Foto: E.PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso del próximo jueves, 26 de septiembre, debatirá y votará los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones para los próximos tres años, sin que el Gobierno tenga asegurados los apoyos suficientes para superar su tramitación parlamentaria.
Así, la senda volverá a la Cámara Baja dos meses después de que fuese rechazada con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts. Ahora, la Cámara Baja se volverá a pronunciar sobre la misma senda de déficit y objetivos presupuestarios, que sirven de preliminar para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ya avanzó que su formación votará en contra de la senda porque es la misma de julio; mientras que los de Carles Puigdemont se mantienen en su voto de julio y llegan a esta votación después de haber sumado sus votos a los del PP y Vox para tumbar una proposición de ley de Sumar y otros socios de izquierda para regular los alquileres de temporada.
Será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 dos veces, pero esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.
En esas dos ocasiones, el Congreso no supuso un escollo y los objetivos superaron el trámite de la Cámara Baja. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbó la senda ambas veces. Eso obligó al Ministerio de Hacienda a recurrir a un informe de la Abogacía del Estado para sortear el veto de la Cámara Alta y elaborar los Presupuestos con los objetivos que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea en abril de 2023 dentro del Programa de Estabilidad.
De hecho, esos objetivos remitidos a Bruselas son el 'plan B' del Gobierno para seguir la tramitación presupuestaria si las Cortes no respaldan la próxima semana los objetivos de estabilidad, que establece un déficit público del 2,5% en 2025, del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027 y recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%.
Eso sí, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió que ese 'plan B' recortará en 11.500 millones de euros la capacidad de gasto de las autonomías y los ayuntamientos. Es por esto que la 'número dos' del PSOE dijo que quien no apoye esos objetivos se pegará "un tiro en el pie" allá donde gobierne porque contará con menos recursos.
La propuesta fiscal del Ejecutivo estipula que la Administración Central asuma la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. Por su parte, el objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (0%).
También se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.
Por su parte, el límite de gasto financiero o 'techo de gasto', que no es sometido a votación, se ha fijado en un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Dentro del techo de gasto se incluye también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,25 en los tres próximos ejercicios.
