VALÈNCIA (VP/EP). Compromís navega en la contradicción interna a la hora de posicionarse sobre la reordenación de los juzgados de violencia de género en la Comunitat Valenciana, un asunto que ya ha provocado el rechazo de gran parte de la abogacía –pero también de algunos jueces, fiscales y alcaldes– por la manera en la que se ha ejecutado.
La polémica proviene del Real Decreto publicado el pasado 15 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En él se establece que, en la provincia de Valencia, las competencias de los partidos judiciales en Quart de Poblet, Carlet, Xátiva, Moncada, Catarroja y Picassent pasarán a Valencia, Alzira, Alzira, Paterna, Sueca y Torrent respectivamente. En la de Alicante, las de San Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa y Novelda pasarán a Alicante, Benidorm y Elche respectivamente.
La reordenación parte de un proyecto impulsado por la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo por el que este año se ponen en marcha cinco nuevos juzgados exclusivos de violencia de género en la Comunitat (Alzira, Sueca, Alicante, Elche y València). Lo cual conlleva que se reordenen las competencias y que las de esta materia que tenían juzgados mixtos –y que se dedicaban también, a modo de ejemplo, a penal o civil entre otros asuntos– pasen a los exclusivos de violencia.
Ese proyecto se trasladó al Ministerio, que atendió la mayoría de peticiones de la Conselleria a excepción de una: Xàtiva es el único que no estaba en su previsión de retirada de competencias y habían solicitado que se creara un juzgado exclusivo de violencia de género en 2023 en esta localidad.
El problema del proyecto viene por la forma de realizar la citada reordenación, en opinión de muchos abogados. Especialmente de aquellos que pertenecen al turno de oficio y que son los que se dedican a asistir a las víctimas de este tipo de violencia. Así, consideran que a quien más les afecta es a ellas. "Si una víctima de Xàtiva, de Carlet o de la Font de la Figuera quiere denunciar un caso de maltrato, ahora tiene que irse a Alzira. Una de Catarroja ya no puede ir a Torrent, sino que ha de ir a Sueca. No consiste en pagar desplazamientos a las víctimas, sino en que éstas se sientan protegidas con un juzgado cerca de casa y no a 70 kilómetros, que es la distancia entre la Font de la Figuera y Alzira", explica un abogado a este periódico.
A ello se añade el cambio para los abogados del turno de oficio, ya que las víctimas gozan de la posibilidad de la justicia gratuita. Un abogado de Xàtiva, por ejemplo, no puede asistir a un cliente de esta localidad porque sólo puede ejercer en la demarcación de la que depende. Por tanto, será el juzgado de Alzira el que designe al letrado. "El abogado lo que quiere es estar lo más cerca posible de la víctima para asistirla bien, pero el decreto no atiende las competencias en las demarcaciones y no se facilita esa asistencia", apunta otro letrado.
Además de las críticas del mundo judicial y de diversos alcaldes de las localidad afectadas por los cambios, éstas también han llegado de varios partidos políticos. Uno es el PP. Y el otro, al menos hasta este jueves, era Compromís. Cuya posición, desde luego, parece no ser unánime tras las declaraciones realizadas hoy viernes por la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas.
Ésta ha pedido "tranquilidad" con la reordenación de los juzgados y ha hecho hincapié en una medida ya anunciada por Gabriela Bravo (PSPV): que la Generalitat ofrecerá taxis para trasladar a las víctimas a los juzgados a los que necesite acudir. En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Mas ha manifestado que las mujeres víctimas "pueden estar tranquilas" porque "tendrán una atención lo menos traumática posible y lo más eficiente posible" en la autonomía. Así, ha indicado que se aumentarán las plantillas en los juzgados especializados, en los que se ofrecerá atenciones integrales para que las mujeres no tengan que repetir los sucesos padecidos durante diversos días en función de con quién hablan.
"Queremos que prevalezca una atención rápida y facilitar que las mujeres puedan denunciar y ser atendidas lo más pronto posible; que puedan abandonar la proximidad de su agresor y salir de esa situación", ha manifestado. Preguntada por si considera que la medida aprobada por el Gobierno central es un paso atrás, ha respondido que entiende que "no debería de serlo". "Si implementamos medidas es para favorecer que las mujeres denuncien, que estén mejor atendidas, que no revivan el caso mil veces. Entiendo que debe ser una medida a mejor. Estamos abiertos a ayudar en la medida de lo posible para que el servicio sea integral, que es lo que se pretende", ha apostillado.
Un pronunciamiento similar al de la propia Gabriela Bravo, que evita el ataque hacia la consellera de Justicia pero que, a su vez, contrasta con el de compañeros de su partido como la diputada Mónica Àlvaro y el senador Carles Mulet. Ambos anunciaban hace pocos días que habían presentado en Les Corts y en el Senado una serie de iniciativas para exigir al Gobierno central la modificación del decreto.
La parlamentaria remarcó que no sólo afecta a las personas que viven en estas localidades, sino también a los municipios de alrededor que dependen de estos juzgados. "Es una reorganización que busca combatir la sobrecarga de los juzgados pero que tiene como consecuencia alejar a las víctimas del recurso judicial. Todo esto dificulta unas situaciones que ya son muy complicadas para las víctimas: las mujeres y sus hijos e hijas", dijo. Esto, añadió, en medio de la señalada fecha del 25N, día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, lo cual era "una barbaridad" en su opinión. "Es justamente cuando más denuncias tenemos, cuando la memoria fiscal de 2021 aporta cifras escandalosas, por lo que hace falta una rectificación", afirmó.