La consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. Foto: VP/EFEVALÈNCIA. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este lunes el Real Decreto-ley que pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un ingreso mínimo garantizado por hogar con el objetivo de dar respuesta "al problema estructural de pobreza que existe en España" y cuya puesta en marcha "se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la covid-19". Una ayuda que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, pidió semanas atrás que fuera tramitada por las comunidades autónomas y el Gobierno central se limitara a transferir los fondos, como ocurre con la dependencia.
El escenario fue descartado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para todas las autonomías, excepto para la vasca y navarra tras pactarlo en estos términos con el PNV, por lo que el Consell solicitó "cogestionar" esta ayuda para evitar una descoordinación entre administraciones, dado que en la Comunitat Valenciana ya se encuentra operativa la Renta Valenciana de Inclusión desde la legislatura pasada y el Botànic II no quería que entrara en "colisión" con la nueva ayuda estatal. La intención, según explicaron fuentes del departamento que dirige Mónica Oltra, era no generar duplicidades por los mismos conceptos. Por ello, plantearon la suscripción de un convenio con las CCAA para, en el caso de la Comunitat, gestionar de manera paralela ambas prestaciones y que éstas pudieran adaptarse a las circunstancias de cada solicitante.
Sin embargo, según consta en el Real Decreto-ley, el Gobierno no prevé estudiar antes de 2021 convenios con las comunidades autónomas para gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Una circunstancia que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reprobaban este lunes porque, a su juicio, puede generar "duplicidad de pagos por el mismo concepto" a un mismo beneficiario.
El departamento de Oltra explica que al no tener acceso al listado de personas que serán receptoras de esta ayuda estatal -ya que lo gestionará el Ministerio-, puede darse la situación de que la propia Generalitat Valenciana ingrese a esa misma persona la Renta Valenciana de Inclusión atendiendo a los mismos conceptos que el IVM. Es decir, que en lugar de que la RVI sea complementaria al IVM para una "gestión más eficiente" -y así que alcance a más usuarios-, se produzca un doble pago de dos administraciones por el mismo criterio.
No en vano, la intención del departamento Igualdad era tener un listado de las personas beneficiarias por el IVM y utilizar la RVI para complementar la subvención estatal con la pretensión de llegar a más adjudicatarios. Esto es porque una parte de lo que paga ahora la Generalitat lo asumiría el Gobierno a través de Ingreso Mínimo Vital y esto permitiría al Consell un ahorro de fondos y mejor distribución.
Con todo, desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social manifestaron este lunes a Valencia Plaza que no tiene por qué darse esta situación de duplicidad de pagos porque el propio Decreto-Ley contempla en una disposición transitoria que las CCAA podrán enviar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) "en bloque los beneficiarios de sus rentas mínimas y así detectar cuanto antes posibles solapamientos". "Es una cuestión de voluntad política", añadieron.
El artículo 10 de la disposición transitoria primera recoge que el INSS, encargado de los pagos, podrá reconocer hasta el 31 de diciembre de 2020 esta prestación del IVM "a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las comunidades autónomas, cuando estas comuniquen que consideran que podrían acreditar los requisitos para acceder a la prestación". Para ello, la Generalitat Valenciana deberá comunicar al INSS de forma telemática "los datos necesarios para la identificación de las potenciales personas beneficiarias y la verificación de los requisitos de acceso a la prestación". De la misma manera, esta entidad le trasladaría al Gobierno valenciano los "expedientes resueltos".
El plazo fijado en el Decreto respondería a que a partir de 2021 se contempla la posibilidad de establecer convenios con las comunidades autónomas.
La normativa publicada este mismo lunes en el BOE no fue bien recibida en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que horas después de su publicación advirtió en un comunicado que tal y como está redactada impediría "a corto o medio plazo" que se pudieran "complementar ambas prestaciones" porque el Real Decreto Ley "no prevé mecanismos de comunicación entre ambas instituciones y esto dificultará el traspaso de datos". "Además de la cuestión económica, la Conselleria considera imprescindible vincular estas prestaciones a itinerarios de inclusión sociolaboral como se hace con la RVI, ya que el fin último es que una persona salga de la exclusión, ya sea de tipo económico, social, cultural, etcétera", añadían.
Ahora bien, si el redactado final no agradó, menos lo hizo que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, volviera a cuestionar la "eficacia" de las comunidades autónomas excepto de Navarra y País Vasco en la gestión de las rentas mínimas. Sin hacer alusiones al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la Conselleria de Igualdad emitió una serie de datos a media mañana para avalar la gestión de la Generalitat en este tipo de prestaciones.
Así, el departamento de Oltra subrayó que en 2015 se consignaron 20,5 millones, aun con el presupuesto del PP, con la Renta Garantizada de Ciudadanía, y desde entonces se ha pasado a los 229 con la Renta Valenciana de Inclusión en 2020. Lo que supone un incremento "de un 1.000%". En total, la legislatura pasada las ayudas para este tipo de prestaciones sumaron 556,6 millones, según informó la Conselleria.
