La nueva Agencia para la Digitalización absorberá cuatro direcciones generales y una empresa pública

VALÈNCIA.  El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el pasado viernes la designación de Carolina Pascual como Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Digitalización y la Ciberseguridad de la Comunitat Valenciana. Un cargo sin remuneración que, sin embargo, será la semilla para un proyecto más ambicioso de reforma de la Administración que llegará de la mano de la Ley de Acompañamiento de 2023.

La intención, según distintas fuentes del Gobierno valenciano, es crear una agencia que absorba cuatro direcciones generales situadas en tres consellerias distintas y sus funciones: la DG de Eficiencia en las Tecnologías Sanitarias (Sanidad), la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Hacienda), la DG de Brecha Digital y la DG de Sociedad Digital (ambas en Innovación). Además, también se prevé integrar -aunque mantendrá su identidad- la sociedad mercantil Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (Istec) y el servicio tecnológico de la Agencia Tributaria Valenciana.

La creación de un nuevo ente, defienden las citadas fuentes, no generará ningún incremento del gasto -al margen de la nueva jefatura de la agencia-, dado que se amortizará el presupuesto destinado a las mencionadas cuatro direcciones generales. Por lo que respecta a su ubicación, todo apunta a que la nueva agencia tendrá dos sedes: una en Valencia (donde actualmente se encuentran las direcciones generales implicadas correspondientes a Hacienda y Sanidad) y otra en Alicante (donde se localizan las dos direcciones generales pertenecientes a Innovación).

En cuanto a los motivos para este cambio en la gestión, fuentes conocedoras del proyecto explican que la rápida evolución de la tecnología choca con los "pesados" procesos de contratación de la Administración "a menudo superiores a un año". "Entre que se redacta un pliego y se publica, ocurre muchas veces la paradoja de que la tecnología ya se ha quedado obsoleta", subrayan, para argumentar que con la creación de un ente de derecho público la capacidad de contratación será "más ágil".

La intención es que el proyecto vea la luz antes de finalizar la legislatura, y aunque empieza a tomar forma ahora al final del segundo mandato del Botànic, lo cierto es que viene de lejos. Los primeros pasos de este plan ya se dieron en 2016 con un estudio sobre gobernanza TIC que la Conselleria de Hacienda solicitó al Instituto Tecnológico de Informática (ITI). En él se concluyó que, al igual que otras autonomías como Cataluña, Madrid o Andalucía, la gestión tecnológica en la Comunitat Valenciana debía agilizarse mediante la creación de una agencia de "carácter transversal".

A diferencia de otras autonomías como Andalucía, donde primero se creó la agencia y después se impulsó el marco jurídico, el departamento gestionado en su día por Vicent Soler comenzó a preparar las estructuras en 2019. Pero hizo especial hincapié en este proyecto después de la pandemia, cuando las tecnologías jugaron un papel principal para que la maquinaria de la Administración pudiera seguir funcionando. 

De hecho, en aquel momento huelga recordar que el Consell reforzó la DGTIC aumentando su presupuesto -actualmente supera los 200 millones de euros- y dotando a la citada dirección general con más de 100 técnicos para prestar casi 30 servicios. Incluso, se convirtió en el departamento que más subdirecciones generales tenía dentro del Consell del Botànic con un total de ocho. Todo ello enmarcado dentro del plan estratégico Gen Digital 2025. 

No obstante, desde el citado departamento no llegaron a tiempo en 2019 para incluirla en la Ley de Acompañamiento de 2020, y en el siguiente ejercicio tampoco se integró debido al freno que supuso la crisis sanitaria de la covid-19. Ahora, con la incorporación de Pascual como Comisionada de Presidencia se pretende dar, aseguran fuentes del Ejecutivo,  el "último impulso para fusionar" las diferentes áreas y encarar la creación de la agencia. Algo que el Gobierno pretende culminar con la última Ley de Acompañamiento de la legislatura, la de 2023. 

Una entidad que, según dirigentes cercanos al proyecto, estará "preparada" para "la prestación de todos los servicios tecnológicos en el ámbito sanitario y también en el sector público instrumental" y que, además, puede contribuir "en el plazo de uno o dos años a la reducción de altos cargos", puesto que la idea es que sea un órgano con mayor carácter técnico que político.

Por otro lado, distintas fuentes el Consell consultadas por este diario señalaron que, a diferencia de otras agencias similares como la creada en Cataluña años atrás, no se cambiará el régimen de los empleados públicos, que continuarán siendo funcionarios de la Administración autonómica.