Jueces, fiscales, abogados y alcaldes, en contra de la reordenación de juzgados de violencia de género 

VALÈNCIA. La reordenación de los juzgados de violencia de género en la Comunitat Valenciana aprobada por el Ministerio de Justicia ha provocado ya el rechazo de gran parte de la abogacía por la manera en la que se ha ejecutado. Pero también de algunos jueces, fiscales y alcaldes en lo que a sus competencias se refiere. Incluso de determinados partidos como PP y Compromís. 

El descontento se produce a raíz del Real Decreto publicado el pasado 15 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En él se establece que, en la provincia de Valencia, las competencias de los partidos judiciales en Quart de Poblet, Carlet, Xátiva, Moncada, Catarroja y Picassent pasarán a Valencia, Alzira, Alzira, Paterna, Sueca y Torrent respectivamente. En la de Alicante, las de San Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa y Novelda pasarán a Alicante, Benidorm y Elche respectivamente. 

La reordenación parte de un proyecto impulsado por la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo por el que este año se ponen en marcha cinco nuevos juzgados exclusivos de violencia de género en la Comunitat (Alzira, Sueca, Alicante, Elche y València). Lo cual conlleva que se reordenen las competencias y que las de esta materia que tenían juzgados mixtos –y que se dedicaban también, a modo de ejemplo, a penal o civil entre otros asuntos– pasen a los exclusivos de violencia.

Ese proyecto se trasladó al Ministerio, que atendió la mayoría de peticiones de la Conselleria a excepción de una: Xàtiva es el único que no estaba en su previsión de retirada de competencias y habían solicitado que se creara un juzgado exclusivo de violencia de género en 2023 en esta localidad.

El problema del proyecto viene por la forma de realizar la citada reordenación, en opinión de muchos abogados. Especialmente de aquellos que pertenecen al turno de oficio y que son los que se dedican a asistir a las víctimas de este tipo de violencia. Así, consideran que a quien más les afecta es a ellas. "Si una víctima de Xàtiva, de Carlet o de la Font de la Figuera quiere denunciar un caso de maltrato, ahora tiene que irse a Alzira. Una de Catarroja ya no puede ir a Torrent, sino que ha de ir a Sueca. No consiste en pagar desplazamientos a las víctimas, sino en que éstas se sientan protegidas con un juzgado cerca de casa y no a 70 kilómetros, que es la distancia entre la Font de la Figuera y Alzira", explica un abogado a este periódico.

A ello se añade el cambio para los abogados del turno de oficio, ya que las víctimas gozan de la posibilidad de la justicia gratuita. Un abogado de Xàtiva, por ejemplo, no puede asistir a un cliente de esta localidad porque sólo puede ejercer en la demarcación de la que depende. Por tanto, será el juzgado de Alzira el que designe al letrado. "El abogado lo que quiere es estar lo más cerca posible de la víctima para asistirla bien, pero el decreto no atiende las competencias en las demarcaciones y no se facilita esa asistencia", apunta otro letrado. 

Movilizaciones de abogados

Debido a todos estos motivos, los letrados de Xàtiva han convocado una manifestación en la tarde de este viernes en la delegación del Colegio. Mientras, desde el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) secundarán la convocatoria –a la que asistirá su decana, Auxiliadora Borja– y han anunciado que a continuación se unirán a la manifestación que recorrerá la ciudad por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N). También tienen intención de recurrir el Real Decreto ante el Tribunal Supremo. 

El colectivo profesional manifiesta que la reordenación de competencias puede tener "consecuencias nefastas" para las víctimas y ha pedido una "reversión absoluta" del Real Decreto. "Esto es un problema muy grave que afectará a las víctimas, a los letrados de oficio que les deban atender, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a todo el sistema judicial que debe velar, antes que nada, por que las víctimas que sufren este tipo de violencia estén en las mejores condiciones", indica Auxiliadora Borja.

"No es que no queramos que existan los juzgados de violencia de género que se han determinado en el Real Decreto, lo que queremos es que los juzgados que ya tenían competencias en esta materia no las pierdan, porque las primeras afectadas van a ser las víctimas. Hay casos como el de Xàtiva en los que la distancia es de más de 160 kilómetros de ida y vuelta, o el de Catarroja con más de 60", denuncian desde el ICAV.

La misma sensación se extiende entre los jueces y fiscales consultados por este periódico, quienes tampoco se posicionan contra la comarcalización, pero sí con que no se haya realizado "de manera razonable". "Es una tomadura de pelo y no han tenido nada en cuenta la facilidad de desplazamiento de la víctima", señalan. 

La consellera de Justicia trata de argumentar la decisión. "El proyecto de reorganización de los juzgados nace para mejorar la atención a las víctimas con el objetivo de concentrar recursos especializados en torno a juzgados exclusivos de violencia de género. No hay pérdida de competencias porque nadie pierde", señaló Gabriela Bravo el pasado miércoles. La dirigente ha solicitado comparecer en Les Corts a petición propia para dar cuenta del plan.

Desde su departamento explican que todo parte de un proyecto piloto de 2018 que supuso un éxito y que se amplió, de manera que plantearon al Ministerio la creación de nuevos juzgados exclusivos de violencia contra la mujer que, además, descongestionaban juzgados civiles y penales. La dificultad para crear uno en un partido judicial que ya tenía competencias en esta materia, aseguran, es que se ha de justificar en carga de trabajo y supone que no sea aceptado en ocasiones por el Ministerio. Aun así, remarcan que a finales de año habrá 21 juzgados exclusivos en la Comunitat.  

"El proyecto de agrupación se ha estudiado con toda la exquisitez, con radios de distancia que oscilan entre los 15 y los 40 o 45 kilómetros entre los órganos judiciales y el domicilio de las víctimas para así garantizar un servicio gratuito de traslado. No van a tener que preocuparse por tenerse que trasladar a otra demarcación territorial porque van a tener, a través de nuestras oficinas de atención que coordinarán este servicio, una prestación gratuita para ello", detalló Bravo. Concretamente, mediante un servicio de taxis.

Alcaldes, PP y Compromís

Algunos alcaldes, sin embargo han salido también a criticar la situación. El de Xátiva, el socialista Roger Cerdà, reclama que se mantengan las competencias de violencia de género en los juzgados de la localidad. En este sentido, presentó a la junta de portavoces de los grupos municipales una moción y ha establecido una ronda de contactos para una reclamación conjunta.

En Alicante, los aspirantes del PP en Novelda y San Vicente, David Beltrá y Pachi Pascual respectivamente, han sido muy críticos con la medida. En cambio, el colegio de Abogados de Elche la ha aplaudido. Beltrá exigió este jueves que el Ministerio de Justicia dé marcha atrás en su decisión de reagrupar el juzgado de violencia de género de Novelda con el de Elche. Beltrá calificó de "bochornosa y lamentable" una medida "que ataca a la dignidad y a los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género".

El candidato a la Alcaldía de Novelda lamenta que éste sea "el regalo envenenado que hace el Gobierno socialista de Sánchez a todas las mujeres que sufren malos tratos en la víspera del 25-N, el día contra la violencia de género: obligarlas a desplazarse a otra localidad y ponerles más trabas de las que ya tienen a la hora de denunciar a sus agresores".

El senador del PP Fernando de Rosa ha registrado una batería de preguntas y peticiones: el acceso al informe de la Conselleria referido a la reordenación de juzgados y la justificación de la pérdida de competencias en cada uno de los partidos judiciales que las sufren.

Por su parte, desde Compromís también han criticado la reordenación. La diputada autonómica Mònica Àlvaro y el senador Carles Mulet han presentado en Les Corts y en el Senado una serie de iniciativas para exigir al Gobierno central la modificación del decreto. La parlamentaria remarca que no sólo afecta a las personas que viven en estas localidades, sino también a los municipios de alrededor que dependen de estos juzgados. "Es una reorganización que busca combatir la sobrecarga de los juzgados pero que tiene como consecuencia alejar a las víctimas del recurso judicial. Todo esto dificulta unas situaciones que ya son muy complicadas para las víctimas: las mujeres y sus hijos e hijas. Esto a puertas del 25N, día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, es una barbaridad. Es justamente cuando más denuncias tenemos, cuando la memoria fiscal de 2021 aporta cifras escandalosas, por lo que hace falta una rectificación", afirma.