licencias de bandas de frecuencia, hasta un máximo de 40 años, el doble del período mácximo actual.
De esta forma, las concesiones que se otorguen en las próximas licitaciones, incluidas las previstas para el desarrollo de las redes 5G, tendrán una duración mínima de 20 años (período máximo actual) con un máximo de 40 años.
Respecto a las directivas europeas, se completa la regulación sobre desplazamiento de personas trabajadoras, garantizando entre otras cuestiones la aplicación del principio de igualdad de remuneración trato entre aquellos desplazados cedidos por empresas de trabajo temporal (ETT) y los de la empresa del Estado de acogida.
Prevé además la posibilidad de que los inspectores de Trabajo y Seguridad Social sean acompañados en sus visitas por expertos de otros países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de la Autoridad Laboral Europea.
También se incorpora a la normativa nacional dos normas europeas que regulan el IVA en el comercio electrónico para que tribute en el país de destino, que iban a ser tramitadas como proyecto de ley, pero finalmente están en vigor ya, pues las nuevas reglas de comercio electrónico comenzarán a aplicarse a partir del próximo 1 de julio.
Esta trasposición contempla la extensión de una ventanilla única para una sola declaración-liquidación del impuesto, por lo que el empresario o profesional podrá ingresar el IVA devengado por todas sus operaciones efectuadas en la Unión Europea por cada trimestre o mes natural a las que se aplica el régimen especial.
Igualmente se traspone la normativa conocida por sus siglas en inglés como AMLD5, con nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La directiva sirve para incluir como sujetos obligados por la normativa a los proveedores de servicios de monedas virtuales y de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves.
Finalmente, se adapta a nuestros país la quinta directiva de requisitos de capital CRD-V y la segunda directiva de reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión BRDD-II, correspondientes al conocido como 'paquete bancario'.
La primera busca asegurar la solvencia de las entidades financieras y establecer incentivos para no asumir riesgos excesivos, mientras que la segunda facilita la absorción interna de pérdidas para evitar el rescate de un banco con recursos públicos cuando la insolvencia es inevitable.
